Opinión

Las corrupciones, sus formas y efectos

Por Patricia Vargas Bryan

No es gratuito que el actual presidente de México haya posicionado tan eficazmente la bandera anti-corrupción durante todos los años de sus aspiraciones para llegar finalmente a esa silla en el 2018. En México sabemos que la corrupción trastoca todos los quehaceres de las instituciones públicas, y que permea también a una gran parte de las empresas privadas, dispuestas a coludirse con gobiernos locales y federal para obtener contratos y/o privilegios. 

Esta semana en nuestro país fuimos testigos de esa cara siniestra de la corrupción que cobra vidas humanas, en vivo y en directo. La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México nació y se construyó a la sombra de numerosas irregularidades, retrasos, acusaciones de corrupción también en la licitación de contratos para construir las obras. 

El desplome de los vagones del metro que ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 25 personas, entre ellas menores de edad, nos recuerda también al gobierno de Veracruz que horrorizó al país entero cuando fueron capaces de suministrar agua destilada en lugar de medicamento contra el cáncer a niños y niñas de esa entidad que eran atendidos en instituciones de salud públicas. En Torreón, el famoso Distribuidor Vial Revolución que fue señalado por especialistas desde que fue entregada la obra al gobierno de Enrique Martínez y Martínez, también cobró la vida de un joven copiloto del trailer que cayó por la estructura mal diseñada del paso elevado en el 2004.

Pero la corrupción se construye, se evidencia y se padece de muchas maneras. Nos conviene, para combatirla significativamente, hablar de muchas corrupciones, de sus formas, elementos, consecuencias y efectos, para enfrentarle de manera sistemática y empezar a desmantelar sus redes.

Muchos dicen que la primera forma de corrupción es postularse a cargos, u ocupar puestos para los que los funcionarios no están capacitados. En Torreón nos queda claro, en estas campañas electorales, que ningún candidato de los partidos tradicionales se ha esforzado por demostrar que tenga capacidad para gobernar, o siquiera para entender los problemas de la ciudad de la que pretenden ser alcaldes. 

Además, se ha sumado a la contienda, tras una argucia electoral que a todas luces parece fraudulenta, el padre de Luis Fernando Salazar Fernández, un político que ocupó cargos de gran responsabilidad cuando militaba en el PAN, y ahora aparece arropado por un Morena estatal que poco o nada coincide con la ideología del partido, si es que todavía pudiéramos encontrarle pies y cabeza a ese partido que supuestamente era de izquierda.

Luis Fernando aparece en sus redes sociales personales haciendo campaña en colonias de la ciudad, mientras su padre obtiene su registro ante el IEC, y morenistas militantes impugnan esa candidatura. El circo ya es un verdadero insulto a cualquier valor democrático que pretenda defender Morena en Torreón, Luis Fernando hijo, o su padre, abogado reconocido por su afinidad a ideas de ultra derecha. 

Para mí, no hay distancia ni diferencia alguna entre los que roban y los que roban poquito. Quienes mienten u omiten, para mí también caen en lo mismo. Defraudadores y cómplices son dos caras también de la misma moneda. Tan responsables las constructoras de la Línea 12 del Metro, como quienes otorgaron esos contratos, quienes siguen gobernando y no le dieron mantenimiento, y se llevaron a sus casas y partidos grandes tajadas a costa de la vida de las víctimas de esta semana. 

¿Qué garantía de honestidad y democracia puede ofrecernos como alcalde un candidato que estuvo dispuesto a cometer un fraude, que si no es legal al menos debe ser moralmente, si llegara a ocupar ese puesto?

Si la corrupción seguirá siendo el discurso que genere altos raitings en campañas, cobremos más cara la factura de bañarse en esos caldos de pureza. Exijamos al presidente Andrés Manuel que se comprometa con un combate a la corrupción organizado y sistemático, porque está claro que no podemos confiar en la escoba que decía que barrería de arriba para abajo. A los candidatos que quieren ser alcaldes en Torreón, exijamos cuentas de sus gestiones anteriores como funcionarios… ¿Qué hizo, concretamente, Marcelo Torres como presidente del Congreso de Coahuila para devolverle a los coahuilenses lo robado por los gobiernos moreiristas? ¿Cómo se prestó Román Cepeda a llevar las decisiones en materia de salud de La Laguna durante la pandemia, siendo Secretario de Trabajo, es decir, de nuevo ocupando un encargo para el que claramente no estaba capacitado?

Desde PC29 seguimos apostando por el trabajo colegiado, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento y reconstrucción de los sistemas locales y nacional anticorrupción. Que las designaciones sean procesos abiertos, auditables y verdaderamente ciudadanos. Sólo desde esa perspectiva podremos ir sumando legitimidad a los gobiernos, y restando poder a los autoritarios.

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Opinión

Día Internacional contra la Corrupción

Patricia Vargas Bryan

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, envió un mensaje a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre:

“La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”

Sabemos que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de México ni los comportamientos delictivos son marca registrada de los mexicanos. Sin embargo, al escuchar el mensaje de Guterres, no podemos dejar de pensar en lo que hemos visto y lo que tal vez jamás veremos que está ocurriendo con los recursos públicos en nuestro país y nuestro estado durante estos meses de pandemia.

Tanto instituciones federales como estatales y municipales, se han visto en la obligación de destinar recursos para la emergencia por Covid-19 pero también en la posibilidad de hacerlo por adjudicaciones directas gracias al decreto  de “acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general”. El argumento de las autoridades ha sido la escasez a nivel mundial de algunos de estos insumos y el encarecimiento de los equipos, materiales y medicamentos. Pero hemos visto también el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que ha revelado que se trata de pretextos, para cometer actos por lo menos deshonestos en este momento en que la corrupción, como dice Guterres, es criminal e inmoral.

Por parte del gobierno federal, este 2020 se perfila para llegar a ser el año con más adjudicaciones directas en más de una década, según un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción. Además, las instituciones con más contratos dados por adjudicación directa son Diconsa, Canal 11 y la Secretaría de Cultura, entre otras. Esta tendencia sugiere que las malas prácticas prevalecen aún en dependencias que no están relacionadas de manera directa con la atención a la salud.

Los estados han tenido la misma puerta abierta para designar recursos y hacer compras en esta modalidad, a precios altos y con empresas de dudosa procedencia. Desgraciadamente, la información real sobre lo que están gastando será difícil de conseguir inmediatamente para su análisis y publicación en medios, y por parte de otros organismos que dedicamos esfuerzos al combate a la corrupción.

La ONU dedica un día específico para recordarle a gobiernos y ciudadanía de todo el mundo sobre la importancia de vigilar, participar y construir instituciones y procesos para hacer frente al cáncer de los negocios personales con dinero público.

Recordemos también que no se trata de casos aislados ni de buenas o malas personas en el servicio público y las empresas privadas con las que operan; la corrupción es, siempre, una red extensa de personas que operan bajo el amparo de un sistema de impunidad generalizada en México, que han nacido y se cultivan en un caldo que culturalmente cada vez los señala más y les permite menos políticamente al ser descubiertos.

SEA
Opinión

SEA: en la antesala de otra designación

Por: Patricia Vargas Bryan

Estamos a unos días de que cierre la convocatoria de un nuevo proceso para designar a la que será la nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Cada vez que abordo este tema sobre un aspecto en particular, creo necesario recordar el contexto de lo que ha significado la participación ciudadana en la conformación de estos costosos, y hasta ahora prácticamente inservibles mecanismos de combate a la corrupción:

Tanto el Sistema Nacional, como los locales, son producto de una lucha de varios años de organismos de la sociedad civil en todo México para abordar la problemática que sigue siendo un cáncer para el desarrollo de nuestro país. Al dar un paso organizado y lograr que se aprobaran leyes como la 3 de 3 o todo el sistema de leyes nuevas y reformas que constituyen el marco legal de los sistemas, nos topamos con estrategias perfectamente articuladas de los gobiernos y sus maquinarias políticas para proteger sus intereses y encontrar vacíos legales para ocultar información pública, escapar de procesos administrativos y penales, y por supuesto evitar consecuencias políticas y electorales de los malos manejos y actos de corrupción.

En Coahuila, el estado en el que hemos participado activamente como PC29 durante todo este tiempo, las estructuras del gobierno estatal junto a sus aliados del sector privado, han blindado perfectamente al Sistema para evitar que logren colarse perfiles de ciudadanos eficientes y adecuados para realizar con eficacia las funciones que le corresponden, especialmente, al CPC. Desde la integración de la Comisión de Selección podemos darnos una idea de lo que podemos esperar de los procesos de selección de miembros del CPC local.

Tras una primera convocatoria que fue declarada desierta, para luego agregar requisitos a la segunda (cuando la lógica indicaría que el segundo proceso debía simplificarse para convocar a más participantes), la “nueva” comisión de selección quedó prácticamente idéntica a la primera que ocasionó el desastre. Se armó de su sofista estrella para asegurar entrevistas a modo y de personajes que se han aliado al gobierno del estado para proteger sus intereses gremiales o personales. Funcionarios y exfuncionarios enviados para encajar con calzador a los requisitos que prevé la ley para ocupar esos espacios, se encargan de impedir sistemáticamente la llegada de ciudadanos con capacidades y convicción de servir a los verdaderos objetivos de esta red de instituciones, que debe aceitarse desde el Consejo para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción en nuestro estado.

La avalancha de indignación y entusiasmo democrático provocada por la conformación de la Alianza Anticorrupción, ha sido desinflada exitosamente por el equipo reunido para ese propósito por parte del gobierno. En cada convocatoria se vuelve más difícil encontrar ciudadanos dispuestos a participar en los procesos; y no se trata de falta de capacidad o de perfiles, sino de un desencanto natural que ha sido provocado, y el temor de activistas y otros profesionales de ser señalados, hostigados o simplemente descalificados sin fundamentos en las distintas etapas del proceso.

El llamado que quiero hacer en esta reflexión, es para las organizaciones sociales de todo el estado. La desilusión es natural, pero no puede convertirse en el balde frío que apague nuestra legítima intención de participar, de buscar mejores formas, de acompañar y seguir convocando a la ciudadanía a tomar parte activa en las decisiones del gobierno. Las transformaciones que anhelamos no sucederán de un día para otro, ni de la mano de un líder mesiánico. Debemos construirlas todos los días, con carácter y determinación, pero sobretodo con la certeza de que hemos conquistado espacios importantes, aunque aún no nos ha sido permitido ocuparlos. Nuestra fuerza está en la unión, la comunicación, el diálogo y la suma de nuestras herramientas, recursos y capacidades

Foto: Telemundo
Opinión

Lo normal…

Por Miguel Ángel Ordaz

Considerar que algo es normal puede derivar de las siguientes circunstancias: que se repite con frecuencia, que se sujeta a una norma, que de tanto repetirse se crea la costumbre que suceda, y que como tal, forma parte de la cultura. Ésta, se compone además de valores y prácticas, lo que nos indica que cuando asociamos lo normal con la costumbre y la cultura, se establecen las características socioculturales de una comunidad.

Visto así se puede hacer un sencillo ejercicio para determinar cómo es esa comunidad y qué la caracteriza. Ante situaciones de apremio, se aguza el ingenio, se crea, se innova, todo para salvar el apuro. La presión pues, obliga a atender y resolver problemas siempre y cuando, claro, se tenga el interés por actuar. A mi juicio, estamos frente a un escenario donde asuntos que no eran normales, empiezan a serlo, como es el caso de los datos, las cifras, el discurso y sus ofertas, hacer de la tragedia algo normal es un reflejo del tipo de sociedad que se tiene; el asunto viene al caso porque tal parece que nos estamos acostumbrando a ella en tanto los números y porcentajes van tomando carta de naturalización y nuestra capacidad de asombro va desapareciendo, como sucede con los homicidios que a diario azotan regiones del país, ya sea jovencitos en Michoacán, adultos en el corredor Salamanca – León en Guanajuato, una familia en los límites de Chihuahua y Sonora, corredor industrial en zona metropolitana de Guadalajara; la indiferencia sobre el número de mujeres que a diario son asesinadas, nos dice – salvo algunos grupos organizados-, que solo son eso, un número.

El pasmo en que nos encontramos refleja el subdesarrollo en el que estamos, el no querer abandonar la zona de confort, el no interesarnos en lo que sucede, en fin, que nos seguimos tragando lo que el gobernante dice como si fuera una verdad de peso sin cuestionar o siquiera dudar de ello. De las cifras pasamos al discurso oficial donde solo hay una afirmación incuestionable y tolerada, no importa que sean verdades a medias o mentiras completas, basta con que lo diga la figura y aparezca ésta en los medios de información, abusando del entorno: un niño en silla de ruedas recién estrenada, un campesino recibiendo una caja con alimentos, que tiene como contraste a quien la entrega, bien vestido y comido; total esto ha sido normal, es la costumbre. Así también lo ha sido el abuso en el ejercicio del poder en tanto quien lo ejerce no rinde cuentas a nadie, y en el mejor de los casos acude a un congreso donde nuestros representantes solo atienden la instrucción y la formalidad, total lo normal es que la división de poderes y los pesos y contrapesos aparezcan en el discurso con foto y todo.

Los dichos siguen siendo más que los hechos; y los usos se acompañan de los abusos aunque claro, legales, no importa que sean injustos, como resulta con el poder: disponer de nuestros impuestos para pasear la imagen de quien tiene el poder, al cabo que siempre es mejor gastar el dinero de los demás.

No más esta normalidad; rescatemos nuestra calidad de ciudadanos que le damos un mandato a quien nos gobierna y exijámosle que nos cumpla. Hay que sacudirnos este pasmo y modorra que tanto nos ha dañado. Hagamos que los hechos sustituyan a los dichos, participemos conociendo lo que obliga al gobernante y analicemos lo que sigue siendo injusto, aunque sea legal.

PC 29 mantiene su propósito de exigir a partir del conocimiento; acércate, amable lector, te decimos cómo.

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Opinión

Incidencia, organización e independencia

Por Alejandro Buendía

El 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacudió con fiereza y sin miramientos al Valle de México. El saldo de la tragedia, se calcula, fue de poco más de 20 mil muertos. Años después, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto, con epicentro en el estado de Morelos, y que impactó severamente a los estados de Oaxaca, Puebla y a la misma Ciudad de México, le quitó la vida a otras 369 personas.

Estas dos catástrofes naturales tienen un punto de encuentro, y no necesariamente es la fecha, sino la corrupción.

Tanto en 1985, como en 2017, los edificios que se desplomaron no eran los más antiguos, ni los coloniales, ni los vestigios que adornan las calles del centro del país. La infraestructura colapsada fue construida por el gobierno y por empresas particulares que, por ahorrarse unos pesos, levantaron altas estructuras sin las debidas medidas de seguridad.

Estos temblores, sobre todo el de 1985, vinieron a desnudar todo un esquema corrupto que le quitó la vida a cientos de personas.

El Centro Médico, los multifamiliares, escuelas y casas de interés social fueron las edificaciones con más afectaciones en 1985. Mientras en el 2017, luego de la amarga experiencia 32 años atrás, no fueron las estructuras gubernamentales las que se colapsaron, sino complejos de clase media y alta de departamentos y escuelas particulares de reciente creación.

Ante todo esto, después de la tragedia de 1985, la sociedad civil comenzó a tomar un papel preponderante en el quehacer público mexicano; se organizó, peleó, luchó y buscó que los responsables de tales atropellos pagaran por su descuido y su intransigencia.

¿Esto qué relación tiene con Coahuila? ¡Toda! Está por concluir la selección del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Independientemente de la persona que vaya a ser elegida, será necesario que ésta se comprometa a cabalidad con la sociedad, con la ciudadanía, con la estructura y con las necesidades de una sociedad fracturada y desmotivada por el aire de impunidad que reina en todo el país y particularmente en la región y en el estado.

Como parte de la sociedad civil organizada de la Comarca Lagunera y de Coahuila, apoyaremos en todo lo que sea posible para lograr incidir, para que paguen quienes tengan que pagar, para que rindan cuentas quienes le deban algo a la ciudadanía y para solidificar un sistema diseñado para perdonar y solapar tropelías, no para impartir justicia y promover el desarrollo y la paz social.

Independencia, autonomía, organización, coordinación, interlocución y proactividad son los seis elementos que como sociedad civil necesitamos para empoderar a los ciudadanos. Hacemos un llamado respetuoso a todas aquellas personas que quieran vivir en una región y en un estado de justicia y respeto a que se sumen a nuestra lucha, a que nos coordinemos y busquemos incidir para mejorar nuestras condiciones de vida, y para que paguen quienes abusaron de nuestra confianza.

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