Tenemos información de la megadeuda ¿qué sigue?

Las organizaciones convocantes queremos en primer lugar reconocer la labor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), ya que sin sus recientes fallos y resoluciones no podríamos contar con un espacio en el sitio web de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) en el que ha sido publicada información relativa a la megadeuda.

Nuestro reconocimiento también a las organizaciones civiles y a las/los ciudadanos en lo particular que no dejaron de insistir por una y ora vía en la solicitud de esa información de alta relevancia pública para las/los coahuilenses.

Ahora bien, en este momento es imposible afirmar que la información recientemente publicada está completa. Menos aún es posible establecer criterios de juicio a partir de los documentos ahora disponibles, pues hace falta una labor de sistematización e interpretación de dicha información, que se presume requerirá de muchas horas de trabajo.

Por tal motivo solicitamos:

  1. A las instituciones que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Coahuila que trabajen con la información disponible apelando a criterios de gobierno abierto, de máxima publicidad y de transparencia proactiva.

De manera respetuosa les proponemos considerar lo siguiente:

●Construir un micrositio en formato de datos abiertos con la información referente al caso.

●Realizar un foro público con las instituciones, dependencias involucradas, expertos, organismos civiles, academia y periodistas para abonar a un ejercicio de rendición de cuentas.

●Promocionar el caso como emblemático en materia de acceso a la información de tal forma que se posibilite la generación de nuevo conocimiento aplicable a futuros casos de interés público.

●Usar las redes sociales institucionales con material explicativo y veraz sobre el sentido de la competencia de cada organismo que integra SEA Coahuila en torno al caso, las decisiones y acciones que tomen en consecuencia; y

●Entablar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para fijar acciones conjuntas en torno al tema y valorar la posible instalación de una mesa de trabajo.

2. A los periodistas y medios de comunicación; las universidades e instituciones de educación superior; las organizaciones ciudadanas y a las/los coahuilenses interesados en el tema, que trabajemos coordinados en la revisión, análisis y sistematización de la información que se ha hecho pública, con el objetivo de que los esfuerzos por revelar los documentos ahora disponibles no vean en vano y que permitan construir certeza sobre lo ocurrido en nuestra entidad con relación a una deuda que todos pagamos, desde hace 8 años, de múltiples maneras.

Las organizaciones que suscribimos este comunicado consideramos que atender este respetuoso llamado marcaría un referente de buenas prácticas en el manejo de información de interés público que podría replicarse incluso en otras entidades.

Si bien es cierto se ha dado un primer caso que se traduce como avance, ésto no es suficiente para cerrar el círculo de un proceso adecuado de rendición de cuentas en torno al asunto público de mayor relevancia en lo que va del siglo para las/los coahuilenses.

¿Voluntad para investigar la megadeuda? Una ínfima posibilidad

Por Alejandro Buendía.

En los últimos días el Diario Reforma publicó dos notas diferentes que podrían dar a entender que en Coahuila hay voluntad para investigar el caso de la megadeuda heredada por Humberto Moreira Valdés. Al menos una ínfima posibilidad.

El 22 de junio se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ganó un amparo para reabrir un caso por un presunto ocultamiento de créditos de 4 mil millones de pesos a través de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila. El posible delito fue cometido en 2010, durante la administración de Humberto Moreira y continuó su proceso hasta el 2016, ya con Rubén Moreira como Gobernador; fue en ese entonces cuando la Procuraduría General del Estado de Coahuila, hoy Fiscalía, decretó no ejercer ninguna acción penal.

Esta semana, gracias al amparo que ganó la institución encabezada por Armando Plata Sandoval, se podrá continuar con la investigación que forma parte del conocido “moreirazo.”

Fue justo el pasado miércoles 26 de junio cuando el mismo diario Reforma dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila encontró que en el ejercicio de la cuenta pública del 2017, último año de gobierno de Rubén Moreira Valdez, se sobreejercieron 3 mil 600 millones de pesos, hecho que se considera como una “falta grave”.

Es así que en sólo unos días, la Auditoría Superior ha tomado la iniciativa para encabezar dos investigaciones que involucran a los hermanos Moreira y a la megadeuda.

Actualmente, entre pasivos a corto y largo plazo, el Gobierno de Coahuila debe poco más de 41 mil millones de pesos. Cada año, se destinan alrededor de 5 mil millones de pesos para el pago de la megadeuda, pero éstos son absorbidos por los intereses, situación que no ha ayudado a que el saldo disminuya.

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, declaró en días pasados que él estaría dispuesto a que se investigue y se deslinden responsabilidades en torno al endeudamiento estatal siempre y cuando la autoridad correspondiente así lo demande.

Los aires desde el Gobierno Federal indican que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador sí está investigando a altos funcionarios involucrados en actos de corrupción. La persecución de Emilio Lozoya y la reciente orden de aprehensión girada en contra del extesorero de Javier Duarte son dos señales claras de ello.

¿Se podrá en algún momento conocer qué pasó con los 18 mil millones de pesos que Humberto Moreira nunca justificó? Hasta el momento, Javier Villarreal, extesorero del profesor y Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, están viviendo su proceso penal. Villarreal, esperando sentencia en Estados Unidos, y Torres López, esperando a que lo extraditen hacia la nación norteamericana. Ambos, entre otros delitos, están acusados por lavado de dinero y cohecho.

Si existe una rendija para exterminar el aire de impunidad que reina en nuestro estado, es tiempo de dilatarla y dejar que las autoridades y los ciudadanos trabajemos por el bien de la entidad y por la memoria histórica que lastima y vulnera.

Una de cal por dos de arena

La Comisión de Justicia del Congreso Federal, de la que forma parte el ahora Diputado Federal, Rubén Moreira, desechó un punto de acuerdo en el que se le solicitó a la Fiscalía General de la República, vía asistencia jurídica internacional, toda la información referente a la investigación en contra del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López y su red de copartícipes, por los presuntos delitos cometidos durante su gestión. En una acción intransigente, los diputados esperaron a que el punto de acuerdo precluyera, es decir, expirara, para finalmente ser desechado.

Como ciudadanos informados y comprometidos, continuaremos en pie de lucha para que los responsables de haber vaciado los bolsillos de los coahuilenses paguen por las consecuencias de sus actos.

Comunicado sobre intereses de la deuda pública de Coahuila

Con el fin de que el Gobierno del Estado de Coahuila, así como la Secretaría de Finanzas y el Congreso esclarezcan las dudas correspondientes al presupuesto de egresos que se aplicará durante 2019, Participación 29 Laguna les solicita una explicación detallada y debidamente justificada por la cual se asignará un mayor pago a los intereses por la deuda para 2019 sin que éste impacte con mayor fuerza al capital de la misma, con respecto a lo que se ha pagado durante este 2018.

Para el ejercicio presupuestal de 2019, se pagarán, según el mismo presupuesto de egresos, recientemente aprobado por el Congreso estatal, 3 mil 431 millones 254 mil 139.99 pesos. Sin embargo, en cuanto al concepto de amortización de la deuda pública, sólo se abonará a capital 50 millones 647 mil 195.29 pesos.

Por otra parte, en el avance de gestión financiera que provee la Secretaría de Finanzas, en la clasificación por objeto del gasto, hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha en la que concluyó el tercer trimestre del año y última entrega que hizo la dependencia, se pagaron 2 mil 660 millones 884 mil 660 pesos de intereses por la deuda pero, a diferencia de lo que se estableció para el ejercicio del próximo año, el abono a capital fue más alto, ya que sólo después de 9 meses del año, la cifra asciende a 928 millones 905 mil 834 pesos. En otras palabras, lo que se abonará a capital en 2019, equivale sólo al 5.45% de lo que se abonó en 2018 tras tres trimestres del año.

Ante este contexto, y tras la reestructura de la deuda que recientemente anunció el Gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, le solicitamos al titular del Poder Ejecutivo, así como al Contador Público Blas Flores Dávila, Secretario de Finanzas y al Congreso del estado de Coahuila, que nos aclaren, como parte de la sociedad civil organizada y siendo voz de la ciudadanía, los motivos financieros que los llevaron a aprobar tal presupuesto, el impacto que está teniendo el efecto de la deuda pública en la administración pública estatal y, de ser necesario, reevaluar el manejo que le están dando a la misma para que las finanzas estatales realmente comiencen a mejorar por y para el bien de todos los coahuilenses.

 Deuda al 30 Septiembre de 2018 –  $ 39,977,829,769 MDP
Intereses pagados al 30 de septiembre de 2018 –  $ 2,660,884,660.00

Abono a capital 2018 – $ 928,905,834.00

Pago a intereses 2019 – $ 3,431,254,139.99

Abono a capital 2019 – $ 50,647,195.29

Años de pago para terminar con la deuda – 789