Opinión

SEA: El dedo en la llaga de los procesos de designación

Por Patricia Vargas Bryan

Nuevamente, los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción están en el ojo de organismos de la sociedad civil que hemos acompañado el camino desde su construcción hasta la consolidación de sus instituciones, debido a las convocatorias vigentes para la integración de nuevos miembros.

La que más nos ocupa y preocupa, es el Consejo de Participación Ciudadana. Este grupo de cinco personas en el caso de Coahuila cuyo presidente se encarga de presidir también al engranaje de instituciones que integran al Sistema, es el componente que debería de representar la imparcialidad, el apartidismo y los intereses de la ciudadanía para incidir en la detección de casos de corrupción, el seguimiento a las investigaciones, el desmantelamiento de las redes que posibilitan la corrupción sistémica en nuestro estado y sus municipios, y en general, promover una cultura de buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas de la función pública en nuestro estado.

Sin embargo, sobra decir, el costoso SEA ha entregado de pocos a nulos resultados en nuestro estado. Los procesos de designación tanto del CPC como de la comisión que se encarga de designarlos ha estado plagada de irregularidades, por decir lo menos, que deslegitiman la participación de todos o casi todos sus integrantes.

Junto a otros organismos locales y nacionales, en PC29 nos hemos pronunciado enérgicamente por mejorar estos procesos de designación desde el marco normativo hasta la práctica de convocatorias, entrevistas y evaluación de perfiles. Las razones sobran para desconfiar de los procesos tal cual suceden al día de hoy:

Durante el proceso de 2018 en Coahuila, la comisión designó a Jafia Pacheco Valtierra, una joven abogada con amplia trayectoria en instituciones públicas del estado, incluyendo un puesto en el Tribunal de Justicia Administrativa, institución perteneciente al propio SEA. Junto a ella, aplicaron también dos mujeres con vasta experiencia en organizaciones de la sociedad civil especializadas en participación ciudadana y rendición de cuentas. Jafia fue la cuarta en calificación de acuerdo a su expediente presentado; sin embargo, algo inesperado ocurrió durante su entrevista, que dejó perplejo al presidente de la Comisión y decidieron nombrarla a ella como integrante del CPC.

De estas malas experiencias ha estado plagado todo el proceso de integración del SEA, y no por ello dejaremos de nombrarlo. La sociedad civil de Coahuila está decidida a impulsar, por todas las vías de participación a las que tenemos acceso, la conformación de un sistema anticorrupción que tenga uñas, dientes y calidad moral para defender los intereses de la ciudadanía frente a las malas prácticas normalizadas en nuestra entidad. En ello nos van las oportunidades de desarrollo, la garantía de nuestros derechos más fundamentales, y la calidad de vida en general, de todas y todos.

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SEA
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SEA: en la antesala de otra designación

Por: Patricia Vargas Bryan

Estamos a unos días de que cierre la convocatoria de un nuevo proceso para designar a la que será la nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Cada vez que abordo este tema sobre un aspecto en particular, creo necesario recordar el contexto de lo que ha significado la participación ciudadana en la conformación de estos costosos, y hasta ahora prácticamente inservibles mecanismos de combate a la corrupción:

Tanto el Sistema Nacional, como los locales, son producto de una lucha de varios años de organismos de la sociedad civil en todo México para abordar la problemática que sigue siendo un cáncer para el desarrollo de nuestro país. Al dar un paso organizado y lograr que se aprobaran leyes como la 3 de 3 o todo el sistema de leyes nuevas y reformas que constituyen el marco legal de los sistemas, nos topamos con estrategias perfectamente articuladas de los gobiernos y sus maquinarias políticas para proteger sus intereses y encontrar vacíos legales para ocultar información pública, escapar de procesos administrativos y penales, y por supuesto evitar consecuencias políticas y electorales de los malos manejos y actos de corrupción.

En Coahuila, el estado en el que hemos participado activamente como PC29 durante todo este tiempo, las estructuras del gobierno estatal junto a sus aliados del sector privado, han blindado perfectamente al Sistema para evitar que logren colarse perfiles de ciudadanos eficientes y adecuados para realizar con eficacia las funciones que le corresponden, especialmente, al CPC. Desde la integración de la Comisión de Selección podemos darnos una idea de lo que podemos esperar de los procesos de selección de miembros del CPC local.

Tras una primera convocatoria que fue declarada desierta, para luego agregar requisitos a la segunda (cuando la lógica indicaría que el segundo proceso debía simplificarse para convocar a más participantes), la “nueva” comisión de selección quedó prácticamente idéntica a la primera que ocasionó el desastre. Se armó de su sofista estrella para asegurar entrevistas a modo y de personajes que se han aliado al gobierno del estado para proteger sus intereses gremiales o personales. Funcionarios y exfuncionarios enviados para encajar con calzador a los requisitos que prevé la ley para ocupar esos espacios, se encargan de impedir sistemáticamente la llegada de ciudadanos con capacidades y convicción de servir a los verdaderos objetivos de esta red de instituciones, que debe aceitarse desde el Consejo para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción en nuestro estado.

La avalancha de indignación y entusiasmo democrático provocada por la conformación de la Alianza Anticorrupción, ha sido desinflada exitosamente por el equipo reunido para ese propósito por parte del gobierno. En cada convocatoria se vuelve más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a participar en los procesos; y no se trata de falta de capacidad o de perfiles, sino de un desencanto natural que ha sido provocado, y el temor de activistas y otros profesionales de ser señalados, hostigados o simplemente descalificados sin fundamentos en las distintas etapas del proceso.

El llamado que quiero hacer en esta reflexión, es para las organizaciones sociales de todo el estado. La desilusión es natural, pero no puede convertirse en el balde frío que apague nuestra legítima intención de participar, de buscar mejores formas, de acompañar y seguir convocando a la ciudadanía a tomar parte activa en las decisiones del gobierno. Las transformaciones que anhelamos no sucederán de un día para otro, ni de la mano de un líder mesiánico. Debemos construirlas todos los días, con carácter y determinación, pero sobretodo con la certeza de que hemos conquistado espacios importantes, aunque aún no nos ha sido permitido ocuparlos. Nuestra fuerza está en la unión, la comunicación, el diálogo y la suma de nuestras herramientas, recursos y capacidades

Opinión

SEA Coahuila y la conformación mañosa de sus órganos ciudadanos

Por Patricia Vargas Bryan

En el año 2016 vimos el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño y conformación fue producto, en gran medida, del trabajo de grupos ciudadanos que aportaron sus experiencias en torno al problema de corrupción sistemática en distintas instituciones a nivel federal y en los gobiernos locales.

Se trata de un engranaje de coordinación entre autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que pretende articular acciones para la prevención, investigación y castigo de posibles actos de corrupción. Las leyes que se modificaron y promulgaron para hacer posible este nuevo esquema institucional tuvieron su mejor expresión, como muchas otras, en las consolidadas a nivel federal; sin embargo, los plazos y la falta de voluntad y/o capacidades en los congresos locales dieron como resultado casos como el de Coahuila, en el que se aprobaron en una sesión exprés en  el Congreso, a puerta cerrada, y a altas horas de la noche.

Presionados por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que ya se reunía en torno a este tema a lo largo y ancho del estado, una legislatura con mayoría priísta, aprobó un paquete en el que hubo poca reflexión sobre las condiciones de la entidad que podrían posibilitar o dificultar la implementación del sistema local con eficiencia y eficacia.

Así, comenzaron de inmediato a conformarse los órganos que son la base del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción). Aquellos que le dan sustento a la coordinación de las instituciones son los que están integrados, según las leyes, por ciudadanos sin partido ni intereses políticos en las administraciones estatales o municipales: la Comisión de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana. Las convocatorias fueron resultado de la aplicación a rajatabla de las leyes en la materia, que al no haber pasado por análisis serios, como comentaba, decían lo mismo prácticamente con puntos y comas, que las leyes federales.

¿Qué implicaciones tuvo este planteamiento para los procesos de selección de comisionados y consejeros en Coahuila? Básicamente, que los únicos candidatos que podrían más o menos cumplir con los perfiles señalados eran funcionarios públicos o personas que hubieran trabajado con o cerca de administraciones públicas en algún momento. En nuestro estado, significó que todos los comisionados y todos los consejeros tenían alguna relación, directa o indirecta, con los gobiernos a los que deberían estar observando, señalando y promoviendo que fueran investigados.

Algunos casos más evidentes que otros, pero esa realidad que sigue permeando en el corazón del sistema, comenzó a alimentar un profundo desencanto de las organizaciones y ciudadanos que en el principio veíamos en ésta una oportunidad de oro para comenzar a transformar las formas corruptas, anquilosadas en la mayoría de las instituciones estatales y municipales.

La primera convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SEA registró casi cincuenta aspirantes, entre académicos, activistas, funcionarios y exfuncionarios, y otros ciudadanos interesados. Esta última convocatoria, que se declaró desierta en su primera expedición, registra diecinueve candidatos, entre los que se encuentran más funcionarios y actuales miembros de la misma comisión.

Mientras el Congreso se resista a revisar seriamente y con acompañamiento de la ciudadanía organizada las leyes anticorrupción en el estado, la legalidad seguirá siendo un pretexto y no una fortaleza para conformar un sistema capaz de enfrentar de manera legítima y decidida, también capaz, al fenómeno de corrupción generalizada y sistemática que sigue azotando a las finanzas públicas del estado. Y esto significa, recordemos siempre, falta de presupuesto suficiente para las necesidades más apremiantes de ciudadanas y ciudadanos, personas a las que falla rotundamente el Estado en garantizar sus derechos más básicos; salud, educación, servicios básicos. La corrupción sigue siendo, de fondo y más gravemente, una violación a nuestros derechos humanos.

Opinión

El valor de la representación

Por Miguel Ángel Ordaz

A las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocimiento a su esfuerzo y constancia.

Cuando el político inicia su carrera, lo primero que busca son alianzas para fortalecer su posición; estas alianzas lo llevan a la conformación de grupos de poder a los que poco o nada interesa de donde le nace el apoyo original; se forman grupos que pronto quieren ser castas. Mantenerlas implica establecer condiciones para que perduren, y esas condiciones van surgiendo del diseño original que se torció; poco a poco se teje el argumento que convence a la comunidad que es natural que los políticos se enriquezcan de manera escandalosa, total así fuimos educados.

El año de 1982 se anuncia la creación de la Secretaria General de la Contraloría de la Federación cuya tarea era controlar el uso y manejo de los recursos públicos, pero que en realidad vigilaba a los que decidían sobre el particular, era una espada de Damocles pendiendo sobre las cabezas de quienes los manejaban; largo ha sido el camino en donde nos encontramos, y pobres los resultados del esfuerzo de los ciudadanos y sus organizaciones por mejorar y hacer eficiente ese manejo. 

En el año 2002 se crea el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, piedra angular de la sistematización y organización de los datos y documentos públicos, cuyo esfuerzo ha topado con grupos de interés, pero que ha sentado buenas bases para hacer valer nuestro derecho a saber qué hace el gobierno y quienes deciden en él. 

En 2016 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, que busca darle salida y sentido al reclamo ciudadano por conocer la información sobre las decisiones, documentos que genera, y resultados de la calidad de la gestión a través del combate a la corrupción, piedra angular de nuestras calamidades. El SNA tiene como una de sus tareas, la promoción de los sistemas estatales anticorrupción, cuya función fundamental sería la de la creación de mecanismos, instrumentos y estructuras que prevengan, investiguen y sanciones la comisión de actos de corrupción.

 En 2017 se crea este sistema en Coahuila, y como en el caso del nacional, a estas alturas no se han podido constituir en verdaderos órganos de combate y prevención de la corrupción, en ambos casos los gobiernos nacional y estatal han sido factor para que así suceda; en ambos casos la participación de la sociedad y sus organizaciones han sido factor para que se mantenga la llama del reclamo y la exigencia social por impulsar este noble propósito; en ambos casos les faltan piezas para que sean efectivos; en ambos casos se  ha luchado por un Consejo de Participación Ciudadana –CPC- efectivamente representativo; en ambos casos es evidente la mano y el interés del titular de Ejecutivo y en ambos casos este poder decidió sobre la conducción de las dependencias, organismos autónomos, e instituciones del poder judicial que formarían parte del Comité Coordinador. 

Estamos en la víspera de que se elija al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, solo queremos que no resulte el conflicto de interés como factor de esta selección. En PC 29, mantenemos viva la exigencia por la vía de los hechos. 

Amable lector, involúcrate, participa, se parte del necesario proceso de empoderamiento que permita abatir la ignorancia sobre el quehacer del gobierno, combatir el miedo a expresarte y exigir calidad en la gestión pública. Incidir en las Políticas Públicas es nuestro propósito en PC 29.      

Opinión

Un nuevo proceso en el SEA Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Por fin fueron lanzadas las convocatorias pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Desde la renuncia de Manuel Gil Navarro como titular de la Secretaría Ejecutiva en noviembre del año pasado, en PC29 hemos esperado que los responsables de emitir esa convocatoria lo hicieran, para así dar marcha a un proceso de selección nuevo. 

Además toca el turno de renovar la Comisión de Selección del Sistema, que se encarga de designar a los integrantes del CPC cada año. 

El rol del Secretario Técnico es fundamental para el funcionamiento eficiente de todo el sistema. Sin embargo, la Comisión de Selección, cuyos puestos son honorarios, es decir, que no perciben remuneración por cumplir con su encargo, es una pieza clave del complejo engranaje, y ha sido el organismo responsable, en gran medida, de que el Sistema haya entregado lo paupérrimos resultados que han reportado hasta el momento. 

El componente de participación ciudadana dentro del sistema está en esos cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien preside ese consejo está también a la cabeza del Comité Coordinador, una mesa a la que se sientan los titulares de todas las dependencias que integran al sistema. Para que esas instituciones logren coordinar acciones concretas en materia de fiscalización, investigación y castigo de casos de corrupción en nuestro estado, es indispensable que quien presida el comité conozca las reglas del juego y esté dispuesto a jugarlas con verdadera autonomía, decisión e inteligencia política.

Si los seleccionadores fueron designados con base en su cercanía al poder estatal, evidentemente así quedó también conformado ese primer CPC. Las siguientes designaciones han pasado de lo mismo a lo un poco menos peor, hasta llegar al año pasado en que el proceso fue más transparente y la designación de Miguel Crespo mucho más legítima a los ojos de las organizaciones que hemos seguido de cerca la evolución de ese elefante blanco de la administración pública nacional y local.

El sistema es costoso, lo hemos señalado al cansancio. Sin embargo, poco importarían la cantidad de recursos destinados si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando, si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo.

Con o sin Alianza Anticorrupción, las organizaciones sociales de todo el estado seguimos vigilantes, en comunicación constante y sumando capacidades para señalar, participar y proponer transformaciones que consideramos necesarias para mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos.

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