Por Alejandro Buendía.
En los últimos días el Diario Reforma publicó dos notas diferentes que podrían dar a entender que en Coahuila hay voluntad para investigar el caso de la megadeuda heredada por Humberto Moreira Valdés. Al menos una ínfima posibilidad.
El 22 de junio se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila ganó un amparo para reabrir un caso por un presunto ocultamiento de créditos de 4 mil millones de pesos a través de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila. El posible delito fue cometido en 2010, durante la administración de Humberto Moreira y continuó su proceso hasta el 2016, ya con Rubén Moreira como Gobernador; fue en ese entonces cuando la Procuraduría General del Estado de Coahuila, hoy Fiscalía, decretó no ejercer ninguna acción penal.
Esta semana, gracias al amparo que ganó la institución encabezada por Armando Plata Sandoval, se podrá continuar con la investigación que forma parte del conocido “moreirazo.”
Fue justo el pasado miércoles 26 de junio cuando el mismo diario Reforma dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila encontró que en el ejercicio de la cuenta pública del 2017, último año de gobierno de Rubén Moreira Valdez, se sobreejercieron 3 mil 600 millones de pesos, hecho que se considera como una “falta grave”.
Es así que en sólo unos días, la Auditoría Superior ha tomado la iniciativa para encabezar dos investigaciones que involucran a los hermanos Moreira y a la megadeuda.
Actualmente, entre pasivos a corto y largo plazo, el Gobierno de Coahuila debe poco más de 41 mil millones de pesos. Cada año, se destinan alrededor de 5 mil millones de pesos para el pago de la megadeuda, pero éstos son absorbidos por los intereses, situación que no ha ayudado a que el saldo disminuya.
El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, declaró en días pasados que él estaría dispuesto a que se investigue y se deslinden responsabilidades en torno al endeudamiento estatal siempre y cuando la autoridad correspondiente así lo demande.
Los aires desde el Gobierno Federal indican que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador sí está investigando a altos funcionarios involucrados en actos de corrupción. La persecución de Emilio Lozoya y la reciente orden de aprehensión girada en contra del extesorero de Javier Duarte son dos señales claras de ello.
¿Se podrá en algún momento conocer qué pasó con los 18 mil millones de pesos que Humberto Moreira nunca justificó? Hasta el momento, Javier Villarreal, extesorero del profesor y Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, están viviendo su proceso penal. Villarreal, esperando sentencia en Estados Unidos, y Torres López, esperando a que lo extraditen hacia la nación norteamericana. Ambos, entre otros delitos, están acusados por lavado de dinero y cohecho.
Si existe una rendija para exterminar el aire de impunidad que reina en nuestro estado, es tiempo de dilatarla y dejar que las autoridades y los ciudadanos trabajemos por el bien de la entidad y por la memoria histórica que lastima y vulnera.
Una de cal por dos de arena
La Comisión de Justicia del Congreso Federal, de la que forma parte el ahora Diputado Federal, Rubén Moreira, desechó un punto de acuerdo en el que se le solicitó a la Fiscalía General de la República, vía asistencia jurídica internacional, toda la información referente a la investigación en contra del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López y su red de copartícipes, por los presuntos delitos cometidos durante su gestión. En una acción intransigente, los diputados esperaron a que el punto de acuerdo precluyera, es decir, expirara, para finalmente ser desechado.
Como ciudadanos informados y comprometidos, continuaremos en pie de lucha para que los responsables de haber vaciado los bolsillos de los coahuilenses paguen por las consecuencias de sus actos.
Participación Ciudadana 29 