SEA Coahuila y la conformación mañosa de sus órganos ciudadanos

Por Patricia Vargas Bryan

En el año 2016 vimos el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño y conformación fue producto, en gran medida, del trabajo de grupos ciudadanos que aportaron sus experiencias en torno al problema de corrupción sistemática en distintas instituciones a nivel federal y en los gobiernos locales.

Se trata de un engranaje de coordinación entre autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que pretende articular acciones para la prevención, investigación y castigo de posibles actos de corrupción. Las leyes que se modificaron y promulgaron para hacer posible este nuevo esquema institucional tuvieron su mejor expresión, como muchas otras, en las consolidadas a nivel federal; sin embargo, los plazos y la falta de voluntad y/o capacidades en los congresos locales dieron como resultado casos como el de Coahuila, en el que se aprobaron en una sesión exprés en  el Congreso, a puerta cerrada, y a altas horas de la noche.

Presionados por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que ya se reunía en torno a este tema a lo largo y ancho del estado, una legislatura con mayoría priísta, aprobó un paquete en el que hubo poca reflexión sobre las condiciones de la entidad que podrían posibilitar o dificultar la implementación del sistema local con eficiencia y eficacia.

Así, comenzaron de inmediato a conformarse los órganos que son la base del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción). Aquellos que le dan sustento a la coordinación de las instituciones son los que están integrados, según las leyes, por ciudadanos sin partido ni intereses políticos en las administraciones estatales o municipales: la Comisión de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana. Las convocatorias fueron resultado de la aplicación a rajatabla de las leyes en la materia, que al no haber pasado por análisis serios, como comentaba, decían lo mismo prácticamente con puntos y comas, que las leyes federales.

¿Qué implicaciones tuvo este planteamiento para los procesos de selección de comisionados y consejeros en Coahuila? Básicamente, que los únicos candidatos que podrían más o menos cumplir con los perfiles señalados eran funcionarios públicos o personas que hubieran trabajado con o cerca de administraciones públicas en algún momento. En nuestro estado, significó que todos los comisionados y todos los consejeros tenían alguna relación, directa o indirecta, con los gobiernos a los que deberían estar observando, señalando y promoviendo que fueran investigados.

Algunos casos más evidentes que otros, pero esa realidad que sigue permeando en el corazón del sistema, comenzó a alimentar un profundo desencanto de las organizaciones y ciudadanos que en el principio veíamos en ésta una oportunidad de oro para comenzar a transformar las formas corruptas, anquilosadas en la mayoría de las instituciones estatales y municipales.

La primera convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SEA registró casi cincuenta aspirantes, entre académicos, activistas, funcionarios y exfuncionarios, y otros ciudadanos interesados. Esta última convocatoria, que se declaró desierta en su primera expedición, registra diecinueve candidatos, entre los que se encuentran más funcionarios y actuales miembros de la misma comisión.

Mientras el Congreso se resista a revisar seriamente y con acompañamiento de la ciudadanía organizada las leyes anticorrupción en el estado, la legalidad seguirá siendo un pretexto y no una fortaleza para conformar un sistema capaz de enfrentar de manera legítima y decidida, también capaz, al fenómeno de corrupción generalizada y sistemática que sigue azotando a las finanzas públicas del estado. Y esto significa, recordemos siempre, falta de presupuesto suficiente para las necesidades más apremiantes de ciudadanas y ciudadanos, personas a las que falla rotundamente el Estado en garantizar sus derechos más básicos; salud, educación, servicios básicos. La corrupción sigue siendo, de fondo y más gravemente, una violación a nuestros derechos humanos.

Un nuevo proceso en el SEA Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Por fin fueron lanzadas las convocatorias pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Desde la renuncia de Manuel Gil Navarro como titular de la Secretaría Ejecutiva en noviembre del año pasado, en PC29 hemos esperado que los responsables de emitir esa convocatoria lo hicieran, para así dar marcha a un proceso de selección nuevo. 

Además toca el turno de renovar la Comisión de Selección del Sistema, que se encarga de designar a los integrantes del CPC cada año. 

El rol del Secretario Técnico es fundamental para el funcionamiento eficiente de todo el sistema. Sin embargo, la Comisión de Selección, cuyos puestos son honorarios, es decir, que no perciben remuneración por cumplir con su encargo, es una pieza clave del complejo engranaje, y ha sido el organismo responsable, en gran medida, de que el Sistema haya entregado lo paupérrimos resultados que han reportado hasta el momento. 

El componente de participación ciudadana dentro del sistema está en esos cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien preside ese consejo está también a la cabeza del Comité Coordinador, una mesa a la que se sientan los titulares de todas las dependencias que integran al sistema. Para que esas instituciones logren coordinar acciones concretas en materia de fiscalización, investigación y castigo de casos de corrupción en nuestro estado, es indispensable que quien presida el comité conozca las reglas del juego y esté dispuesto a jugarlas con verdadera autonomía, decisión e inteligencia política.

Si los seleccionadores fueron designados con base en su cercanía al poder estatal, evidentemente así quedó también conformado ese primer CPC. Las siguientes designaciones han pasado de lo mismo a lo un poco menos peor, hasta llegar al año pasado en que el proceso fue más transparente y la designación de Miguel Crespo mucho más legítima a los ojos de las organizaciones que hemos seguido de cerca la evolución de ese elefante blanco de la administración pública nacional y local.

El sistema es costoso, lo hemos señalado al cansancio. Sin embargo, poco importarían la cantidad de recursos destinados si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando, si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo.

Con o sin Alianza Anticorrupción, las organizaciones sociales de todo el estado seguimos vigilantes, en comunicación constante y sumando capacidades para señalar, participar y proponer transformaciones que consideramos necesarias para mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos.

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El nuevo integrante del CPC en Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Concluidos los procesos de convocatoria, registro, entrevistas  y evaluación de los aspirantes a integrar la silla que dejará disponible Ana Yuri Solís, actual presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila (SEA), sólo resta esperar al foro de consulta ciudadana al que convoca la Comisión de Selección para escuchar a la sociedad civil sobre los perfiles de la terna elegida, y la deliberación final de la Comisión para designar al nuevo consejero.

Este año, en congruencia con el criterio de paridad de género para integrar el CPC que fue aprobado el año pasado, se admitieron únicamente candidaturas masculinas (el anterior fueron sólo mujeres candidatas). La Comisión informó, mediante un comunicado, que los tres candidatos mejor evaluados fueron Miguel Francisco Crespo Alvarado, con una calificación total de 81.92; Héctor Emilio Macías Jurado, calificado con 79.55; y Miguel Monroy Robles, con 75.55.

Miguel Crespo cuenta con una amplia trayectoria colaborando en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como en investigaciones académicas en temas relacionados a políticas públicas, evaluaciones gubernamentales, ética pública, transparencia y acceso a la información, entre otros.

Por su cuenta, Héctor Emilio Macías Jurado es presidente del organismo Alzando Voces, que ha formado parte en años anteriores de la Alianza Anticorrupción de las OSC de Coahuila, y organizado esfuerzos colectivos para observar procesos electorales con recursos concursados ante organismos internacionales, como USAID. Alzando Voces se ha preocupado por convocar la participación de las y los jóvenes en materia política y electoral y les convoca a construir redes ciudadanas de observación a los gobiernos.

El tercer lugar en calificación, Miguel Monroy, se desempeña actualmente como director general de COPARMEX Sureste, en Saltillo. Aunque su experiencia curricular refleja principalmente su paso por la industria manufacturera a niveles administrativos y estratégicos, su participación también ha sido activa como integrante de la Alianza Anticorrupción, representando al sector empresarial del área metropolitana del sureste de Coahuila.

En PC29 consideramos que las calificaciones producto de la revisión documental y la etapa de entrevistas, sí corresponden a la trayectoria y capacidades de los tres aspirantes que conforman la terna. Por primera vez, no observamos a funcionarios o exfuncionarios públicos relacionados directamente con el poder político del estado. Sin embargo, insistimos y lo haremos para los siguientes procesos, que al igual que en el proceso de designación al CPC a nivel nacional, la designación debería ceñirse exclusivamente a esta evaluación que integra información cualitativa y cuantitativa de cada candidato.

El 30 de septiembre la Comisión llevará a cabo una discusión pública y la consecuente selección del nuevo integrante del CPC. El año pasado, lamentablemente, esta deliberación colocó en el Consejo a una aspirante sin experiencia comprobable en combate a la corrupción o procesos de participación ciudadana, bajo argumentos al calce de una decisión que parecía haber sido tomada independientemente del proceso de evaluación de las candidatas. Finalmente, se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo integrante – a quien exigiremos como a todos los demás miembros del Consejo, que se comprometan a cumplir cabalmente con las atribuciones que la ley y reglamentos del SEA les obligan- entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre.

Los organismos de la sociedad civil seguimos comprometidos con el seguimiento para la construcción de un SEA más eficiente y verdaderamente efectivo para combatir la corrupción que, en nuestra entidad, sigue repercutiendo en la falta de recursos suficientes para las obras y programas necesarios para el desarrollo integral del estado. Sin embargo, sin el debido interés y seguimiento de la ciudadanía en Coahuila, difícilmente lograremos que quienes forman parte del congreso local y ejecutivo estatal, realicen estos procesos de manera realmente transparente, ordenada y a la altura de las exigencias ciudadanas.

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Un proceso, en teoría, transparente y cero discrecional

Por Alejandro Buendía

El Sistema Estatal Anticorrupción, en teoría, debería fungir como un enlace entre sociedad civil y gobierno para fortalecer al Estado de Derecho, combatir la impunidad y empoderar a la ciudadanía. 

La concepción y la organización es algo compleja, pero uno de los elementos más importantes es el Consejo de Participación Ciudadana, grupo que está integrado por cinco personas, en teoría autónomas e independientes, para dar acompañamiento a carpetas de investigación, visibilizar problemáticas, y crear un puente sólido entre sociedad civil y gobierno.

Luego de dos años de operación, el trabajo del CPC ha dejado más dudas que resultados. La credibilidad de los Consejeros de Participación Ciudadana se ha puesto en tela de juicio porque algunos han tenido o tienen intereses directamente ligados a instancias de gobierno.

Actualmente el CPC está conformado por los siguientes perfiles:

Carlos Rangel Orona – Notario Público

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho – Era proveedor del Ayuntamiento de Torreón cuando fue designado.

María de Lourdes  Koster –ex Jefa de Información del periódico Zócalo de Saltillo

Jafia Pacheco Valtierra – exfuncionaria estatal

Ana Yuri Solís Gaona – Ex enlace estatal del INEGI y otrora Secretaria Técnica del Comité de Recursos Humanos en el Clúster de Energía de Coahuila.

Como pueden ver, la mayoría de los perfiles de los Consejeros estuvieron directamente ligados a gobierno motivo por el cual la sociedad civil organizada estará luchando por obtener un lugar en esa mesa, de tal manera que se desechen los intereses partidistas y cupulares, y se fortalezca el combate a la corrupción en el estado. 

El próximo 9 de septiembre se cerrará la convocatoria para presentar las candidaturas. La Comisión de Selección del Sistema se dará a la tarea de analizar los documentos y entrevistar a cada uno de los aspirantes. En esta ocasión, se escogerá a un hombre ya que el año pasado quedó electa Jafia Pacheco por motivos de equidad de género. 

Urgimos a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción que pondere los perfiles ciudadanos sobre los provenientes de la función pública y que lleve a cabo un proceso transparente y libre de criterios discrecionales que mancharon los procesos de selección del 2017 y 2018.

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Convenitis

Por Patricia Vargas Bryan

Porque consume fuertes sumas del erario, y porque ya nos habíamos puesto de acuerdo en que la corrupción es un freno para el desarrollo y el enemigo número uno a vencer en México, vale todos los esfuerzos seguir cuestionando, evaluando y proponiendo rutas para el fortalecimiento del Sistema Anticorrupción (nacional y estatales), o generando nuevas vías organizadas para el combate.

El diseño que opera a nivel federal y en cada estado, básicamente se repite bajo un esquema de supuesta coordinación entre las instituciones judiciales, administrativas y garantes, presidido por un miembro del consejo de participación ciudadana. El objetivo, aunque a la ciudadanía nos parecería claro y sencillo, en la realidad parece no mantener relación alguna con las acciones más visibles de este Sistema.

Hemos sido convocados, los organismos de la sociedad civil locales e internacionales, a un buen número de foros, reuniones, consultas y talleres. A las universidades y colegios de profesionistas se les ha sumado también en las fotos del CPC. En mayor o medida, los actores privados y sociales de Coahuila hemos sido invitados para adornar un elefante blanco que, hasta el día de hoy, no ha entregado un solo resultado contundente para legitimar los ríos de dinero que corren por las venas de la Secretaría Ejecutiva.

Y para cubrir la necesidad de justificar el dispendio, la herramienta más socorrida del Sistema ha sido la firma de convenios.  Convenios por aquí y por allá que contienen las más bellas intenciones. Convenios que apuestan a las buenas voluntades para terminar con un mal endémico. En la trayectoria política de los flamantes exfuncionarios mexicanos que encabezan titulares y fichajes de Interpol en estos días, ¿cuántos de esos convenios podremos encontrar firmados por ellos, ante notario y ante la Santísima Vírgen y sus propias madrecitas?

Insistir en el desmantelamiento de redes de corrupción, que no es necedad sino la exigencia de resultados puntuales, por supuesto que debe ir acompañado de propuestas para prevenir la incidencia, para tratar de transformar y participar en la construcción de comunidades que adopten nuevos códigos de ética. Pero no puede, señores del SEA, volverse este planteamiento el único objetivo del sistema que ustedes encabezan. Sin un impacto contundente para bajar  los índices de impunidad en casos de corrupción, podremos seguir firmando convenios con quien sea, pero los corruptos no verán mermadas sus redes ni vulnerados sus intereses, seguirán tan campantes como siempre, generando cadenas de valor.

Nota al pie. Sobre la próxima convocatoria al CPC

Las OSC de los estados hemos expresado en diferentes momentos y espacios una inconformidad generalizada con la manera en que bajaron a cada uno los términos y disposiciones que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción. Especialmente en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), debemos partir de la experiencia y la realidad de cada entidad para el diseño de convocatorias y reglamentos de la Comisión de Selección. Me parece absurdo, entonces, que el Congreso de Coahuila haya avalado modificar el requisito de 5 a 10 años mínimos de experiencia para las siguientes designaciones de integrantes del CPC. 

Esta reforma, propuesta por Marcelo Torres en 2018, abre aún más ancha la puerta para que quienes sigan entrando al Sistema sean funcionarias y exfuncionarios que, con la suficiente dosis de retórica, calcen su experiencia gubernamental en zapatos de combate a la corrupción. Si el argumento para haber hecho tal modificación se basa únicamente en la necesidad de estar en concordancia con el Sistema Nacional, esperamos que este año sí tenga eco la propuesta de designar a un nuevo miembro en el CPC con base única y exclusivamente en los resultados de evaluación técnica, puestos en números en la rúbrica de evaluación, y ya dejen de estar citando a todas las cortes para reclamar su preciado derecho a la discrecionalidad en la toma de decisión.