Opinión

SEA: El dedo en la llaga de los procesos de designación

Por Patricia Vargas Bryan

Nuevamente, los sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción están en el ojo de organismos de la sociedad civil que hemos acompañado el camino desde su construcción hasta la consolidación de sus instituciones, debido a las convocatorias vigentes para la integración de nuevos miembros.

La que más nos ocupa y preocupa, es el Consejo de Participación Ciudadana. Este grupo de cinco personas en el caso de Coahuila cuyo presidente se encarga de presidir también al engranaje de instituciones que integran al Sistema, es el componente que debería de representar la imparcialidad, el apartidismo y los intereses de la ciudadanía para incidir en la detección de casos de corrupción, el seguimiento a las investigaciones, el desmantelamiento de las redes que posibilitan la corrupción sistémica en nuestro estado y sus municipios, y en general, promover una cultura de buenas prácticas, transparencia y rendición de cuentas de la función pública en nuestro estado.

Sin embargo, sobra decir, el costoso SEA ha entregado de pocos a nulos resultados en nuestro estado. Los procesos de designación tanto del CPC como de la comisión que se encarga de designarlos ha estado plagada de irregularidades, por decir lo menos, que deslegitiman la participación de todos o casi todos sus integrantes.

Junto a otros organismos locales y nacionales, en PC29 nos hemos pronunciado enérgicamente por mejorar estos procesos de designación desde el marco normativo hasta la práctica de convocatorias, entrevistas y evaluación de perfiles. Las razones sobran para desconfiar de los procesos tal cual suceden al día de hoy:

Durante el proceso de 2018 en Coahuila, la comisión designó a Jafia Pacheco Valtierra, una joven abogada con amplia trayectoria en instituciones públicas del estado, incluyendo un puesto en el Tribunal de Justicia Administrativa, institución perteneciente al propio SEA. Junto a ella, aplicaron también dos mujeres con vasta experiencia en organizaciones de la sociedad civil especializadas en participación ciudadana y rendición de cuentas. Jafia fue la cuarta en calificación de acuerdo a su expediente presentado; sin embargo, algo inesperado ocurrió durante su entrevista, que dejó perplejo al presidente de la Comisión y decidieron nombrarla a ella como integrante del CPC.

De estas malas experiencias ha estado plagado todo el proceso de integración del SEA, y no por ello dejaremos de nombrarlo. La sociedad civil de Coahuila está decidida a impulsar, por todas las vías de participación a las que tenemos acceso, la conformación de un sistema anticorrupción que tenga uñas, dientes y calidad moral para defender los intereses de la ciudadanía frente a las malas prácticas normalizadas en nuestra entidad. En ello nos van las oportunidades de desarrollo, la garantía de nuestros derechos más fundamentales, y la calidad de vida en general, de todas y todos.

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Opinión

SEA Coahuila y la conformación mañosa de sus órganos ciudadanos

Por Patricia Vargas Bryan

En el año 2016 vimos el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño y conformación fue producto, en gran medida, del trabajo de grupos ciudadanos que aportaron sus experiencias en torno al problema de corrupción sistemática en distintas instituciones a nivel federal y en los gobiernos locales.

Se trata de un engranaje de coordinación entre autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que pretende articular acciones para la prevención, investigación y castigo de posibles actos de corrupción. Las leyes que se modificaron y promulgaron para hacer posible este nuevo esquema institucional tuvieron su mejor expresión, como muchas otras, en las consolidadas a nivel federal; sin embargo, los plazos y la falta de voluntad y/o capacidades en los congresos locales dieron como resultado casos como el de Coahuila, en el que se aprobaron en una sesión exprés en  el Congreso, a puerta cerrada, y a altas horas de la noche.

Presionados por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil que ya se reunía en torno a este tema a lo largo y ancho del estado, una legislatura con mayoría priísta, aprobó un paquete en el que hubo poca reflexión sobre las condiciones de la entidad que podrían posibilitar o dificultar la implementación del sistema local con eficiencia y eficacia.

Así, comenzaron de inmediato a conformarse los órganos que son la base del SEA (Sistema Estatal Anticorrupción). Aquellos que le dan sustento a la coordinación de las instituciones son los que están integrados, según las leyes, por ciudadanos sin partido ni intereses políticos en las administraciones estatales o municipales: la Comisión de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana. Las convocatorias fueron resultado de la aplicación a rajatabla de las leyes en la materia, que al no haber pasado por análisis serios, como comentaba, decían lo mismo prácticamente con puntos y comas, que las leyes federales.

¿Qué implicaciones tuvo este planteamiento para los procesos de selección de comisionados y consejeros en Coahuila? Básicamente, que los únicos candidatos que podrían más o menos cumplir con los perfiles señalados eran funcionarios públicos o personas que hubieran trabajado con o cerca de administraciones públicas en algún momento. En nuestro estado, significó que todos los comisionados y todos los consejeros tenían alguna relación, directa o indirecta, con los gobiernos a los que deberían estar observando, señalando y promoviendo que fueran investigados.

Algunos casos más evidentes que otros, pero esa realidad que sigue permeando en el corazón del sistema, comenzó a alimentar un profundo desencanto de las organizaciones y ciudadanos que en el principio veíamos en ésta una oportunidad de oro para comenzar a transformar las formas corruptas, anquilosadas en la mayoría de las instituciones estatales y municipales.

La primera convocatoria para integrar la Comisión de Selección del SEA registró casi cincuenta aspirantes, entre académicos, activistas, funcionarios y exfuncionarios, y otros ciudadanos interesados. Esta última convocatoria, que se declaró desierta en su primera expedición, registra diecinueve candidatos, entre los que se encuentran más funcionarios y actuales miembros de la misma comisión.

Mientras el Congreso se resista a revisar seriamente y con acompañamiento de la ciudadanía organizada las leyes anticorrupción en el estado, la legalidad seguirá siendo un pretexto y no una fortaleza para conformar un sistema capaz de enfrentar de manera legítima y decidida, también capaz, al fenómeno de corrupción generalizada y sistemática que sigue azotando a las finanzas públicas del estado. Y esto significa, recordemos siempre, falta de presupuesto suficiente para las necesidades más apremiantes de ciudadanas y ciudadanos, personas a las que falla rotundamente el Estado en garantizar sus derechos más básicos; salud, educación, servicios básicos. La corrupción sigue siendo, de fondo y más gravemente, una violación a nuestros derechos humanos.

Opinión

Un nuevo proceso en el SEA Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Por fin fueron lanzadas las convocatorias pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila. Desde la renuncia de Manuel Gil Navarro como titular de la Secretaría Ejecutiva en noviembre del año pasado, en PC29 hemos esperado que los responsables de emitir esa convocatoria lo hicieran, para así dar marcha a un proceso de selección nuevo. 

Además toca el turno de renovar la Comisión de Selección del Sistema, que se encarga de designar a los integrantes del CPC cada año. 

El rol del Secretario Técnico es fundamental para el funcionamiento eficiente de todo el sistema. Sin embargo, la Comisión de Selección, cuyos puestos son honorarios, es decir, que no perciben remuneración por cumplir con su encargo, es una pieza clave del complejo engranaje, y ha sido el organismo responsable, en gran medida, de que el Sistema haya entregado lo paupérrimos resultados que han reportado hasta el momento. 

El componente de participación ciudadana dentro del sistema está en esos cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Quien preside ese consejo está también a la cabeza del Comité Coordinador, una mesa a la que se sientan los titulares de todas las dependencias que integran al sistema. Para que esas instituciones logren coordinar acciones concretas en materia de fiscalización, investigación y castigo de casos de corrupción en nuestro estado, es indispensable que quien presida el comité conozca las reglas del juego y esté dispuesto a jugarlas con verdadera autonomía, decisión e inteligencia política.

Si los seleccionadores fueron designados con base en su cercanía al poder estatal, evidentemente así quedó también conformado ese primer CPC. Las siguientes designaciones han pasado de lo mismo a lo un poco menos peor, hasta llegar al año pasado en que el proceso fue más transparente y la designación de Miguel Crespo mucho más legítima a los ojos de las organizaciones que hemos seguido de cerca la evolución de ese elefante blanco de la administración pública nacional y local.

El sistema es costoso, lo hemos señalado al cansancio. Sin embargo, poco importarían la cantidad de recursos destinados si estuviera cumpliendo su función. Imaginemos cuántos recursos podríamos estar recuperando o cuántos atracos a las arcas públicas se estarían frenando, si cada quien en el SEA estuviera haciendo su trabajo.

Con o sin Alianza Anticorrupción, las organizaciones sociales de todo el estado seguimos vigilantes, en comunicación constante y sumando capacidades para señalar, participar y proponer transformaciones que consideramos necesarias para mejorar la administración pública en favor de todos los ciudadanos.

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Opinión

El nuevo integrante del CPC en Coahuila

Por Patricia Vargas Bryan

Concluidos los procesos de convocatoria, registro, entrevistas  y evaluación de los aspirantes a integrar la silla que dejará disponible Ana Yuri Solís, actual presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila (SEA), sólo resta esperar al foro de consulta ciudadana al que convoca la Comisión de Selección para escuchar a la sociedad civil sobre los perfiles de la terna elegida, y la deliberación final de la Comisión para designar al nuevo consejero.

Este año, en congruencia con el criterio de paridad de género para integrar el CPC que fue aprobado el año pasado, se admitieron únicamente candidaturas masculinas (el anterior fueron sólo mujeres candidatas). La Comisión informó, mediante un comunicado, que los tres candidatos mejor evaluados fueron Miguel Francisco Crespo Alvarado, con una calificación total de 81.92; Héctor Emilio Macías Jurado, calificado con 79.55; y Miguel Monroy Robles, con 75.55.

Miguel Crespo cuenta con una amplia trayectoria colaborando en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como en investigaciones académicas en temas relacionados a políticas públicas, evaluaciones gubernamentales, ética pública, transparencia y acceso a la información, entre otros.

Por su cuenta, Héctor Emilio Macías Jurado es presidente del organismo Alzando Voces, que ha formado parte en años anteriores de la Alianza Anticorrupción de las OSC de Coahuila, y organizado esfuerzos colectivos para observar procesos electorales con recursos concursados ante organismos internacionales, como USAID. Alzando Voces se ha preocupado por convocar la participación de las y los jóvenes en materia política y electoral y les convoca a construir redes ciudadanas de observación a los gobiernos.

El tercer lugar en calificación, Miguel Monroy, se desempeña actualmente como director general de COPARMEX Sureste, en Saltillo. Aunque su experiencia curricular refleja principalmente su paso por la industria manufacturera a niveles administrativos y estratégicos, su participación también ha sido activa como integrante de la Alianza Anticorrupción, representando al sector empresarial del área metropolitana del sureste de Coahuila.

En PC29 consideramos que las calificaciones producto de la revisión documental y la etapa de entrevistas, sí corresponden a la trayectoria y capacidades de los tres aspirantes que conforman la terna. Por primera vez, no observamos a funcionarios o exfuncionarios públicos relacionados directamente con el poder político del estado. Sin embargo, insistimos y lo haremos para los siguientes procesos, que al igual que en el proceso de designación al CPC a nivel nacional, la designación debería ceñirse exclusivamente a esta evaluación que integra información cualitativa y cuantitativa de cada candidato.

El 30 de septiembre la Comisión llevará a cabo una discusión pública y la consecuente selección del nuevo integrante del CPC. El año pasado, lamentablemente, esta deliberación colocó en el Consejo a una aspirante sin experiencia comprobable en combate a la corrupción o procesos de participación ciudadana, bajo argumentos al calce de una decisión que parecía haber sido tomada independientemente del proceso de evaluación de las candidatas. Finalmente, se llevará a cabo la toma de protesta del nuevo integrante – a quien exigiremos como a todos los demás miembros del Consejo, que se comprometan a cumplir cabalmente con las atribuciones que la ley y reglamentos del SEA les obligan- entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre.

Los organismos de la sociedad civil seguimos comprometidos con el seguimiento para la construcción de un SEA más eficiente y verdaderamente efectivo para combatir la corrupción que, en nuestra entidad, sigue repercutiendo en la falta de recursos suficientes para las obras y programas necesarios para el desarrollo integral del estado. Sin embargo, sin el debido interés y seguimiento de la ciudadanía en Coahuila, difícilmente lograremos que quienes forman parte del congreso local y ejecutivo estatal, realicen estos procesos de manera realmente transparente, ordenada y a la altura de las exigencias ciudadanas.

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Opinión

Un proceso, en teoría, transparente y cero discrecional

Por Alejandro Buendía

El Sistema Estatal Anticorrupción, en teoría, debería fungir como un enlace entre sociedad civil y gobierno para fortalecer al Estado de Derecho, combatir la impunidad y empoderar a la ciudadanía. 

La concepción y la organización es algo compleja, pero uno de los elementos más importantes es el Consejo de Participación Ciudadana, grupo que está integrado por cinco personas, en teoría autónomas e independientes, para dar acompañamiento a carpetas de investigación, visibilizar problemáticas, y crear un puente sólido entre sociedad civil y gobierno.

Luego de dos años de operación, el trabajo del CPC ha dejado más dudas que resultados. La credibilidad de los Consejeros de Participación Ciudadana se ha puesto en tela de juicio porque algunos han tenido o tienen intereses directamente ligados a instancias de gobierno.

Actualmente el CPC está conformado por los siguientes perfiles:

Carlos Rangel Orona – Notario Público

Juan Adolfo Von Bertrab Saracho – Era proveedor del Ayuntamiento de Torreón cuando fue designado.

María de Lourdes  Koster –ex Jefa de Información del periódico Zócalo de Saltillo

Jafia Pacheco Valtierra – exfuncionaria estatal

Ana Yuri Solís Gaona – Ex enlace estatal del INEGI y otrora Secretaria Técnica del Comité de Recursos Humanos en el Clúster de Energía de Coahuila.

Como pueden ver, la mayoría de los perfiles de los Consejeros estuvieron directamente ligados a gobierno motivo por el cual la sociedad civil organizada estará luchando por obtener un lugar en esa mesa, de tal manera que se desechen los intereses partidistas y cupulares, y se fortalezca el combate a la corrupción en el estado. 

El próximo 9 de septiembre se cerrará la convocatoria para presentar las candidaturas. La Comisión de Selección del Sistema se dará a la tarea de analizar los documentos y entrevistar a cada uno de los aspirantes. En esta ocasión, se escogerá a un hombre ya que el año pasado quedó electa Jafia Pacheco por motivos de equidad de género. 

Urgimos a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción que pondere los perfiles ciudadanos sobre los provenientes de la función pública y que lleve a cabo un proceso transparente y libre de criterios discrecionales que mancharon los procesos de selección del 2017 y 2018.

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