SEA: en la antesala de otra designación

Por: Patricia Vargas Bryan

Estamos a unos días de que cierre la convocatoria de un nuevo proceso para designar a la que será la nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Cada vez que abordo este tema sobre un aspecto en particular, creo necesario recordar el contexto de lo que ha significado la participación ciudadana en la conformación de estos costosos, y hasta ahora prácticamente inservibles mecanismos de combate a la corrupción:

Tanto el Sistema Nacional, como los locales, son producto de una lucha de varios años de organismos de la sociedad civil en todo México para abordar la problemática que sigue siendo un cáncer para el desarrollo de nuestro país. Al dar un paso organizado y lograr que se aprobaran leyes como la 3 de 3 o todo el sistema de leyes nuevas y reformas que constituyen el marco legal de los sistemas, nos topamos con estrategias perfectamente articuladas de los gobiernos y sus maquinarias políticas para proteger sus intereses y encontrar vacíos legales para ocultar información pública, escapar de procesos administrativos y penales, y por supuesto evitar consecuencias políticas y electorales de los malos manejos y actos de corrupción.

En Coahuila, el estado en el que hemos participado activamente como PC29 durante todo este tiempo, las estructuras del gobierno estatal junto a sus aliados del sector privado, han blindado perfectamente al Sistema para evitar que logren colarse perfiles de ciudadanos eficientes y adecuados para realizar con eficacia las funciones que le corresponden, especialmente, al CPC. Desde la integración de la Comisión de Selección podemos darnos una idea de lo que podemos esperar de los procesos de selección de miembros del CPC local.

Tras una primera convocatoria que fue declarada desierta, para luego agregar requisitos a la segunda (cuando la lógica indicaría que el segundo proceso debía simplificarse para convocar a más participantes), la “nueva” comisión de selección quedó prácticamente idéntica a la primera que ocasionó el desastre. Se armó de su sofista estrella para asegurar entrevistas a modo y de personajes que se han aliado al gobierno del estado para proteger sus intereses gremiales o personales. Funcionarios y exfuncionarios enviados para encajar con calzador a los requisitos que prevé la ley para ocupar esos espacios, se encargan de impedir sistemáticamente la llegada de ciudadanos con capacidades y convicción de servir a los verdaderos objetivos de esta red de instituciones, que debe aceitarse desde el Consejo para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción en nuestro estado.

La avalancha de indignación y entusiasmo democrático provocada por la conformación de la Alianza Anticorrupción, ha sido desinflada exitosamente por el equipo reunido para ese propósito por parte del gobierno. En cada convocatoria se vuelve más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a participar en los procesos; y no se trata de falta de capacidad o de perfiles, sino de un desencanto natural que ha sido provocado, y el temor de activistas y otros profesionales de ser señalados, hostigados o simplemente descalificados sin fundamentos en las distintas etapas del proceso.

El llamado que quiero hacer en esta reflexión, es para las organizaciones sociales de todo el estado. La desilusión es natural, pero no puede convertirse en el balde frío que apague nuestra legítima intención de participar, de buscar mejores formas, de acompañar y seguir convocando a la ciudadanía a tomar parte activa en las decisiones del gobierno. Las transformaciones que anhelamos no sucederán de un día para otro, ni de la mano de un líder mesiánico. Debemos construirlas todos los días, con carácter y determinación, pero sobretodo con la certeza de que hemos conquistado espacios importantes, aunque aún no nos ha sido permitido ocuparlos. Nuestra fuerza está en la unión, la comunicación, el diálogo y la suma de nuestras herramientas, recursos y capacidades

SEA Coahuila y la conformación mañosa de sus órganos ciudadanos

Por Patricia Vargas Bryan

En el año 2016 vimos el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño y conformación fue producto, en gran medida, del trabajo de grupos ciudadanos que aportaron sus experiencias en torno al problema de corrupción sistemática en distintas instituciones a nivel federal y en los gobiernos locales.

Se trata de un engranaje de coordinación entre autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que pretende articular acciones para la prevención, investigación y castigo de posibles actos de corrupción. Las leyes que se modificaron y promulgaron para hacer posible este nuevo esquema institucional tuvieron su mejor expresión, como muchas otras, en las consolidadas a nivel federal; sin embargo, los plazos y la falta de voluntad y/o capacidades en los congresos locales dieron como resultado casos como el de Coahuila, en el que se aprobaron en una sesión exprés en  el Congreso, a puerta cerrada, y a altas horas de la noche.

Presionados por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que ya se reunía en torno a este tema a lo largo y ancho del estado, una legislatura con mayoría priísta, aprobó un paquete en el que hubo poca reflexión sobre las condiciones de la entidad que podrían posibilitar o dificultar la implementación del sistema local con eficiencia y eficacia.

Así, comenzaron de inmediato a conformarse los órganos que son la base del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción). Aquellos que le dan sustento a la coordinación de las instituciones son los que están integrados, según las leyes, por ciudadanos sin partido ni intereses políticos en las administraciones estatales o municipales: la Comisión de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana. Las convocatorias fueron resultado de la aplicación a rajatabla de las leyes en la materia, que al no haber pasado por análisis serios, como comentaba, decían lo mismo prácticamente con puntos y comas, que las leyes federales.

¿Qué implicaciones tuvo este planteamiento para los procesos de selección de comisionados y consejeros en Coahuila? Básicamente, que los únicos candidatos que podrían más o menos cumplir con los perfiles señalados eran funcionarios públicos o personas que hubieran trabajado con o cerca de administraciones públicas en algún momento. En nuestro estado, significó que todos los comisionados y todos los consejeros tenían alguna relación, directa o indirecta, con los gobiernos a los que deberían estar observando, señalando y promoviendo que fueran investigados.

Algunos casos más evidentes que otros, pero esa realidad que sigue permeando en el corazón del sistema, comenzó a alimentar un profundo desencanto de las organizaciones y ciudadanos que en el principio veíamos en ésta una oportunidad de oro para comenzar a transformar las formas corruptas, anquilosadas en la mayoría de las instituciones estatales y municipales.

La primera convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SEA registró casi cincuenta aspirantes, entre académicos, activistas, funcionarios y exfuncionarios, y otros ciudadanos interesados. Esta última convocatoria, que se declaró desierta en su primera expedición, registra diecinueve candidatos, entre los que se encuentran más funcionarios y actuales miembros de la misma comisión.

Mientras el Congreso se resista a revisar seriamente y con acompañamiento de la ciudadanía organizada las leyes anticorrupción en el estado, la legalidad seguirá siendo un pretexto y no una fortaleza para conformar un sistema capaz de enfrentar de manera legítima y decidida, también capaz, al fenómeno de corrupción generalizada y sistemática que sigue azotando a las finanzas públicas del estado. Y esto significa, recordemos siempre, falta de presupuesto suficiente para las necesidades más apremiantes de ciudadanas y ciudadanos, personas a las que falla rotundamente el Estado en garantizar sus derechos más básicos; salud, educación, servicios básicos. La corrupción sigue siendo, de fondo y más gravemente, una violación a nuestros derechos humanos.

El valor de la representación

Por Miguel Ángel Ordaz

A las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocimiento a su esfuerzo y constancia.

Cuando el político inicia su carrera, lo primero que busca son alianzas para fortalecer su posición; estas alianzas lo llevan a la conformación de grupos de poder a los que poco o nada interesa de donde le nace el apoyo original; se forman grupos que pronto quieren ser castas. Mantenerlas implica establecer condiciones para que perduren, y esas condiciones van surgiendo del diseño original que se torció; poco a poco se teje el argumento que convence a la comunidad que es natural que los políticos se enriquezcan de manera escandalosa, total así fuimos educados.

El año de 1982 se anuncia la creación de la Secretaria General de la Contraloría de la Federación cuya tarea era controlar el uso y manejo de los recursos públicos, pero que en realidad vigilaba a los que decidían sobre el particular, era una espada de Damocles pendiendo sobre las cabezas de quienes los manejaban; largo ha sido el camino en donde nos encontramos, y pobres los resultados del esfuerzo de los ciudadanos y sus organizaciones por mejorar y hacer eficiente ese manejo. 

En el año 2002 se crea el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, piedra angular de la sistematización y organización de los datos y documentos públicos, cuyo esfuerzo ha topado con grupos de interés, pero que ha sentado buenas bases para hacer valer nuestro derecho a saber qué hace el gobierno y quienes deciden en él. 

En 2016 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, que busca darle salida y sentido al reclamo ciudadano por conocer la información sobre las decisiones, documentos que genera, y resultados de la calidad de la gestión a través del combate a la corrupción, piedra angular de nuestras calamidades. El SNA tiene como una de sus tareas, la promoción de los sistemas estatales anticorrupción, cuya función fundamental sería la de la creación de mecanismos, instrumentos y estructuras que prevengan, investiguen y sanciones la comisión de actos de corrupción.

 En 2017 se crea este sistema en Coahuila, y como en el caso del nacional, a estas alturas no se han podido constituir en verdaderos órganos de combate y prevención de la corrupción, en ambos casos los gobiernos nacional y estatal han sido factor para que así suceda; en ambos casos la participación de la sociedad y sus organizaciones han sido factor para que se mantenga la llama del reclamo y la exigencia social por impulsar este noble propósito; en ambos casos les faltan piezas para que sean efectivos; en ambos casos se  ha luchado por un Consejo de Participación Ciudadana –CPC- efectivamente representativo; en ambos casos es evidente la mano y el interés del titular de Ejecutivo y en ambos casos este poder decidió sobre la conducción de las dependencias, organismos autónomos, e instituciones del poder judicial que formarían parte del Comité Coordinador. 

Estamos en la víspera de que se elija al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, solo queremos que no resulte el conflicto de interés como factor de esta selección. En PC 29, mantenemos viva la exigencia por la vía de los hechos. 

Amable lector, involúcrate, participa, se parte del necesario proceso de empoderamiento que permita abatir la ignorancia sobre el quehacer del gobierno, combatir el miedo a expresarte y exigir calidad en la gestión pública. Incidir en las Políticas Públicas es nuestro propósito en PC 29.      

Un nuevo proceso en el SEA Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Por fin fueron lanzadas las convocatorias pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Desde la renuncia de Manuel Gil Navarro como titular de la Secretaría Ejecutiva en noviembre del año pasado, en PC29 hemos esperado que los responsables de emitir esa convocatoria lo hicieran, para así dar marcha a un proceso de selección nuevo. 

Además toca el turno de renovar la Comisión de Selección del Sistema, que se encarga de designar a los integrantes del CPC cada año. 

El rol del Secretario Técnico es fundamental para el funcionamiento eficiente de todo el sistema. Sin embargo, la Comisión de Selección, cuyos puestos son honorarios, es decir, que no perciben remuneración por cumplir con su encargo, es una pieza clave del complejo engranaje, y ha sido el organismo responsable, en gran medida, de que el Sistema haya entregado lo paupérrimos resultados que han reportado hasta el momento. 

El componente de participación ciudadana dentro del sistema está en esos cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien preside ese consejo está también a la cabeza del Comité Coordinador, una mesa a la que se sientan los titulares de todas las dependencias que integran al sistema. Para que esas instituciones logren coordinar acciones concretas en materia de fiscalización, investigación y castigo de casos de corrupción en nuestro estado, es indispensable que quien presida el comité conozca las reglas del juego y esté dispuesto a jugarlas con verdadera autonomía, decisión e inteligencia política.

Si los seleccionadores fueron designados con base en su cercanía al poder estatal, evidentemente así quedó también conformado ese primer CPC. Las siguientes designaciones han pasado de lo mismo a lo un poco menos peor, hasta llegar al año pasado en que el proceso fue más transparente y la designación de Miguel Crespo mucho más legítima a los ojos de las organizaciones que hemos seguido de cerca la evolución de ese elefante blanco de la administración pública nacional y local.

El sistema es costoso, lo hemos señalado al cansancio. Sin embargo, poco importarían la cantidad de recursos destinados si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando, si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo.

Con o sin Alianza Anticorrupción, las organizaciones sociales de todo el estado seguimos vigilantes, en comunicación constante y sumando capacidades para señalar, participar y proponer transformaciones que consideramos necesarias para mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos.

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Participación Ciudadana 29 Laguna solicita al Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila resultados

El pasado 27 de enero realizamos una reunión con el Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila con la finalidad de dar seguimiento al funcionamiento de dicho órgano encargado de combatir los delitos por hechos de corrupción y las faltas administrativas en el desarrollo de la gestión de Gobierno.

Preparamos una agenda con preguntas relacionadas con las atribuciones del CPC emanadas del Marco Jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción.

A más de dos años de su creación, los resultados siguen siendo desalentadores para la ciudadanía.

En su Plan de Trabajo, siguen estando presentes propuestas y acciones en donde los ciudadanos no vemos resultados concretos. Dentro de lo que nos compartieron mencionan la creación de una plataforma en colaboración con el Consejo Cívico de las Instituciones de Saltillo para facilitar a los ciudadanos la denuncia de faltas y hechos de corrupción, en donde reconocen que para un gran sector, es difícil el uso de dichas herramientas pues la población que no cuenta con computadora e internet, difícilmente accederá a ese instrumento.

También comentan que están participando en reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción a nivel Federal, cuando a pregunta expresa cuestionamos que si ellos creen que a los ciudadanos nos conviene pagar a un Consejo (CPC) que sólo emite recomendaciones no vinculatorias al Comité Coordinador del SEA y donde el resultado es que no se obliga a nadie a cambiar, cumplir, dar cuentas o a ser sancionado, mencionaron que están solicitando esos cambios a la Ley  para que las recomendaciones sean vinculatorias. Habrá que esperar el resultado y que sea favorable para la ciudadanía.

Al preguntarles por la existencia de una Contraloría Social en el Estado, porque dentro de sus funciones está el facilitar su funcionamiento y que el Comité Coordinador reciba directamente información o denuncias de dicha Contraloría, respondieron que al parecer no existe.

No se han hecho exhortos al Comité Coordinador cuando un hecho de corrupción requiere aclaración pública como las denuncias de la Auditoria Superior del Estado porque durante las reuniones conjuntas de los 7 órganos que componen el SEA se aclaran asuntos relacionados, sin embargo cuando se les pide que den cuentas de la cantidad de carpetas judicializadas a partir de Junio del 2019 en que terminó el Reto de los 100 días (periodo en que se evaluó al SEA, cuyos resultados  eran raquíticos antes de iniciar el reto,  y con un ligero avance en esos 100 días), nos comentan que la Fiscalía no les proporciona esa información (a ellos que son los representantes de la ciudadanía) y nos solicitan que nosotros por escrito les solicitemos dicha información para justificar su petición ante la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción. Cabe mencionar que previamente se les preguntó que cuál ha sido el avance en la coordinación y comunicación que deben ser permanentes entre los 7 órganos que componen el SEA, porque en el Reto de los 100 días fue otro problema que se evidenció y reportan que hay un gran avance, sin embargo no pueden pedir información a la Fiscalía, entonces, ¿hay o no hay coordinación y comunicación permanente?

El tema de la Megadeuda y las empresas fantasmas fue también cuestionado, solicitándoles nos compartan su actuar a ese respecto, su respuesta es casi del talante de “lo que no fue en su año, no es en su daño” y están sólo comprometidos a que dichos hechos no se vuelvan a repetir, pues son asuntos que prácticamente han prescrito, sin embargo la Megadeuda y la afectación con Empresas Fantasmas para la ciudadanía no han prescrito, la deuda está vigente, se siguen pagando millonadas de intereses, cada año incrementa y seguimos sufriendo la falta de recursos para el desarrollo en todos los rubros en el Estado: Salud, Educación, Infraestructura, etc.

Quedaron pendientes de envío y entrega de información en una futura reunión programada para el 24 de Febrero: Número de carpetas judicializadas y sentencias de carpetas de investigación a partir de junio del 2019 y en qué modalidades de delitos; Seguimiento a la contratación de personal profesional de carrera al servicio de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y el Servicio Social de Calidad; la plataforma de Excel de avance en las carpetas de investigación que se comprometieron a entregar en junio de 2019 en reunión con PC29 y que a la fecha no ha sido entregada (diagrama de flujo de cada averiguación); videos que se comprometieron a compartir sobre denuncia ciudadana en lenguaje sencillo sobre temas de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y cohecho y que nunca hemos observado.

Para finalizar se les cuestionó el motivo por el cual, a pesar de que Manuel Gil Navarro, Secretario Técnico del SEA, renunció a finales de octubre 2019, no se ha lanzado la convocatoria para la elección del Nuevo Secretario Técnico y si el CPC ha buscado a la terna de personas para proponer al Comité Coordinador, cuya Presidenta es miembro del CPC.

Se les solicitó de manera enfática que se buscaran personas con el perfil adecuado para la función, pero que sobretodo demostraran un férreo compromiso con la ciudadanía y permanezcan en el puesto hasta concluir su nombramiento, pues las dos anteriores renuncias pareciera que toman el puesto sólo como plataforma de lanzamiento para futuros o mejores puestos, lo que en el argot popular se conoce como “chapulineo”. Se comprometieron a que a inicios de febrero saldrá la convocatoria.

Esperemos que los Consejeros permanezcan en sus puestos y trabajen con el compromiso que la ciudadanía necesitamos, pues escuchamos rumores de que uno de ellos espera y ambiciona ocupar dicho puesto de Secretario Técnico, esperemos que sólo sea un rumor infundado.