Hacerlo valer

Por Miguel Ángel Ordaz

Al principio, por allá del 2002 cuando se establece el Sistema Infomex en el portal del IFAI y se puede solicitar información a las entidades públicas, pocas personas conocían la forma de hacerlo y muchas pensaban que por el solo hecho de que la ley las obligaba a transparentar la información que generaban, el asunto ya estaba listo, ahora si vamos a tener transparencia; esta percepción fue el resultado de la comodidad de recibir sin esfuerzo alguno, y de mantener la costumbre de no interesarse ´por los asuntos de gobierno. Conocer el derecho de acceso a la información plantea una primera obligación para su ejercicio: conocer el ente público donde se genera la información que queremos, es decir cuáles son las funciones que atiende, sus planes, programas y presupuestos necesarios para realizarlas, la base legal que sustenta su actuación, su estructura administrativa y los resultados esperados de su operación; una vez cubierto este requisito, se ponen en juego estos dos datos, los relacionados con el derecho a saber y los que tienen que ver con quien tiene la información.

Solicitar información significa poner en marcha un proceso de educación de ida y vuelta en el que los actores participantes demuestran que saben sobre el derecho que se tiene y mandar el mensaje a quien la recibe, que no solo conocemos nuestro derecho a saber, sino también las obligaciones de quien la recibe; este, atenderá lo que se pide sabiendo que si no lo entrega, se verá involucrado en un procedimiento administrativo (Recurso de Revisión) al que tendrá que dedicarle tiempo y darle la cara a su jefe.

Cuando hacemos una solicitud de información conseguimos que entre al procedimiento el órgano que va a representarnos ante una inconformidad y a garantizar el derecho que queremos hacer valer, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en el plano local es el ICAI y en el nacional es el INAI; el primero capturado por el poder estatal y el segundo en la mira del poder federal; el embate de este contra el órgano que nos garantiza el ejercicio de nuestro derecho a saber ha sido brutal, y en esta brutalidad los diputados y senadores del congreso de la unión van a tener un papel importante a la hora que discutan lo que el presidente les envíe como propuesta para que los órganos constitucionales autónomos, Órganos del Estado, sean asimilados por el gobierno – cosa que se puede hacer según Bartlett- y la iglesia quede en manos de Lutero, es decir que lo que hace el INAI, lo vaya a hacer la SFP; como botones de la muestra que permiten conocer la importancia de nuestro derecho y lo que genera, bastan los siguientes.

  Ana Lilia Pérez, académica periodista, investigadora ha sido una usuaria permanente del Sistema Infomex, y ha resultado de ese uso -entre otros- el libro PEMEX RIP vida y asesinato de la principal empresa mexicana, donde relata como a través del ejercicio de este derecho, consiguió documentos que permiten saber cómo se ha saqueado sistemáticamente esta empresa por los distintos gobiernos, y prácticamente desde que la misma existe; como a partir de la refinación del crudo y la construcción de los gasoductos al parejo de los distintos ramales en el país, se construyeron también tramos paralelos pequeños, y que una vez puestos en operación para transportar hidrocarburos, bastaba con una llamada telefónica desde el panel de control para que en el tramo adicional se hiciera lo necesario y ordeñar el ducto; también destaca la vida de jeques que han llevado los líderes del sindicato de esa empresa; Animal Político, y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organizaciones de la sociedad, utilizando infomex, con documentos oficiales descubrieron la forma como se desaparecía el dinero público a través de un mecanismo  que se conoció como La Estafa Maestra; las empresas fantasma era el medio. 

Así, es que ya sabemos a donde debemos enfocar nuestros esfuerzos y atención: a la actuación y decisiones de los diputados y senadores; hacer que nos rindan cuentas y nos presenten las razones y argumentos de su actuación. Queremos y exigimos explicaciones; queremos y exigimos nos informen y presenten documentos sobre su gestión en estos dos años. En PC 29, lo hemos venido haciendo; el poder legislativo debe ser ahora más que nunca, exigido. Empoderarnos, apoderarnos de nuestros derechos y representaciones.

Facebook: Participación Ciudadana 29 Laguna

Twitter: @pc29laguna

Web: http://www.pc29laguna.org.mx

Es nuestro

Por Miguel Ángel Ordaz

La obligación que tienen los entes públicos –léanse responsables de decisiones y acciones de supervisión, vigilancia, control y operación, entre otras- de hacer pública la información que generan, para nadie es sorpresa que desde el principio se estableció la práctica de ocultarla o proporcionarla incompleta, a cuenta gotas o en definitiva negar su existencia y reservarla, es decir que durante ciertos años se mantenga guardada y fuera de la vista del público o justificar que no se proporciona si alguna persona la solicita. Sí, amable lector, estoy abordando el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la explicación sobre decisiones que toman los servidores públicos, pero sobre todo de participación ciudadana, parte fundamental de la ecuación derecho a saber – buen gobierno, eficiente, eficaz, efectivo.

Para saber de la efectividad de éste, nuestro derecho, es necesario hacer un poco de historia, y determinar que este es uno de los pocos derechos, si no es que el único, que depende de nosotros su existencia y efectividad, por lo que deja de ser efectivo si no lo ejercemos. En junio de 2002 se aprobó por unanimidad en Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; en junio de 2003 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información –IFAI-, que hoy conocemos como INAI, al pasar de federal a nacional, que fue la propuesta original presentada por el Grupo Oaxaca en diciembre de 2001, que le fue indiferente al presidente Fox, quien presenta otra que limita su efecto al gobierno federal y en este el poder legislativo lo adapta a sus intereses contando su reglamentación con solo nueve artículos.

El Grupo Oaxaca –académicos, periodistas, activistas, liberales y de izquierda- discute en mayo de 2001 la necesidad de reglamentar el Artículo 6º Constitucional y darle salida a la información, transformada en derecho, por lo que se puede afirmar que este esfuerzo es netamente de la sociedad y no una concesión gratuita del gobierno. Como toda reforma, afecta intereses creados y resistencias para su desarrollo y consolidación; aparecen rápido obstáculos derivados de las propias estructuras de poder, desde los partidos políticos hasta los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes. Por estas razones, este derecho nos pertenece de origen y es obligación defenderlo a toda costa y con toda la fuerza; tanta como la que viene impulsando el gobierno para desaparecer el INAI bajo el argumento de su costo (918 mdp presupuesto para 2021) y aprovechar su presupuesto para comprar vacunas; el argumento es de risa toda vez que, si vemos la intención confrontada con propuesta de campaña central como es el combate a la corrupción, nos queda mucho a deber. Si lo vemos desde el argumento de duplicidad de funciones, también el débito es mucho ya que trasladar nuestra representación y garantía de acceso a información y documentos públicos a la Secretaría de la Función Pública, SFP es un despropósito cínico ya que ésta oculta bajo diversas figuras el 80% de la información que se le ha solicitado al gobierno federal; las palabras siguen siendo más que los hechos

Si lo que busca son fuentes de financiamiento para las vacunas o cualquier otra cosa urgente, del dinero de los partidos políticos, de los recursos utilizados para las sesiones matutinas, pueden conseguirse cantidades mayores.

 “…En un año electoral, cualquier propuesta de vulnerar el acceso a la información y a la libertad de expresión tiene una doble connotación: censurar mensajes incomodos en diversos frentes -limitaciones del servicio de salud, muertes por Cobid 19, o lento acceso a las vacunas y sus costos- y controlar la información”, Sofía Ramírez, El Universal 11 de enero 2021. Vale decir que el derecho a la información, es un Derecho Humano; que ha servido a periodistas para documentar actos de corrupción que abordaremos en próxima colaboración con estos referentes.    

Facebook: Participación Ciudadana 29 Laguna

Twitter: @pc29laguna

Página web: http://www.pc29laguna.org.mx