Ni con el pétalo de una rosa

Por Patricia Vargas Bryan

Hace un par de semanas, también a través de un artículo de opinión, señalaba la falta de sensibilidad política (por decir lo menos) del actual gobierno federal para afrontar las críticas que se han levantado a través de editoriales periodísticas, y también desde algunas organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el gobierno de Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, también ha sido poco receptivo a señalamientos puntuales de la prensa y la ciudadanía. La última muestra de esta actitud se dio a principios del mes de abril, cuando el alcalde desestimó en una entrevista los resultados publicados en el informe de finanzas y gastos públicos elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), donde se observa una disminución considerable en el gasto público del municipio durante 2018, con respecto al año anterior. Además, ante los resultados de la encuesta de percepción que realiza el Observatorio de La Laguna sobre seguridad y servicios públicos, Jorge Zermeño volvió a minimizar sus calificaciones, asegurando que “a él le dicen otra cosa cuando anda por las calles”.

Desde que tomó el cargo como presidente municipal en 2018, las críticas y señalamientos de la ciudadanía se han hecho escuchar. Y es que no son pocos los temas en los que Torreón presenta rezagos importantes: pavimentación, agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, etc.  En materia de transparencia y rendición de cuentas, PC29 hizo un llamamiento en los primeros meses del año pasado a las instancias correspondientes para actualizar la información pública de oficio en los portales del ayuntamiento y, aunque el aparato se movió para atender el retraso, percibimos la molestia que nuestro señalamiento público había generado.

La Red de Mujeres de La Laguna, colectivo que estudia y acompaña los casos de violencia de género en nuestra región, también ha tenido desencuentros en la arena pública con el alcalde y su administración. Tampoco le gustó al alcalde que la ciudadanía se opusiera a su proyecto de la Calzada Colón, ni que criticaran el “antimonumento” que develó en la celebración del ocho de marzo. En general, pareciera que la realidad que se observa desde el lente ciudadano y la que perciben las autoridades en turno son diametralmente distintas.

La construcción de una comunidad más participativa es un obstáculo en la lógica de los gobiernos autoritarios. Los nuevos términos de gobernanza en las ciudades del mundo requieren forzosamente espacios de acercamiento y encuentro, pero también un enfoque de desarrollo integral, más allá de las dinámicas partidistas. El llamado al alcalde, al presidente de México, al gobernador Riquelme y a cualquier funcionario que ocupe o pretenda seguir ocupando cargos  públicos, es a reconocer las nuevas reglas del juego: a mejorar sus habilidades de análisis,   comprensión,  comunicación y mediación. También a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas efectivos, más allá del cumplimiento de las obligaciones básicas de transparencia en el ejercicio de sus funciones.

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Las organizaciones de la sociedad civil frente al Sistema Estatal Anticorrupción

Por Talía Romero

Para poner nuevamente en contexto el proceso en Coahuila, es necesario recordar que la creación de los sistemas locales anticorrupción tuvo su punto máximo de efervescencia en 2017, cuando vencían los plazos en las entidades para terminar de legislar y hacer las designaciones pertinentes en cada caso. El gobierno encabezado por Rubén Moreira contó con la complicidad de un congreso local a su merced para ignorar las propuestas que emanaron de las organizaciones de la sociedad civil del estado, en cuanto a temas muy puntuales de la normatividad y propuestas de candidatas y candidatos para ocupar los cargos que debían ser perfiles técnicos especializados, pero sobretodo autónomos e independientes del gobierno.

Así pues, contamos con un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), hasta la fecha, sin uñas ni dientes para combatir eficazmente a la corrupción en nuestro estado. Prueba de ello son los pocos o nulos avances que pueden contarse en los casos más emblemáticos que golpean las finanzas de Coahuila: la megadeuda y empresas «fantasma», que aún no logran llegar a la mesa de discusión del Comité Coordinador del SEA.

Parte medular de la conformación del sistema es el CPC (Consejo de Participación Ciudadana), órgano que preside al comité coordinador a través del presidente del mismo consejo. Este organismo es integrado por cinco consejeros -idealmente ciudadanos sin compromisos políticos de ningún color- encargados de diseñar políticas públicas de prevención y combate a la corrupción. Durante el primer año de su funcionamiento, el CPC funcionó bajo la presidencia de Manuel Gil Navarro, quien este año sale de su encargo dejando una vacante que ya se encuentra convocada por la comisión de selección.

El año pasado las organizaciones reunidas como Alianza Anticorrupción Coahuila, de la que PC29 forma parte activa, propusimos y señalamos que los procesos de selección, tanto del comité de selección como del CPC, ocurrieron en absoluta oscuridad y resultaron en la designación de personajes plenamente identificados con el poder político en Coahuila, y en algunos casos, perfiles que ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos de trayectoria y experiencia técnica que las convocatorias pedían.

Si bien el funcionamiento óptimo del sistema no gira únicamente en torno a los procesos de designación, las organizaciones hemos manifestado que se trata de un aspecto medular para provocar que los demás temas puedan moverse con solvencia técnica y política.

En este sentido, la Alianza se reactiva este año para demandar del Congreso de Coahuila y la Comisión de Selección la garantía de un proceso transparente y auditable, en el que candidatos y sociedad civil contemos con información clara sobre la evaluación de los perfiles, tengamos acceso a rúbricas para conocer los criterios que se utilizaron para ponderar cada requisito de la convocatoria, e incluso sean transmitidas las sesiones de deliberación de las dos entidades.

Otro enemigo a vencer durante las convocatorias de 2018 y en el seguimiento a las actividades del SEA, es la apatía provocada, en buena medida, por el portazo a la participación ciudadana lanzado por el gobierno del estado durante la conformación e implementación del sistema. Ante este panorama, las organizaciones insistimos en compartir las convocatorias y alentar la inscripción de quienes consideren que reúnen los perfiles. Para que ello ocurra, es importante también retomar con mayor fuerza la tarea de compartir la información disponible sobre el sistema, sobre los casos que siguen siendo documentados de corrupción como conflictos de interés no resueltos, nepotismo, discrecionalidad en el asignación de recursos, empresas «fantasma», entre otros.

En la medida en que logremos aumentar la participación, iremos cerrando cada vez más los espacios para la toma de decisiones unilateral por parte de los grupos en el poder, y podremos también comenzar a incidir en la disminución de la prima hermana de la corrupción: la impunidad.

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Gobernar es comunicar

Por Talía Romero

Dentro de las ciencias políticas, a nivel académico, se estudia también el proceso de diseño, emisión, difusión y retroalimentación de mensajes en el contexto político, campo conocido como «comunicación política». Este estudio surge para analizar el comportamiento de estos mensajes, pero también sirve como referencia para plantear estrategias de comunicación de los entes involucrados en la administración pública, quienes producen una importante cantidad de información de interés público cotidianamente.

Desafortunadamente, son pocas las instituciones y funcionarios que comprenden la importancia de las herramientas disponibles para efecto de entablar una comunicación clara y eficaz con sus interlocutores. De tal manera que, lo que encontramos con mayor frecuencia, son dispendios presupuestales destinados a publicidad oficial, y crisis constantes de las instituciones generadas, entre otras razones, por la poca capacidad de comunicar que reflejan en sus declaraciones, respuestas a cuestionamientos por parte de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y ciudadanía en general.

El Ayuntamiento de Torreón encabezado por el alcalde Jorge Zermeño Infante ha enfrentado crisis cuyo fondo son tema de análisis aparte, pero que ha evidenciado poca capacidad técnica y estratégica para comunicar.

El Instituto Municipal de Cultura y Educación, la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Dirección de Obras Públicas, el secretario del ayuntamiento y el propio alcalde -entre otros-, han sido cuestionados como corresponde por la ciudadanía y los medios respecto a obras, decisiones y proyectos, y el patrón de respuestas emitidas oficialmente se puede detectar en la mayoría de los casos. La administración tiende a minimizar o desdeñar las críticas a través de las palabras e incluso los gestos.

Un par de ejemplos: 1) al ser cuestionado sobre la alerta de género que colectivos de ciudadanas solicitaron para el municipio desde hace meses, el alcalde expresó en entrevista «alguien dijo: ay, pues una alerta de género», video que los colectivos difundieron exigiendo una disculpa de parte del señor Zermeño por lo que ellas consideraron un gesto de desdén hacia la problemática de violencia hacia las mujeres en Torreón. 2) Durante las campañas electorales de este año, se destapó un problema con el exdirector del Centro Cultural R. Mijares, Evodio Seañez Aguilera. Fue señalado un posible desfalco y su ausencia del centro durante semanas, lo que provocó naturalmente que los medios buscaran la declaración del director del IMCE, quien se negó a atenderlos. En la reunión del Consejo posterior a las elecciones, se informó que se tomaron medidas de inmediato al respecto (como la retención del pago de la nómina del funcionario), que no fueron comunicadas «por motivos de veda electoral».

Por otro lado, la presente administración contempla un presupuesto de cincuenta y cinco millones de pesos para servicios de comunicación social y publicidad. Para visualizar la dimensión del gasto, en el segundo eje de desarrollo urbano sustentable aparece la designación de sesenta millones de pesos (tan sólo cinco millones más) para el programa de manejo integral del agua, problemática fundamental y de atención necesaria y urgente para nuestro municipio. El presupuesto es mayor, incluso que el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura, en total. Así se resuelve no sólo ésta, sino infinidad de administraciones, la falta de capacidad para resolver problemas y para comunicar de manera clara y eficaz.

Amén de las problemáticas y las decisiones que las generaron o intentan resolver, la pobreza de habilidades técnicas para comunicar por parte del ayuntamiento entorpece los procesos de participación ciudadana y gobierno abierto que como ciudadanía buscamos y como organización promovemos. En una comunidad democrática, el tema de la comunicación pasa no sólo por aquel de propaganda o posicionamiento electoral, sino por uno de diálogo y construcción colectiva del desarrollo que buscamos y merecemos.

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Columna de PC29 publicada en El Siglo de Torreón

Rescatar nuestro interés

Por María De Los Ángeles Ordoñez

De prioridades se trata

Por María De los Ángeles Ordoñez

«Haga obras, Compadre, no se comprometa llevándose el dinero del presupuesto.

Frase muy socorrida en los tiempos del Alazán Tostado Gonzalo N. Santos.

 

Reiterar que la principal obligación del gobierno, en nombre del Estado mexicano es garantizar a sus habitantes buena calidad de vida, no es ocioso, aunque parezca que a veces y de manera reiterada, los gobernantes no tienen interés en ello.

Sabido es que se han venido dando una serie de acontecimientos que empiezan a darle color y perfil a lo que será 2019 y años posteriores, en cuanto a planes y proyectos públicos de gobierno, que van desde lo deseable, pasando por lo necesario, caprichoso y políticamente capitalizable, hasta lo que puede significarle al gobernante en su calidad de tomador de decisiones, beneficios específicos y personales.

En esta ocasión abordaré lo que en el plano de lo federal es el tema de la búsqueda de ahorro en aras de la austeridad en el gobierno, y lo que significará como efecto natural en los ámbitos estatal y municipal. Reducir en 50% el presupuesto de difusión y comunicación del gobierno sería sin lugar a dudas un enorme ahorro, baste a manera de ejemplo recordar lo que en Coahuila se gastó durante el primer año de gobierno del primer Moreira, cerca de 2 millones de pesos diarios.

Es posible que algún amable lector recuerde las planas completas que aparecían todos los días en los diarios de la entidad anunciando lo que se iba a hacer, posicionando la frase que permitiría al gobierno ser identificado durante todo el período.

Si en el presupuesto de 2019 aparece efectivamente esta reducción, tendrá algunas implicaciones inmediatas, a saber: la lucha entre los medios electrónicos e impresos por conseguir contratos con el gobierno, donde los que ganen se plieguen editorialmente a las líneas del gobierno, y los que pierdan, inicien el camino de la reconstrucción a partir del referente de calidad para el público, o simplemente esperar el fin.

Sin embargo, dicha reducción presupuestaria no será suficiente si no se modifica la estructura del presupuesto en relación a las Partidas Específicas que sirven para identificar y fijar el dinero que se asigne para ese propósito. Mantener la misma estructura sin cambiar los conceptos deja la puerta abierta para que el gobierno en turno siga la misma práctica que el anterior.

Por ello vale la pena rescatar para conocimiento del amable lector, que en su origen esta partida se definía como gasto «para difundir la obra de gobierno», hablamos de los años 50 del siglo pasado y que con el tiempo se le agregaron dos conceptos: publicidad, como si el gobierno fuera un vendedor más, y propaganda, que implica una enorme carga ideológica. Por esto considero que la sola reducción de este gasto no garantiza cambio sustancial en lo que debe producir.

Parece que en el caso del gobierno de Torreón, por la inserción pagada que aparece en el Siglo de Torreón el día 25 de julio pasado, página 2A, se recupera la forma original de este gasto, que viene siendo la de difundir la obra de gobierno, donde también se nota la austeridad por cómo se presenta la información de lo realizado. En contraste evidente con los despliegues permanentes de los gobiernos estatales de Durango y Coahuila – que han aparecido en este mismo diario- donde se privilegian la foto del gobernador en un determinado acto, dando a entender que sólo con su presencia lo anunciado y sus efectos son posibles.

Calidad de bienes y servicios es lo que todos queremos de la acción de gobierno, pero parece que en Coahuila, el gobernador tiene una forma distinta de entender esta necesidad; $1,500 millones de pesos para dos centros de gobierno «inteligentes», uno para Saltillo y el otro para Torreón, construirlos o rentarlos para modernizar la administración pública que implica más personal, mobiliario, equipo y todo tipo de enseres propios para tareas administrativas. En pocas palabras, más dinero para mantener y acrecentar la pesada burocracia.

Pero no queda ahí, amable lector, quieren otro crédito por esos 1500 mdp no para mejorar el abasto de agua, la infraestructura urbana, los servicios de alumbrado y calidad de parques públicos, mejorar el abasto de medicamentos y los servicios médicos (sólo hay que ver en qué condiciones están los trabajadores de la educación en este rubro), es decir, mejorar la calidad de vida de los coahuilenses, ¡no! el dinero es para mejorar y hacer más rápidas las operaciones de los registros públicos y civiles, las oficinas de catastro, las de recaudación de rentas, y las de transporte, ¿qué tienen en común estas oficinas? que son recaudadoras de dinero, que no se usa precisamente para tener calidad en bienes y servicios proporcionados por el gobierno, sino para mantener el aparato burocrático y darle sentido personal a la obra pública.

Me parece que es contundente la frase que Miguel Riquelme hace sobre el propósito de esta inversión (El Siglo de Torreón página 1ª del pasado 25 de julio), …»se tienen sistemas de financiamiento disponibles por parte de las mismas empresas encargadas de brindar el servicio (de software) y que prácticamente le ponen alfombra roja a los ciudadanos…»; no puede ser más cínica la burla.

En el Cajón. Se hace necesario que nos interesemos sobre los asuntos públicos de gobierno, si no queremos ser testigos -otra vez- de la oportunidad perdida de dar el salto a la transición política. Debemos involucrarnos y participar en los asuntos de interés general para dejar de ser espectadores y convertirnos en actores de lo que está por venir.

Exijo otra vez al alcalde Jorge Zermeño nos rinda cuentas sobre la situación en que recibió la ciudad, la administración pública de Torreón y el Simas; no nos basta ver cómo está la ciudad, queremos saber quién la dejó así.

Texto publicado en nuestra columna semanal del periódico «El Siglo de Torreón».

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