Hacerlo, es lo necesario

Miguel Ángel Ordaz

Durante las últimas cinco décadas y a partir de la creación del IFE, la participación ha sido parte del discurso social en el país, mismo que no ha sido bien visto si hacerlo no parte del impulso gubernamental.

Durante este lapso se promueve la democratización del país, que hasta ese momento no pasaba de ser una simulación más. Los partidos políticos han migrado de organizaciones políticas a guardas y testaferros del poder, pasando por dirigencias que actúan como dueños, oferentes de franquicias, y en los últimos tiempos en verdaderos entes burocráticos que aparecen cuando se avecinan tiempos de elección; así, a los ciudadanos, como al nopal, solo lo van a ver cuándo tiene tunas.

Son perfectos los tiempos electorales para estas visitas. El sistema político que nos cargamos y la forma tan torcida en que mutó el régimen de gobierno, permitieron que los principios democráticos de efectiva representación y actuación de los representantes se fueran despegando de la comunidad, al tiempo que la búsqueda del poder tuviera como principal motivo el poder mismo; por eso vemos el permanente reciclaje de candidatos -a pesar de su desastroso paso por otros cargos, uno como alcalde, y otro para diputado local que ya es por su tercera vez- que obedece su participación más a la consolidación de un grupo en el poder, que el uso de este en beneficio de todos nosotros los ciudadanos contribuyentes. Dejemos de solo ver, es tiempo de razonar y sobre todo de actuar, de hacer.

Mientras la representación deja mucho que desear y la democracia participativa es sujeta de manipulación, las alternativas participativas se reducen a que nosotros, los ciudadanos, la sociedad, lo hagan a través de los pocos instrumentos que van quedando en este proceso de transformación, desmantelamiento institucional, que estamos viviendo. Uno de esos instrumentos es el derecho a saber, a conocer lo que hace el gobierno, lo que deciden quienes forman y formaron parte de él. Si el “mayoriteo” tramposo y cínico de la legislatura que recién terminó en Coahuila, al servicio del ejecutivo,  no permitió entre otras cosas, que se diera cuenta precisa de los créditos contratados por el gobierno estatal durante estos tres años, no podemos esperar más para exigir nuestros derechos. Salgamos este domingo 18 de octubre a realizar un voto razonado, y preparémonos para exigir cuentas específicas al Poder Legislativo.

Cambiemos el verbo esperar por el de exigir; lo podemos hacer; empecemos este domingo con el firme propósito de no perder de vista la actuación de los servidores públicos, del uso de los recursos, de las decisiones de los órganos colegiados y del sentido del voto de quienes los integran, trátese del Congreso local, o del Cabildo. El objetivo principal de la transparencia y la rendición de cuentas es incidir en las políticas y participar en la elaboración de las políticas públicas a través del ejercicio del derecho a la información.

Ejercer este derecho implica dos obligaciones: conocerlo y aplicarlo, y conocer al sujeto de aplicación, al gobierno, a la parte del mismo que nos interese saber lo que hace.

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Participación Ciudadana 29 Laguna solicita al Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila resultados

El pasado 27 de enero realizamos una reunión con el Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila con la finalidad de dar seguimiento al funcionamiento de dicho órgano encargado de combatir los delitos por hechos de corrupción y las faltas administrativas en el desarrollo de la gestión de Gobierno.

Preparamos una agenda con preguntas relacionadas con las atribuciones del CPC emanadas del Marco Jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción.

A más de dos años de su creación, los resultados siguen siendo desalentadores para la ciudadanía.

En su Plan de Trabajo, siguen estando presentes propuestas y acciones en donde los ciudadanos no vemos resultados concretos. Dentro de lo que nos compartieron mencionan la creación de una plataforma en colaboración con el Consejo Cívico de las Instituciones de Saltillo para facilitar a los ciudadanos la denuncia de faltas y hechos de corrupción, en donde reconocen que para un gran sector, es difícil el uso de dichas herramientas pues la población que no cuenta con computadora e internet, difícilmente accederá a ese instrumento.

También comentan que están participando en reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción a nivel Federal, cuando a pregunta expresa cuestionamos que si ellos creen que a los ciudadanos nos conviene pagar a un Consejo (CPC) que sólo emite recomendaciones no vinculatorias al Comité Coordinador del SEA y donde el resultado es que no se obliga a nadie a cambiar, cumplir, dar cuentas o a ser sancionado, mencionaron que están solicitando esos cambios a la Ley  para que las recomendaciones sean vinculatorias. Habrá que esperar el resultado y que sea favorable para la ciudadanía.

Al preguntarles por la existencia de una Contraloría Social en el Estado, porque dentro de sus funciones está el facilitar su funcionamiento y que el Comité Coordinador reciba directamente información o denuncias de dicha Contraloría, respondieron que al parecer no existe.

No se han hecho exhortos al Comité Coordinador cuando un hecho de corrupción requiere aclaración pública como las denuncias de la Auditoria Superior del Estado porque durante las reuniones conjuntas de los 7 órganos que componen el SEA se aclaran asuntos relacionados, sin embargo cuando se les pide que den cuentas de la cantidad de carpetas judicializadas a partir de Junio del 2019 en que terminó el Reto de los 100 días (periodo en que se evaluó al SEA, cuyos resultados  eran raquíticos antes de iniciar el reto,  y con un ligero avance en esos 100 días), nos comentan que la Fiscalía no les proporciona esa información (a ellos que son los representantes de la ciudadanía) y nos solicitan que nosotros por escrito les solicitemos dicha información para justificar su petición ante la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción. Cabe mencionar que previamente se les preguntó que cuál ha sido el avance en la coordinación y comunicación que deben ser permanentes entre los 7 órganos que componen el SEA, porque en el Reto de los 100 días fue otro problema que se evidenció y reportan que hay un gran avance, sin embargo no pueden pedir información a la Fiscalía, entonces, ¿hay o no hay coordinación y comunicación permanente?

El tema de la Megadeuda y las empresas fantasmas fue también cuestionado, solicitándoles nos compartan su actuar a ese respecto, su respuesta es casi del talante de “lo que no fue en su año, no es en su daño” y están sólo comprometidos a que dichos hechos no se vuelvan a repetir, pues son asuntos que prácticamente han prescrito, sin embargo la Megadeuda y la afectación con Empresas Fantasmas para la ciudadanía no han prescrito, la deuda está vigente, se siguen pagando millonadas de intereses, cada año incrementa y seguimos sufriendo la falta de recursos para el desarrollo en todos los rubros en el Estado: Salud, Educación, Infraestructura, etc.

Quedaron pendientes de envío y entrega de información en una futura reunión programada para el 24 de Febrero: Número de carpetas judicializadas y sentencias de carpetas de investigación a partir de junio del 2019 y en qué modalidades de delitos; Seguimiento a la contratación de personal profesional de carrera al servicio de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y el Servicio Social de Calidad; la plataforma de Excel de avance en las carpetas de investigación que se comprometieron a entregar en junio de 2019 en reunión con PC29 y que a la fecha no ha sido entregada (diagrama de flujo de cada averiguación); videos que se comprometieron a compartir sobre denuncia ciudadana en lenguaje sencillo sobre temas de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y cohecho y que nunca hemos observado.

Para finalizar se les cuestionó el motivo por el cual, a pesar de que Manuel Gil Navarro, Secretario Técnico del SEA, renunció a finales de octubre 2019, no se ha lanzado la convocatoria para la elección del Nuevo Secretario Técnico y si el CPC ha buscado a la terna de personas para proponer al Comité Coordinador, cuya Presidenta es miembro del CPC.

Se les solicitó de manera enfática que se buscaran personas con el perfil adecuado para la función, pero que sobretodo demostraran un férreo compromiso con la ciudadanía y permanezcan en el puesto hasta concluir su nombramiento, pues las dos anteriores renuncias pareciera que toman el puesto sólo como plataforma de lanzamiento para futuros o mejores puestos, lo que en el argot popular se conoce como “chapulineo”. Se comprometieron a que a inicios de febrero saldrá la convocatoria.

Esperemos que los Consejeros permanezcan en sus puestos y trabajen con el compromiso que la ciudadanía necesitamos, pues escuchamos rumores de que uno de ellos espera y ambiciona ocupar dicho puesto de Secretario Técnico, esperemos que sólo sea un rumor infundado.

Pronunciamiento sobre recorte a inversión pública en Coahuila

El presupuesto de egresos 2020 del Gobierno del estado de Coahuila fue objeto de un recorte del 5.77% con respecto a lo que se está ejerciendo en 2019.

Uno de los rubros en los que se reflejó con más fuerza el recorte fue el de inversión pública, ya que, de un año para el otro, fue objeto de un ajuste del 48.88%, pasando de $3 mil 585 millones 336 mil 366 pesos, hasta los $1,865,696,644.

Aunque los recortes en participaciones federales afectaron a prácticamente todas las entidades del país, nos parece preocupante que, de los poco más de 49 mil millones de pesos programados para el año venidero, sólo $1,865 millones se vayan a destinar para proyectos de inversión pública porque esta determinación podría afectar el crecimiento y el desarrollo de la entidad.

Para ejemplificar cómo fue la distribución del gasto, en el ramo de comunicación social y publicidad, de 2019 a 2020, sólo se aplicó un recorte del 6.29 por ciento, pasando de los 494 millones a los 463.

Si los recortes en las participaciones federales afectaron las finanzas públicas de la entidad, ¿por qué no recortar con más contundencia a ramos presupuestales que no le dejan ningún beneficio a la ciudadanía?

Por otra parte, nos preocupa de sobremanera que la cantidad erogada para subsanar los intereses de la megadeuda vaya en aumento.

En 2018, entre intereses y comisiones por la deuda pública se pagaron 4 mil 782 millones de pesos. En 2019 se registró una disminución, ya que se pagaron 2 mil 935 millones, sin embargo, para el 2020 otra vez se pagarán más, al llegar a la cifra de los 3 mil 375 millones de pesos.

A través de este comunicado, instamos al Congreso del Estado a que se pronuncie y represente a la voz de la ciudadanía que está preocupada y consternada por la poca inversión que se inyectará para el desarrollo de obra pública en el estado.

Como parte de la sociedad civil organizada, Participación Ciudadana 29 Laguna no dejará de observar y señalar posibles aspectos de la función pública que pudieran ir en detrimento de todos los coahuilenses.

Inversión Pública 2018 – 2019 – 2020

2018 2019 2020
$4,208,153,257 $3,650,256,374 $1,865,696,644
  -13.25% -48.88%

 

Publicidad oficial 2018 – 2019 – 2020

2018 2019 2020
$733,293,094 $494,646,785 $463,523,480
  -32.54% -6.29%

 

Intereses deuda pública 2018 – 2019 – 2020

2018 2019 2020
$4,782,407,734 $2,935,472,960 $3,375,148,850.14
  -38.61% + 26.17%

El costo excesivo de las elecciones en Coahuila

¿Sabías que, de acuerdo con el calendario electoral, durante los próximos 10 años se celebrarán 8 elecciones en Coahuila? Esto significa que, sólo en dos años, no tendremos que acudir a las urnas.

Esto, en pocas palabras, representa un gasto gigantesco del erario coahuilense, y todo porque los legisladores, así como las autoridades electorales, no han tomado la decisión de empatar las elecciones para poder lograr un ahorro importante.

Tan solo en la última década, el costo de la democracia ha representado para los coahuilenses un gasto de 2 mil 228 millones de pesos.

Desde hace cuatro años, sólo se dejó de celebrar una jornada electoral en 2016, ya que en 2015 se renovó el Congreso Federal, en 2016 se mantuvo todo igual, en 2017 se votaron por alcaldes, diputados locales y gobernador y en 2018 nuevamente por alcaldes, así como por diputados, senadores y Presidente de la República. Para 2020, otra vez se organizarán elecciones en Coahuila para renovar el Congreso de la entidad.

Urge que los legisladores abanderen el tema y empaten procesos electorales, de tal manera que no se sature al ciudadano y se ahorren costos que están representando, actualmente, una significativa fuga de dinero.

Por otra parte, creemos que, reduciendo el número de jornadas electorales, podría incrementar el interés en la ciudadanía, efecto que generaría una mayor participación y un fortalecimiento de la democracia.

Tenemos información de la megadeuda ¿qué sigue?

Las organizaciones convocantes queremos en primer lugar reconocer la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), ya que sin sus recientes fallos y resoluciones no podríamos contar con un espacio en el sitio web de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) en el que ha sido publicada información relativa a la megadeuda.

Nuestro reconocimiento también a las organizaciones civiles y a las/los ciudadanos en lo particular que no dejaron de insistir por una y ora vía en la solicitud de esa información de alta relevancia pública para las/los coahuilenses.

Ahora bien, en este momento es imposible afirmar que la información recientemente publicada está completa. Menos aún es posible establecer criterios de juicio a partir de los documentos ahora disponibles, pues hace falta una labor de sistematización e interpretación de dicha información, que se presume requerirá de muchas horas de trabajo.

Por tal motivo solicitamos:

  1. A las instituciones que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila que trabajen con la información disponible apelando a criterios de gobierno abierto, de máxima publicidad y de transparencia proactiva.

De manera respetuosa les proponemos considerar lo siguiente:

●Construir un micrositio en formato de datos abiertos con la información referente al caso.

●Realizar un foro público con las instituciones, dependencias involucradas, expertos, organismos civiles, academia y periodistas para abonar a un ejercicio de rendición de cuentas.

●Promocionar el caso como emblemático en materia de acceso a la información de tal forma que se posibilite la generación de nuevo conocimiento aplicable a futuros casos de interés público.

●Usar las redes sociales institucionales con material explicativo y veraz sobre el sentido de la competencia de cada organismo que integra SEA Coahuila en torno al caso, las decisiones y acciones que tomen en consecuencia; y

●Entablar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para fijar acciones conjuntas en torno al tema y valorar la posible instalación de una mesa de trabajo.

2. A los periodistas y medios de comunicación; las universidades e instituciones de educación superior; las organizaciones ciudadanas y a las/los coahuilenses interesados en el tema, que trabajemos coordinados en la revisión, análisis y sistematización de la información que se ha hecho pública, con el objetivo de que los esfuerzos por revelar los documentos ahora disponibles no vean en vano y que permitan construir certeza sobre lo ocurrido en nuestra entidad con relación a una deuda que todos pagamos, desde hace 8 años, de múltiples maneras.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que atender este respetuoso llamado marcaría un referente de buenas prácticas en el manejo de información de interés público que podría replicarse incluso en otras entidades.

Si bien es cierto se ha dado un primer caso que se traduce como avance, ésto no es suficiente para cerrar el círculo de un proceso adecuado de rendición de cuentas en torno al asunto público de mayor relevancia en lo que va del siglo para las/los coahuilenses.