Opinión

Parece lo mismo

Por Miguel Ángel Ordaz

Publicidad. F divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores. RAL

Ya se había observado durante las campañas electorales; parece que ahora lo estamos viendo en las actividades de los diputados. A pesar de los efectos provocados por la crisis derivada de la pandemia que han impactado en la vida de todo mundo, en nuestro país las cosas siguen como si nada, total, ¿para qué cambiar? No se ha dimensionado la magnitud del impacto de la pandemia y sus efectos, de tal manera que, en el diario acontecer se observan conductas propias del tiempo anterior a la pandemia.

Regresar a la normalidad –no tan nueva- ha significado abandonar las recomendaciones sanitarias básicas por una buena parte de la población, entender que las formas de diversión serán de la misma manera con todos los riesgos que ello implica, considerar normal lo que históricamente no ha sido legal, tolerar que los acuerdos cupulares de grupos políticos y parlamentarios es tan normal como la no representación efectiva de nuestros intereses, mantener la práctica de las declaraciones de servidores públicos  como sustituto de los hechos, entre otras formas que no han perdido vigencia.

En el parloteo matutino, la más alta representación mantiene verdades a medias adosadas de novedades para contar las mentiras que diariamente se publican, sin considerar que las propias llevan ya casi 3 años, mismas que permiten observar una pobre gestión gubernamental, cuyos efectos han sido lamentables y donde parece que pesa el afán de destruir en lugar de reestructurar y esto se debe a que no se privilegió el diagnóstico para conocer realidades de instituciones, programas, fideicomisos, y la práctica continua.

Salimos del tiempo de las promesas, de los discursos salvadores para regresar a la realidad de las visiones ‘-llueve truene o relampaguee se regresará a la educación presencial en todos los niveles- solo falta el decreto; al escenario del mayoriteo en la cámara de diputados para no quitar el fuero a dos sujetos, uno acusado de acoso a menores, y el otro de fraude, le dicen enriquecimiento ilícito, y donde el espíritu de cuerpo se manifiesta una vez más; al cuidarse entre ellos solo se puede a través de la complicidad, total el cargo y la curul para eso sirven.

 En la realidad regional y local se impulsa y privilegia la imagen, las frases hechas, y como lo vemos y leemos, para que se mantenga esta práctica, se usan nuestros impuestos para el pago a los distintos medios donde aparecen; en no pocos casos lo legal – como es este tipo de gastos- me parece injusto al considerar las carencias que hay en centros de salud, deterioro en las escuelas por el abandono y el saqueo, apoyos a Pymes que son las que generan los empleos, los necesarios espacios para atender a mujeres y niños violentados, en fin donde le aplastemos salta la mugre.

Estamos a punto – de acuerdo al calendario político- de reanudar el camino; si no queremos que el recorrido sea una vez más en círculo, debemos asumir la responsabilidad ciudadana de exigir- no pedir- a quienes nos representan, nos expliquen cómo lo piensan hacer; quienes se asumirán como gobierno municipal, abran la puerta para hacer valer nuestra voz, demandas y necesidades que por obligación deben atender. 

Amable lector, en PC 29 hemos mantenido el interés por promover la participación: si no queremos recorrer el circulo otra vez, acércate. Te decimos como puedes actuar en tu entorno inmediato, tu vecindario, tu barrio.

En el Cajón

A propósito de lo que lo gobiernos gastan en difusión, quiero rescatar el concepto que le da origen y contenido en el presupuesto. Se establece la partida presupuestal para “difundir la obra de gobierno” en la época posrevolucionaria; con el tiempo y por la práctica ese dinero ha servido para mantener a los presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores en campaña permanente, y se agrega a difusión, los conceptos de publicidad y propaganda. El gobierno de Campeche, estado, se gastó el primer semestre de 2021  143 millones 723,000 pesos en publicidad, en la Secretaría de Salud 16 millones 771,000 pesos (Frentes Políticos, Francisco Garfias Excélsior diario 29 de julio, 2021); en dos contratos, uno con un grupo de radio, el gobierno de Saltillo, se gastará 5 millones 115,600 pesos por 1036 spots (de 20 segundos) mensuales durante 2021; otro con una televisora de esa ciudad, se conviene un mínimo de 5,786,000, un máximo de 9,643,333 por servicios integrales de edición, producción, difusión de publicidad de información por televisión el mismo periodo  (Contratos, Transparencia, portal del gobierno del municipio de Saltillo).Por cierto, se dice que el domingo 1 de agosto próximo se medirá la capacidad de convocatoria y también la capacidad de los responsables de la movilización de convocados. Pregunta: ¿el pasado al que se refiere la consulta popular es a partir del gobierno de Salinas y hasta el día de ayer?. El día de ayer ya es pasado, como el de hoy lo será mañana.   

Facebook: Participación Ciudadana 29 Laguna

Twitter: @pc29laguna

Web: http://www.pc29laguna.org.mx

COVID 19 y congreso
Opinión

Espejos

Hace un par de semanas se informaba en todos los medios que, derivado de la apertura de más actividades y por el inicio de la temporada invernal, se incrementaría el número de personas contagiadas por COVID-19 en Francia, Alemania, Inglaterra y España entre otros países.

A finales de enero del presente año se empezaron a tomar las primeras medidas para enfrentar la pandemia que venimos padeciendo y, esos mismos países, incluyendo Italia, sufrieron importantes pérdidas de vidas humanas y en su economía.

En esta ocasión, las medidas para enfrentar la crisis sanitaria llegaron tarde y el precio que han pagado ha sido alto; en este momento –octubre y noviembre- parece que se aprendió la lección y establecieron medidas más fuertes para impedir que los contagios aumenten; se restringe la salida de las personas, se patrullan las ciudades, se establecen puntos de control, en fin, se aplican medidas de fuerza, se usan las facultades que todo Estado tiene para mantener el orden y la disciplina en situaciones extraordinarias.

Hace un par de semanas, y prácticamente todo el año, el Estado mexicano a través del gobierno federal se ha concentrado en contar los contagios y fallecimientos que ha cobrado la pandemia; políticas específicas para cambiar los patrones de comportamiento de gran parte de la sociedad, no se han visto, el conteo sigue y queda la responsabilidad en la sociedad de tomar las medidas necesarias para detener el contagio y salvar la vida; es claro que en el primer momento –principio del año 2020- se desdeñó el uso de cubre bocas, se invitó por la autoridad a salir a la calle sin él, a darse abrazos, asistir a convivios y salir con la familia a comer a las fondas, según palabras del presidente de la República; el conteo continua como rutina burocrática y la normalidad la vemos en el aumento de los decesos que según el conteo, llegaremos a los 100mil antes que termine este mes de noviembre.

En este panorama, el uso de facultades del Estado sigue en pausa. Parece que la intención es no usarlas; es posible que se mantengan guardadas por aquello de seguir considerando que el uso de la fuerza pública para establecer controles en la movilidad de la población, pueda ser confundida con represión, y eso significa votos. Así pues, en la segunda oleada, prácticamente estamos como en la primera, esperando llegue, para tomar decisiones; estar frente al espejo que no refleja la realidad solo servirá para tropezar –otra vez– con la misma piedra, pero con efectos aún más devastadores y trágicos.

La mayoría asociada que tiene el partido en el gobierno en Cámara de Diputados y de Senadores, ha servido para desmantelar instituciones sin diagnóstico alguno; allí se atiende el capricho e intereses del presidente; el mandato otorgado a nuestros representantes ha servido para ello.

A partir de enero de año 2021 en Coahuila tendremos la misma situación: mayoría de legisladores del partido en el gobierno.

Este otro espejo reflejará la realidad que el gobierno quiera ver; sus efectos serán nocivos si no rescatamos la representación que mandatamos.

Necesitamos una agenda que refleje nuestros intereses; como en el problema sanitario, también en este caso tener un Congreso decente, serio y responsable dependerá de nosotros, no importa que el ejecutivo diga que “no tiene carta blanca”. Habrá oportunidad de abordar en próxima colaboración este importante asunto.

Opinión

El primer acto de corrupción

Por Patricia Vargas Bryan

Ya sea que le atendamos desde un enfoque sistémico, o considerándole un problema cultural, la corrupción implica siempre una oportunidad y, por lo menos, una decisión en contra de los códigos éticos vigentes en el contexto, o fuera de la legalidad.

Las oportunidades para cometer un acto en beneficio personal (o colectivo) a costa de los intereses de la comunidad pueden presentarse de manera esporádica, o ser parte de una estructura (a lo que hemos llamado redes de corrupción) que orquesta operaciones implicando acciones o complicidad de funcionarios en diferentes niveles de influencia al interior, o incluso complejas redes de coordinación interinstitucional.

Cuando vemos la proporción del presupuesto municipal, estatal y seguramente federal que es destinado a cubrir el pago de nóminas (aún bajo supuestos esquemas de austeridad) entendemos que uno de los mayores beneficios que una administración puede ofrecer a cambio de prebendas, favores, apoyos en campañas electorales o afiliaciones partidarias, es la promesa de un cargo público –sin interesar que el perfil del sujeto corresponda a las necesidades del cargo-. Esa promesa y su cumplimiento, como ya se ha advertido en muchas ocasiones, constituye el primer acto de corrupción: tanto ofrecer el puesto, como aceptarlo sabiéndose incapaz de cumplir con el encargo.

Todas y todos conocemos los casos. A diario vivimos las consecuencias y escuchamos las evidencias de la inexistencia de procesos profesionales de selección y reclutamiento de la burocracia (en todos sus niveles) en México. En las instituciones educativas, en las de salud, en direcciones y secretarías, en el sistema judicial, en los congresos, alcaldías, en todos o cualquier cargo.

Los currículum de cualquier funcionario público deben de ser fácilmente localizables en páginas de información de los gobiernos. Hagamos el ejercicio de revisar algunos cuantos. Un paso más allá: solicitemos a las dependencias la descripción del puesto que desempeñan nuestros sujetos de estudio para comparar la experiencia y conocimientos descritos por el empleado y las exigencias del cargo. La mayoría, lamentablemente, ni siquiera cuentan con el desarrollo de esas herramientas detalladas; y en algunos casos se trata de puestos inventados por la administración u organigramas modificados a voluntad sólo para cumplir con el trato.

El servicio profesional de carrera ha sido una propuesta clara y viable de la sociedad civil para contrarrestar un fenómeno que no cuesta sólo pesos y centavos, sino vidas en todos los estados. A medida que avanzan estas propuestas y otras mayor grado de complejidad desde su planteamiento y para su aplicación, supondríamos que las administraciones irían transformando (o por lo menos sofisticando) las prácticas que en otro momento podían hacerse con total descaro.

Lamentablemente el ritmo de las demandas  ciudadanas  no coincide con el de la comprensión de nuestra clase política. Así, por absurdo que parezca, los partidos se siguen dando el lujo de proponer a candidatos como Sergio Mayer; los gobernadores se llevan a sus protegidos y aliados, sin el menor reparo, hasta el mismísimo poder judicial y les hacen magistrados; así hay alcaldes que protegen a directores déspotas, acusados incluso de acoso sexual y de conducir en estado de ebriedad cuando su encargo es precisamente poner orden en las vialidades.