PC29 en los medios

Pronunciamiento

Torreón, Coahuila a 21 de junio del 2019.

El pasado 26 de febrero de 2019 se presentó ante el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro un punto de acuerdo en el que se exhortó a la Fiscalía General de la República que solicite vía asistencia jurídica internacional la información correspondiente a los presuntos ilícitos cometidos por Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila, y su red de copartícipes.

“La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, derivado de la detención con fines de extradición del ex gobernador interino de Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, solicite, vía asistencia jurídica internacional, la información correspondiente de los ilícitos cometidos presuntamente por dicho ex servidor público y su red de copartícipes, a efecto de demandar la extinción de dominio de cuentas y acervos patrimoniales con el fin de que se reintegren el erario del estado de Coahuila los montos que llegaren a determinarse como objeto del delito”.

El punto de acuerdo cumplió más de tres meses en la Comisión de Justicia del Congreso Federal y su resolución fue “desechada”.

Como miembros de la sociedad civil organizada, Participación Ciudadana 29 Laguna ha pugnado por esclarecer los temas que atañen al combate a la corrupción en la entidad.

Desechar este punto de acuerdo, significó dar un paso hacia atrás en la batalla que ciudadanos hemos emprendido para terminar con el fenómeno de impunidad que reina en nuestro sistema político y social.

Por ello, solicitamos con respeto a los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que expliquen a toda la ciudadanía coahuilense por qué decidieron desechar el punto de acuerdo, y que reconsideren su determinación para que los funcionarios responsables de los ilícitos cometidos en los últimos años paguen con todo el peso de la ley.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados está integrada por los siguientes legisladores:

Rubén Ignacio Moreira Valdés – PRI – Coahuila

María Del Pilar Ortega Martínez – PAN – Guanajuato

Rubén Cayetano García – MORENA – Guerrero

Adriana María Guadalupe Espinosa de Monteros – MORENA – Ciudad de México

David Orihuela Nava – MORENA – Ciudad de México.

Claudia Pérez Rodríguez – MORENA – Tlaxcala

Martha Patricia Ramírez Lucero -MORENA – Baja California

María del Rosario Guzmán Avilés – PAN – Veracruz

Lizbeth Mata Lozano – PAN – Baja California

Mariana Rodríguez Mier y Terán – PRI – Tamaulipas

Ana Ruth García Grande – PT – Baja California Sur

Juan Carlos Villarreal Salazar – MC – Jalisco

Armando Contreras Castillo – MORENA – Oaxaca

María Elizabeth Díaz García – MORENA -Estado de México

Édgar Guzmán Valdéz – MORENA – Puebla

María Roselia Jiménez Pérez – PT – Chiapas

Verónica Beatriz Juárez Piña – PRD – Jalisco

José Elías Lixa Abimerhi – PAN – Yucatán

María Teresa López Pérez – MORENA – Jalisco

Luis Enrique Martínez Ventura – MORENA – Estado de México

Marco Antonio Medina PérezMORENA – Veracruz

Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina – PES – Estado de México

Ximena Puente De la Mora – PRI – Colima

Nancy Claudia Reséndiz Hernández – PES – Estado de México

Jorge Romero Herrera – PAN- Ciudad de México

Rubén Terán Águila – MORENA – Tlaxcala

María Luisa Veloz Silva – MORENA – San Luis Potosí

Lorena Villavicencio Ayala – MORENA – Ciudad de México

Opinión

La corrupción no es delito, tampoco el fraude electoral

Por Moisés Picazo Salazar

Empezaré con una cita: “La pregunta parece ociosa, pero no lo es. En distintos ámbitos del sector público federal, en especial de procuración e impartición de justicia, permea el criterio de que la corrupción no es un delito. Si esta idea permea, se pondría en jaque la funcionalidad y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción, pues cualquier desvío de recursos públicos quedaría impune”.

Quienes afirman que la corrupción no es un delito parten de una premisa difícil de aceptar. Su argumento es que cuando se reformó el paquete legal que creó el SNA en junio de 2016, también se modificó el Título Décimo del Código Penal Federal para denominarlo: “Delitos por Hechos de Corrupción”.

En la misma reforma se previó que el nuevo Título Décimo entraría en vigor cuando los Senadores nombraran al Fiscal Anticorrupción. El problema es que como eso no ha sucedido, entonces la denominación “Delitos por Hechos de Corrupción” es inexistente y, por lo tanto, la corrupción no es un delito en México. Así de simple.” Luis Pérez de Acha

Esto último quedó resuelto el 8 de febrero de 2019, cuando el fiscal general nombró a María de la Luz Mijangos como fiscal anticorrupción del SNA.

“Lo primero que hay que decir es que no existe un “delito de corrupción” propiamente dicho, al menos en el sentido coloquial que habitualmente se maneja, ya que dicho delito no está tipificado por la ley”.

Hemos vivido entonces con la marca equivocada, pues a diario nos dicen: “combatiremos la corrupción”, “meteremos a la cárcel a todos los corruptos”, ya no habrá más corrupción” y no pasa nada.

Efectivamente tanto a nivel nacional como a nivel local, no se ha logrado atrapar “los peces gordos” de la corrupción, por ejemplo la Ley 3 de 3 a nivel nacional se podrá aplicar hasta 2020.

A nivel local, la siguiente declaración ilustra bien el combate a la corrupción: “La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila no es una oficina recaudadora, subrayó Jesús Homero Flores Mier, al precisar que es un área de investigación de delitos de peculado y que trabajan, en estos momentos, con agencias norteamericanas a fin de mejorar la eficiencia de la dependencia.” Noticias Sol de la Laguna. 15 de abril de 2019

Otro ejemplo: “Conoce a la fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción en el estado de Coahuila de Zaragoza”

“CCICOAH 8 mayo,2019 …. El Lic. Diego Garduño, de la Fiscalía anticorrupción expuso de manera clara los fundamentos jurídicos de la creación de la fiscalía, las facultades del fiscal, la constitución orgánica de la fiscalía especializada y una clara definición con ejemplos prácticos los delitos que persigue dicha fiscalía como lo son, el cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y otorgamiento ilícito de cargo, empleo o comisión oficiales.”

A falta de espacio, lo único que se puede decir es que las leyes que los partidos políticos y sus gobernantes han hecho por medio de sus diputados –que no nuestros- son de tal manera que es muy difícil, por no decir imposible, ya no digamos acabar, sino tan solo combatir la corrupción.

En cuanto al fraude electoral, para no aburrirlos, se los dejo de tarea, vean la  brevísima Ley General en Materia de Delitos Electorales y verán que no existe tal delito, ni anula la elección o que sea causal del voto por voto o casilla por casilla, etc.

La sugerencia de siempre, como ciudadanos, hagamos que este país camine y olvidémonos de los políticos, de los partidos, y los gobiernos en general.

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Opinión

El primer acto de corrupción

Por Patricia Vargas Bryan

Ya sea que le atendamos desde un enfoque sistémico, o considerándole un problema cultural, la corrupción implica siempre una oportunidad y, por lo menos, una decisión en contra de los códigos éticos vigentes en el contexto, o fuera de la legalidad.

Las oportunidades para cometer un acto en beneficio personal (o colectivo) a costa de los intereses de la comunidad pueden presentarse de manera esporádica, o ser parte de una estructura (a lo que hemos llamado redes de corrupción) que orquesta operaciones implicando acciones o complicidad de funcionarios en diferentes niveles de influencia al interior, o incluso complejas redes de coordinación interinstitucional.

Cuando vemos la proporción del presupuesto municipal, estatal y seguramente federal que es destinado a cubrir el pago de nóminas (aún bajo supuestos esquemas de austeridad) entendemos que uno de los mayores beneficios que una administración puede ofrecer a cambio de prebendas, favores, apoyos en campañas electorales o afiliaciones partidarias, es la promesa de un cargo público –sin interesar que el perfil del sujeto corresponda a las necesidades del cargo-. Esa promesa y su cumplimiento, como ya se ha advertido en muchas ocasiones, constituye el primer acto de corrupción: tanto ofrecer el puesto, como aceptarlo sabiéndose incapaz de cumplir con el encargo.

Todas y todos conocemos los casos. A diario vivimos las consecuencias y escuchamos las evidencias de la inexistencia de procesos profesionales de selección y reclutamiento de la burocracia (en todos sus niveles) en México. En las instituciones educativas, en las de salud, en direcciones y secretarías, en el sistema judicial, en los congresos, alcaldías, en todos o cualquier cargo.

Los currículum de cualquier funcionario público deben de ser fácilmente localizables en páginas de información de los gobiernos. Hagamos el ejercicio de revisar algunos cuantos. Un paso más allá: solicitemos a las dependencias la descripción del puesto que desempeñan nuestros sujetos de estudio para comparar la experiencia y conocimientos descritos por el empleado y las exigencias del cargo. La mayoría, lamentablemente, ni siquiera cuentan con el desarrollo de esas herramientas detalladas; y en algunos casos se trata de puestos inventados por la administración u organigramas modificados a voluntad sólo para cumplir con el trato.

El servicio profesional de carrera ha sido una propuesta clara y viable de la sociedad civil para contrarrestar un fenómeno que no cuesta sólo pesos y centavos, sino vidas en todos los estados. A medida que avanzan estas propuestas y otras mayor grado de complejidad desde su planteamiento y para su aplicación, supondríamos que las administraciones irían transformando (o por lo menos sofisticando) las prácticas que en otro momento podían hacerse con total descaro.

Lamentablemente el ritmo de las demandas  ciudadanas  no coincide con el de la comprensión de nuestra clase política. Así, por absurdo que parezca, los partidos se siguen dando el lujo de proponer a candidatos como Sergio Mayer; los gobernadores se llevan a sus protegidos y aliados, sin el menor reparo, hasta el mismísimo poder judicial y les hacen magistrados; así hay alcaldes que protegen a directores déspotas, acusados incluso de acoso sexual y de conducir en estado de ebriedad cuando su encargo es precisamente poner orden en las vialidades.

Opinión

Corrupción metropolitana

Por Patricia Vargas Bryan

En PC29 hemos construido nuestra experiencia como organismo de la sociedad civil principalmente en el municipio de Torreón y el estado de Coahuila, pero es innegable que el fenómeno de corrupción, y la necesidad de construir una ciudadanía más participativa y corresponsable, son inherentes a todos los municipios de nuestra zona metropolitana.

En este contexto, decidimos sumar esfuerzos junto a otras organizaciones sociales, empresariales y educativas para impulsar la campaña Metrópoli Laguna. En redes sociales, las cuentas de la campaña difunden información sobre temas fundamentales en los que, lamentablemente, los gobiernos municipales y estatales no han tenido la capacidad de coordinarse: transporte público, reglamentos, cuidado del ambiente, agua potable, etc.

Coordinarse para gobernar una zona metropolitana implica, invariablemente, el reconocimiento de que los otros municipios y la otra entidad, en el caso de La Laguna, son igualmente complejos e importantes. Mientras la supuesta superioridad económica de un municipio siga siendo el factor determinante para las relaciones metropolitanas, los obstáculos para diseñar y ejecutar planes comunes a todos, seguirán aumentando.

En un marco de coordinación horizontal entre autoridades municipales y estatales, se teme normalmente a la pérdida de facultades o autonomía de cada uno, para cederlas a espacios comunes en los que, seguramente, también existirán marcos regulatorios distintos.

Imaginemos que, para el diseño y construcción de una obra metropolitana (como un puente), los directores de obras públicas de dos o más municipios se vean obligados a colaborar con la misma voz y voto. En esta fantasía, podemos imaginar también que las administraciones a las que pertenecen provienen de partidos distintos, y que a su vez son distintos a los de sus gobiernos estatales. ¿En qué términos podrían desarrollarse las corruptelas tradicionales? ¿Qué acuerdos tendrían qué generarse para la contratación de proveedores? ¿Se verían obligados a funcionar como candados un director del otro, o encontrarían la manera de beneficiarse ambos?

Al participar en este proyecto de Metropolización, para PC29 es importante que se integre a esta visión el eje de gobernanza. Cualquier cambio de reglas en la dinámica metropolitana de La Laguna, deberá acompañarse de nuevos modelos de participación ciudadana sustantiva, que permitan también incidir en una reducción de los fenómenos de corrupción e impunidad.

Nunca más, en ningún ámbito de la vida política del país, debemos soltar las agendas ciudadanas. Nunca más, permitir que gobernantes y funcionarios tomen las decisiones que nos competen a todos, a puerta cerrada. La Laguna necesita coordinarse pero no desde la perspectiva del beneficio particular de un político o el interés cómplice de un empresario, sino desde la conciencia del cambio que beneficie a todas y todos los ciudadanos.

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