Opinión

La Policía en Torreón no te cuida

Por Alejandro Buendía

La policía en Torreón no te cuida. Lamentablemente esa es la percepción general de la ciudadanía. La confianza está quebrada en pequeños pedazos irreparables.

¿Por qué no nos sentimos seguros cuando está cerca de nosotros una patrulla de la policía municipal o de tránsito y vialidad? Sencillo, porque más que cuidarnos, nos vigilan con detenimiento, a la espera de cualquier error, por más ínfimo que éste sea, para reprendernos.

Lo que pasó recientemente con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez, en las calles de Torreón, es sólo una muestra de la barbarie policiaca.

No se trata de que haya manejado en mal estado o no, la detención, de acuerdo con lo declarado por el ministro, estuvo llena de irregularidades. Y es que en Torreón las corporaciones policiacas son entes recaudatorios que exprimen el bolsillo de la ciudadanía.

¿Por qué defender la postura de ministro? Porque el Ayuntamiento de Torreón no se ha atrevido a mostrar las supuestas pruebas que verifican el mal estado en el que estaba manejando Laynez Potisek, porque una vez más guardaron silencio, porque apelan a la memoria corta para que todo se olvide y la vida siga su cauce.

Para aspirar a vivir en una región competitiva, es indispensable preparar policías que respeten plenamente los derechos humanos, que estén para preservar el orden social, no para acosar y hostigar a la ciudadanía.

En Torreón, lamentablemente, la policía no te cuida. La preparación de los uniformados es precaria. La vocación por reprender, extorsionar e intimidar a las personas la tienen tatuada y adherida en la piel.

¿Queremos un Torreón y a una región amable para vivir? Empecemos por regenerar a nuestras instituciones, respetemos los derechos humanos y hagamos de las corporaciones policiacas una alternativa confiable y eficaz para preservar el orden y brindar seguridad a toda la ciudadanía.

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Opinión

Fuenteovejuna: una y otra vez

Por Luis Alberto Vázquez

En pleno siglo de oro español, Lope de Vega escribe una obra de teatro barroco basada en un hecho real ocurrido en 1417. Ésta ha trascendido los siglos y hoy nos evoca una realidad vigente: El comendador de Fuenteovejuna, Fernán Gómez de Guzmán comete toda clase de crueldades contra sus vasallos; soberbio y lujurioso humilla a los hombres y fuerza a las mujeres; desprecia la autoridad de los Reyes; envalentonado cada vez más y más aumenta sus infamias. En el colmo de su iniquidad secuestra a Laurencia, joven recién desposada, llevándosela a su castillo. Laurencia logra escapar, ofendida y abusada se dirige al pueblo en un clímax emotivo crucial, con su desesperación incita a una revuelta, la cual estalla con enorme violencia y el cadáver del tirano es recogido con picas y espadas para exhibirlo despedazado; la venganza popular se ha consumado.

Conocido el suceso los Reyes ordenan una investigación. A pregunta expresa: ¿Quién mató al Comendador? Todo el pueblo responde con una voz “Fuenteovejuna, señor”. Y los reyes no tienen más remedio que dar por salvado lo sucedido, y pasar a Fuenteovejuna bajo la jurisdicción real.

Jorge Ibargüengoitia el genial escritor guanajuatense escribió una obra político-satírica que fue llevada a la pantalla cinematográfica: “La Ley de Herodes”. Trata del caso de la corrupción priista en un paupérrimo pueblo llamado San Pedro de los Saguaros, donde linchan al presidente municipal. De la capital del estado envían a un burócrata que primero quiere hacer bien las cosas, pero luego descubre que fácil es enriquecerse de manera deshonesta y se aplica con vigor tal a lucrar que termina despreciado por el pueblo que busca matarlo, sólo que, en este caso, la llegada de la policía lo impide y el voraz político se salva.

Cuenta la tradición que la palabra “linchamiento” proviene del juez norteamericano Charles Lynch quien en 1780 ordenó la ejecución popular de una banda de fieles a la corona británica sin dar lugar a juicio. Aclarando que las acciones de ese acto cruel, ilegal, antiético e inhumano son muy anteriores a su bautizo y buscan justificaciones lo mismo políticas que ideológicas, religiosa y hasta de venganza popular.

Hoy en día estas acciones se están volviendo virales en todo el mundo, pero muy especialmente en México. Recordamos algunos casos de décadas pasadas: en Quintana Roo donde por robar doce mil pesos, un individuo recibió muerte a machetazos, la policía no pudo rescatarlo. En muchos lugares los pobladores de la comunidad, cansados de sufrir por la delincuencia, ante la falta de respuesta de la policía toman justicia por su propia mano. En Ecatepec a dos ladrones les sacaron los ojos los pasajeros de un camión que estaba siendo asaltado; la policía guardo silencio absoluto. Lo más terrible sucedió en Ajalpan; Puebla, ahí los habitantes lincharon a dos jóvenes acusados de plagiarios y violadores; más tarde se comprobó que ambos ajusticiados eran inocentes, trabajan en recolección de encuestas.

La semana pasada en Huitzilac, Puebla, sus pobladores lincharon a dos hombres dentro del Palacio Municipal (mismo que había sido quemado por ellos mismos hace unos años), luego de que estos intentaron privar de la libertad a una mujer; los vecinos que lo impidieron después de golpearlos les prendieron fuego estando conscientes los ajusticiados.

Estos últimos días en Pantelhó, Chiapas un grupo de hombres encapuchados y armados denominados “autodefensa” obligó a renunciar a la alcaldesa en funciones e impidió que ocupara el cargo el recién electo. En Simojovel, Chiapas un grupo denominado “fuerza armada del pueblo” asegura exigir justicia y respeto de los derechos humanos de los indígenas y salvaguardar la integridad de los ciudadanos; lanza mensaje violento al alcalde entrante y asegura conocer la corrupción que enriqueció a las anteriores administraciones, las cuales están impunes; amenaza con una respuesta violenta en caso de que no se cumplan con siete peticiones sociales a favor de los habitantes.

En Iguala, Guerrero, un vídeo muestra que integrantes de un supuesto grupo de autodefensa comunitario retiene a 20 personas postradas, torturadas e interrogándolas sobre oficio y nombre de su jefe. Se supone que los cuestionados pertenecían a grupos delictivos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; así mismo, aseguran eran quienes extorsionaban y mataban a gente inocente; “…son la basura que tiene en terror a esta bella ciudad”. Posteriormente aparecieron asesinados algunos de los interrogados.

¿Qué nos deshumaniza como seres humanos? ¿Qué nos lleva a destruir en público a personas como en la barbarie? ¿Qué mentalidad nos hace regresar a la “Ley de Talión”? ¿A creer que terminar con la vida de un transgresor es acabar con la delincuencia? ¿Qué nos lleva a convertirnos a su vez en delincuentes? ¿Qué cambios políticos han surgido provocando que nos sacudamos ilegalmente a gobernantes indeseables?

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Opinión

Otros pendientes

Por Miguel Ángel Ordaz

Cuando el engaño, la mentira, la simulación, el abuso de poder, el cinismo, la falsa modestia, el encapsulamiento en campana de cristal se pueden identificar en una persona, esa es un legislador; claro que no todos son así pero una vez que consiguen el voto para tener un mandato, asumen algunas de las características señaladas. También asumen otras conductas que acompañan a una transformación física y de presencia: Algun@s embarnecen, aumentan de peso y pasado algún tiempo, brillan y se nota que están en tratamiento facial y capilar, pero el cambio más importante es el olvido, ¿Qué olvidan? su origen, en cuanto tienen un mandato otorgado por los ciudadanos, se olvidan de su  obligación fundamental, la representación de los intereses de los mandantes, es decir, nosotros, su compromiso con la sociedad, con la comunidad y su desarrollo.

A cambio de este olvido, están más que prestos para formar parte de la nómina y los beneficios adicionales que implica el cargo para el que fueron votados; así mismo y al parejo de la búsqueda de buenas posiciones y nuevas amistades que les reditúen, se involucran en la rebatiña (v. concurrir a porfía a coger algo, arrebatándoselo de las manos unos a otros) por las presidencias y secretarías de las Comisiones del Congreso, mismas que representan privilegios y poder político; en la medida que se van posicionando de cargos se van alejando de los compromisos e intereses de quienes otorgamos el mandato.

Sin embargo, esto ocurre en gran medida porque al igual que ellos -los legisladores- nosotros los ciudadanos, los miembros de la comunidad, también caemos en el olvido de nuestros derechos fundamentales de exigir se cumpla a plenitud el mandato otorgado por la vía del voto; concluida la elección con los sabores y sinsabores que dejaron los resultados, damos vuelta a la página; aunque no todos lo hacemos, una buena parte de la comunidad sí. Para que no se nos olvide debemos insistir en que el poder que tienen deriva de la voluntad de los ciudadanos, en el doble rol de mandantes -los que mandan- y contribuyentes, por lo que debemos precisar algunas cosas: el derecho político de votar y ser votado deriva de la relación entre ciudadanos y representantes por lo que la primera obligación que tiene el legislador es la representación efectiva de quien lo votó; el dinero del que dispone el gobierno, no es de quien gobierna, no es de la persona  por lo que no es un favor, no es de agradecer cuando se aplica para atender necesidades y mejorar servicios públicos, es obligación.

Por efecto demostración y porque es y ha sido el modelo a seguir en los gobiernos locales, lo que sucede en el congreso nacional suele repetirse en forma, modalidad y practica en los congresos locales y no se diga en los Cabildos, donde el que gana, gana todo y en el que la oposición habla, discute, protesta, grita, es aplastada por la mayoría, y en ocasiones su presencia solo es testimonial. Sin embargo, en este intento de regresión a los tiempos de 1970 y años posteriores (centralización, estatización, autoritarismo) con la propuesta de iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, los políticos siguen entendiendo que la democracia es en un día, voto y olvido, por ejemplo, uno de los 45 compromisos que el presidente López Obrador estableció durante la toma de protesta para su cargo y encargo…”respetar a los contratos suscritos por gobiernos anteriores…dar seguridad a las inversiones… en México habrá respeto al Estado de Derecho” todo a partir de la instalación de un nuevo modelo económico. Amable lector en PC 29 analizamos estos aconteceres que nos dicen para dónde van los legisladores que mandatamos; es el momento de llamarles y llamarlos a cuentas sobre el partido que tomarán en este importante y delicado asunto, involúcrate, participa, te decimos cómo.  

En el Cajón

Parece que regresión es el verbo, y complicidad y mentada al electorado, a toda la sociedad. La intención,  según se puede observar, serán los votos faltantes a Morena y satélites, y parece que el tamaño de la cola de su presidente y coordinador parlamentario en cámara de diputados – ex gobernadores de Campeche y Coahuila- así lo decidirán, son del PRI. Para ellos y todos los diputados y senadores, de aprobarse la reforma de marras, estos datos* deben llamar su atención: inversiones ya realizadas por 81 mil millones de dólares se perderían, 24 mil millones de dólares en inversiones planeadas para los próximos años, y por demandas presentadas por grandes empresas 200 mil millones de dólares más. ¿Tienen este dinero el Presidente y asesores, diputados y senadores, gobernadores, diputados de congresos locales, para cubrir estos costos que por intransigencia y complicidades resultarían de aprobarse dicha reforma? Pues el Transitorio Tercero inciso A dice “Los permisos de generación eléctrica otorgados por y los contratos de compra – venta de electricidad con el sector privado se cancelan…” y el Transitorio Cuarto “la participación en la generación de energía eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control de la Comisión Federal de Electricidad”. El futuro de las nuevas generaciones y del país queda al capricho, intereses y vísceras de unos cuantos.        

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Opinión

Y el perdón de la historia mexicana, ¿cuándo?

Por Luis Alberto Vázquez

Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas.”
Porfirio Díaz. Mayo, 25 de 1911

Con motivo del bicentenario de la Independencia de nuestro país, se recibió una carta clara y precisa del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica cuyo contenido no deja dudas sobre su auténtico designio:


“Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que, en tiempos más recientes, se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del Pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos, vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias, y a construir la tan anhelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de los intereses particulares, las tensiones y los conflictos”.

Esta misiva que denota humildad en el máximo jerarca de una institución milenaria mundial es una lección para reacomodar la historia de México. Pienso que ha llegado el momento de pedir a Quetzalcóatl que descienda nuevamente al Mictlán y retorne con los huesos de personajes del pasado histórico del México independiente y los ubique en su genuino nicho, generando un nuevo sol con iluminación carente de intereses partidistas e ideológicos, incluso, sin cancelar a fetiches impuestos.

La historia oficial mexicana ha llenado de mentiras y de estiércol a verdaderos héroes como Agustín de Iturbide, el único y auténtico consumador de la independencia. Más allá de sus muy personales sueños de grandeza imperial, él creó este país, su bandera y hasta instituyó su nombre. Merece sino una ciudad, mínimo un hemiciclo, y regresar su nombre a algunas calles como la avenida Carranza de Torreón y a algunas plazas cívicas.

Porfirio Díaz, defensor de la patria en dos guerras extranjeras y exterminador definitivo del segundo imperio. Creador y padre del modernismo nacional, pacificador en su momento y constructor de infinidad de obras y ciudades que identificaron a un México próspero y emergente, ejemplo mundial cuando lo creían salvaje y violento, elevándolo entre las grandes naciones del mundo en su época. Recuperar su nombre en ciudades como Piedras Negras, en calzadas y plazas principales es una deuda actual.

El PRI, fiel a su “Nacionalismo Revolucionario” durante su reinado acomodó la historia patria a sus intereses y tuvo el valor de engrandecer a muchos que no lo merecía; encumbró a sus héroes en pedestales inmensos junto a sus líderes políticos, unió a enemigos en vida con excelsa comunión histórica como Calles con Cárdenas u Obregón con Carranza y hasta elevó a aquellos que ellos mismos habían exterminado.

El PAN solamente hizo justicia a sus héroes partidistas como José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín, pero tuvo pavor de reconocer a personajes como Lucas Alamán, un genio del Siglo XIX en historia, educación y economía; menos al general Enrique Gorostieta, héroe de la defensa de Veracruz y luego jefe militar supremo de la Cristiada; muy amado por quienes fueron la base popular de este partido al nacer: los cristeros y/o sinarquistas.

La 4T empezó ya a evocar sus ídolos con un merecido reconocimiento a Felipe Ángeles (de quien he escrito bastante desde hace muchos años) y rememorando las culturas autóctonas meso y aridoamericanas, pero casi imposible que lo haga con los primeros aquí mencionados.

A Villa y a Zapata el pueblo es quien los ha reconocido sin esperar que los historiadores oficiales lo hagan; surgen, casi como generación espontánea, colonias, calles y hasta monumentos con sus nombres por iniciativas populares.

Si bien es cierto que pedir perdón no cambia lo omitido y hasta ofendido, si altera la memorable realidad y ofrece a las generaciones venideras un panorama histórico más nítido; imparcial y hasta honesto de nuestra visión mítico-nacionalista.

Opinión

SEA: El dedo en la llaga de los procesos de designación

Por Patricia Vargas Bryan

Nuevamente, los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción están en el ojo de organismos de la sociedad civil que hemos acompañado el camino desde su construcción hasta la consolidación de sus instituciones, debido a las convocatorias vigentes para la integración de nuevos miembros.

La que más nos ocupa y preocupa, es el Consejo de Participación Ciudadana. Este grupo de cinco personas en el caso de Coahuila cuyo presidente se encarga de presidir también al engranaje de instituciones que integran al Sistema, es el componente que debería de representar la imparcialidad, el apartidismo y los intereses de la ciudadanía para incidir en la detección de casos de corrupción, el seguimiento a las investigaciones, el desmantelamiento de las redes que posibilitan la corrupción sistémica en nuestro estado y sus municipios, y en general, promover una cultura de buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas de la función pública en nuestro estado.

Sin embargo, sobra decir, el costoso SEA ha entregado de pocos a nulos resultados en nuestro estado. Los procesos de designación tanto del CPC como de la comisión que se encarga de designarlos ha estado plagada de irregularidades, por decir lo menos, que deslegitiman la participación de todos o casi todos sus integrantes.

Junto a otros organismos locales y nacionales, en PC29 nos hemos pronunciado enérgicamente por mejorar estos procesos de designación desde el marco normativo hasta la práctica de convocatorias, entrevistas y evaluación de perfiles. Las razones sobran para desconfiar de los procesos tal cual suceden al día de hoy:

Durante el proceso de 2018 en Coahuila, la comisión designó a Jafia Pacheco Valtierra, una joven abogada con amplia trayectoria en instituciones públicas del estado, incluyendo un puesto en el Tribunal de Justicia Administrativa, institución perteneciente al propio SEA. Junto a ella, aplicaron también dos mujeres con vasta experiencia en organizaciones de la sociedad civil especializadas en participación ciudadana y rendición de cuentas. Jafia fue la cuarta en calificación de acuerdo a su expediente presentado; sin embargo, algo inesperado ocurrió durante su entrevista, que dejó perplejo al presidente de la Comisión y decidieron nombrarla a ella como integrante del CPC.

De estas malas experiencias ha estado plagado todo el proceso de integración del SEA, y no por ello dejaremos de nombrarlo. La sociedad civil de Coahuila está decidida a impulsar, por todas las vías de participación a las que tenemos acceso, la conformación de un sistema anticorrupción que tenga uñas, dientes y calidad moral para defender los intereses de la ciudadanía frente a las malas prácticas normalizadas en nuestra entidad. En ello nos van las oportunidades de desarrollo, la garantía de nuestros derechos más fundamentales, y la calidad de vida en general, de todas y todos.

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