Presupuesto de Coahuila: cada vez más opaco

Por Moisés Picazoo

No es ninguna novedad la opacidad en el manejo del Gobierno de Coahuila, ejemplos sobran: ¿cómo se llegó a la megadeuda? ¿A las empresas fantasma? ¿A la falta de obras? ¿Al adeudo a proveedores? ¿A hospitales abandonados? Es decir: salud, educación, seguridad y servicios en general. Los habitantes del estado no sabemos qué ocurre, sólo vemos a los nuevos millonarios cada seis años.

El último ejemplo lo tuvimos la semana pasada al hacer la revisión del Balance Presupuestario 2018, que la misma Secretaría de Finanzas publicó y en donde se muestra un subejercicio de $3,584,000,000, (tres mil quinientos ochenta y cuatro millones de pesos), mismos que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los gastos que no se hayan contabilizado adecuadamente, no se podrán ejercer y deberán ser devueltos al gobierno federal, o sea a la SHCP.

Aun cuando la reacción del gobernador fue muy vehemente e intensa, para no usar términos virulentos, y expresó que eran verdades a medias o definitivamente mentiras, porque al primer trimestre aclararían las cuestiones. Suponiendo sin conceder que se pudiera dar esta situación, la ley es muy clara al respecto, lo no ejercido y comprobado al 31 de diciembre debe ser devuelto a la federación, puesto que son fondos que tienen ese origen. Según se sabe,el 84% del presupuesto del estado proviene de fondos federales.

Aquí es cuando cualquier ciudadano de a pie pudiera pensar, van a conseguir facturas, argumentando que no las encontraban porque estaban traspapeladas, «ya ve como son esos burócratas de descuidados  por estar en el lunch, no guardan bien los papeles», o algo más técnico, hubo transferencias que en su momento no fueron debidamente registradas.

La responsabilidad, en primera instancia, recae en el Congreso del estado, cuya función es precisamente servir de contrapeso al ejecutivo, gobernador y a sus subalternos y en segundo a nosotros los ciudadanos que no vigilamos estos aspectos.

Ejemplos sobran de porqué el Congreso no cumple con sus funciones: la ley federal de disciplina financiera establece que en caso de que las entidades tengan ingresos excedentes de libre disposición, éstos deben usarse para el pago de la deuda o en inversión de obra pública, y en el estado sucedió esto durante los años 2016, 2017 y 2018, ¿Alguien vio nuevas obras o algún abono a la megadeuda?

Anomalías se pueden mencionar “n” cantidad, en cuanto al no ejercicio transparente del presupuesto. Una probadita: transcribiremos parte de una nota del Siglo de Torreón, página 8A del 2 de febrero de 2019: «Aunque el congreso aprobó un presupuesto de 47mil 700 millones de pesos durante el 2018 se ejerció un total de 53 mil 915 millones de pesos…»,  « .. Se observa con mayor sobre ejercicio el de Asesorías, el Congreso local aprobó al gobierno estatal un presupuesto de 37 millones de pesos, al cierre se gastaron 753 millones, es decir, un mil 935 porciento más de lo que se autorizó», lo mismo en publicidad con un sobre ejercicio de 753 millones de pesos equivalente a 2 millones de pesos diarios…»

Por lo tanto nosotros los simples ciudadanos debemos vigilar al Gobierno del estado y al municipal y exigir a los diputados y regidores que cumplan con su trabajo, debemos hacerles marcaje personal, y tengamos cuidado por quién vamos a votar.

www.pc29laguna.org.mx

Facebook: Participación ciudadana 29

Twitter: @pc29laguna

Comunicado sobre presupuesto de egresos Coahuila 2019

El pasado 7 de diciembre, Participación Ciudadana 29 Laguna A.C llevó a cabo una rueda de prensa para solicitar a la Secretaría de Finanzas, al Congreso del estado y al Gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, una explicación que justificara algunos puntos proyectados en el presupuesto de egresos 2019. El pronunciamiento, se realizó antes de que éste fuera aprobado por el Congreso, por lo que había tiempo para hacer caso a las recomendaciones.

En general, solicitamos un mayor pago al capital de la deuda ya que, con la proyección realizada por el Titular del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas, implicaba una disminución del 95% con respecto al 2018.

Sin hacer caso a ninguna de nuestras recomendaciones, el Congreso del estado, con algunas modificaciones, aprobó el presupuesto de egresos que se aplicará durante este año que recién comienza.

Las modificaciones realizadas por los diputados que expondremos públicamente son tres: abono a capital de la deuda, inversión en obra pública y gasto en publicidad oficial.

Primeramente, en el proyecto del presupuesto se planteó la posibilidad de abonar $75 millones 647 mil 195 pesos al capital de la deuda. Esta cifra, aunque se elevó con respecto al proyecto, sigue representando el 81% menos de lo abonado durante 2018. Con ese ritmo de pago, la deuda pública se terminaría de pagar en 528 años.

En contraste, la inversión proyectada para publicidad oficial es mayor al pago para amortizar el saldo de la megadeuda. De acuerdo al presupuesto de egresos, la administración estatal tendrá a acceso a $433 millones 499 mil pesos para publicitarse.

Por último, el plan financiero del estado también refleja un recorte significativo para la inversión en infraestructura.

En 2018, se presupuestaron $4 mil 625 millones 818 mil 143 pesos para inversión en obra pública, mientras que para 2019 se aplicará un recorte del 40%, dejando un presupuesto de $2 mil 776 millones 183 mil 084 pesos.

Por todo lo anterior, hacemos un atento llamado a las autoridades estatales para que reconsideren, en particular, los tres puntos citados.

Como parte de la sociedad civil organizada, solicitamos mayor apertura para que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta, de tal manera que podamos construir un puente de comunicación sólido que abone a la construcción de una sociedad más participativa y un gobierno más receptivo y autocrítico.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

De prioridades se trata

Por María De los Ángeles Ordoñez

“Haga obras, Compadre, no se comprometa llevándose el dinero del presupuesto.

Frase muy socorrida en los tiempos del Alazán Tostado Gonzalo N. Santos.

 

Reiterar que la principal obligación del gobierno, en nombre del Estado mexicano es garantizar a sus habitantes buena calidad de vida, no es ocioso, aunque parezca que a veces y de manera reiterada, los gobernantes no tienen interés en ello.

Sabido es que se han venido dando una serie de acontecimientos que empiezan a darle color y perfil a lo que será 2019 y años posteriores, en cuanto a planes y proyectos públicos de gobierno, que van desde lo deseable, pasando por lo necesario, caprichoso y políticamente capitalizable, hasta lo que puede significarle al gobernante en su calidad de tomador de decisiones, beneficios específicos y personales.

En esta ocasión abordaré lo que en el plano de lo federal es el tema de la búsqueda de ahorro en aras de la austeridad en el gobierno, y lo que significará como efecto natural en los ámbitos estatal y municipal. Reducir en 50% el presupuesto de difusión y comunicación del gobierno sería sin lugar a dudas un enorme ahorro, baste a manera de ejemplo recordar lo que en Coahuila se gastó durante el primer año de gobierno del primer Moreira, cerca de 2 millones de pesos diarios.

Es posible que algún amable lector recuerde las planas completas que aparecían todos los días en los diarios de la entidad anunciando lo que se iba a hacer, posicionando la frase que permitiría al gobierno ser identificado durante todo el período.

Si en el presupuesto de 2019 aparece efectivamente esta reducción, tendrá algunas implicaciones inmediatas, a saber: la lucha entre los medios electrónicos e impresos por conseguir contratos con el gobierno, donde los que ganen se plieguen editorialmente a las líneas del gobierno, y los que pierdan, inicien el camino de la reconstrucción a partir del referente de calidad para el público, o simplemente esperar el fin.

Sin embargo, dicha reducción presupuestaria no será suficiente si no se modifica la estructura del presupuesto en relación a las Partidas Específicas que sirven para identificar y fijar el dinero que se asigne para ese propósito. Mantener la misma estructura sin cambiar los conceptos deja la puerta abierta para que el gobierno en turno siga la misma práctica que el anterior.

Por ello vale la pena rescatar para conocimiento del amable lector, que en su origen esta partida se definía como gasto “para difundir la obra de gobierno”, hablamos de los años 50 del siglo pasado y que con el tiempo se le agregaron dos conceptos: publicidad, como si el gobierno fuera un vendedor más, y propaganda, que implica una enorme carga ideológica. Por esto considero que la sola reducción de este gasto no garantiza cambio sustancial en lo que debe producir.

Parece que en el caso del gobierno de Torreón, por la inserción pagada que aparece en el Siglo de Torreón el día 25 de julio pasado, página 2A, se recupera la forma original de este gasto, que viene siendo la de difundir la obra de gobierno, donde también se nota la austeridad por cómo se presenta la información de lo realizado. En contraste evidente con los despliegues permanentes de los gobiernos estatales de Durango y Coahuila – que han aparecido en este mismo diario- donde se privilegian la foto del gobernador en un determinado acto, dando a entender que sólo con su presencia lo anunciado y sus efectos son posibles.

Calidad de bienes y servicios es lo que todos queremos de la acción de gobierno, pero parece que en Coahuila, el gobernador tiene una forma distinta de entender esta necesidad; $1,500 millones de pesos para dos centros de gobierno “inteligentes”, uno para Saltillo y el otro para Torreón, construirlos o rentarlos para modernizar la administración pública que implica más personal, mobiliario, equipo y todo tipo de enseres propios para tareas administrativas. En pocas palabras, más dinero para mantener y acrecentar la pesada burocracia.

Pero no queda ahí, amable lector, quieren otro crédito por esos 1500 mdp no para mejorar el abasto de agua, la infraestructura urbana, los servicios de alumbrado y calidad de parques públicos, mejorar el abasto de medicamentos y los servicios médicos (sólo hay que ver en qué condiciones están los trabajadores de la educación en este rubro), es decir, mejorar la calidad de vida de los coahuilenses, ¡no! el dinero es para mejorar y hacer más rápidas las operaciones de los registros públicos y civiles, las oficinas de catastro, las de recaudación de rentas, y las de transporte, ¿qué tienen en común estas oficinas? que son recaudadoras de dinero, que no se usa precisamente para tener calidad en bienes y servicios proporcionados por el gobierno, sino para mantener el aparato burocrático y darle sentido personal a la obra pública.

Me parece que es contundente la frase que Miguel Riquelme hace sobre el propósito de esta inversión (El Siglo de Torreón página 1ª del pasado 25 de julio), …”se tienen sistemas de financiamiento disponibles por parte de las mismas empresas encargadas de brindar el servicio (de software) y que prácticamente le ponen alfombra roja a los ciudadanos…”; no puede ser más cínica la burla.

En el Cajón. Se hace necesario que nos interesemos sobre los asuntos públicos de gobierno, si no queremos ser testigos -otra vez- de la oportunidad perdida de dar el salto a la transición política. Debemos involucrarnos y participar en los asuntos de interés general para dejar de ser espectadores y convertirnos en actores de lo que está por venir.

Exijo otra vez al alcalde Jorge Zermeño nos rinda cuentas sobre la situación en que recibió la ciudad, la administración pública de Torreón y el Simas; no nos basta ver cómo está la ciudad, queremos saber quién la dejó así.

Texto publicado en nuestra columna semanal del periódico “El Siglo de Torreón”.

Facebook: Participación ciudadana 29

Twitter: @pc29laguna