Opinión

El valor de la representación

Por Miguel Ángel Ordaz

A las Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocimiento a su esfuerzo y constancia.

Cuando el político inicia su carrera, lo primero que busca son alianzas para fortalecer su posición; estas alianzas lo llevan a la conformación de grupos de poder a los que poco o nada interesa de donde le nace el apoyo original; se forman grupos que pronto quieren ser castas. Mantenerlas implica establecer condiciones para que perduren, y esas condiciones van surgiendo del diseño original que se torció; poco a poco se teje el argumento que convence a la comunidad que es natural que los políticos se enriquezcan de manera escandalosa, total así fuimos educados.

El año de 1982 se anuncia la creación de la Secretaria General de la Contraloría de la Federación cuya tarea era controlar el uso y manejo de los recursos públicos, pero que en realidad vigilaba a los que decidían sobre el particular, era una espada de Damocles pendiendo sobre las cabezas de quienes los manejaban; largo ha sido el camino en donde nos encontramos, y pobres los resultados del esfuerzo de los ciudadanos y sus organizaciones por mejorar y hacer eficiente ese manejo. 

En el año 2002 se crea el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, piedra angular de la sistematización y organización de los datos y documentos públicos, cuyo esfuerzo ha topado con grupos de interés, pero que ha sentado buenas bases para hacer valer nuestro derecho a saber qué hace el gobierno y quienes deciden en él. 

En 2016 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, que busca darle salida y sentido al reclamo ciudadano por conocer la información sobre las decisiones, documentos que genera, y resultados de la calidad de la gestión a través del combate a la corrupción, piedra angular de nuestras calamidades. El SNA tiene como una de sus tareas, la promoción de los sistemas estatales anticorrupción, cuya función fundamental sería la de la creación de mecanismos, instrumentos y estructuras que prevengan, investiguen y sanciones la comisión de actos de corrupción.

 En 2017 se crea este sistema en Coahuila, y como en el caso del nacional, a estas alturas no se han podido constituir en verdaderos órganos de combate y prevención de la corrupción, en ambos casos los gobiernos nacional y estatal han sido factor para que así suceda; en ambos casos la participación de la sociedad y sus organizaciones han sido factor para que se mantenga la llama del reclamo y la exigencia social por impulsar este noble propósito; en ambos casos les faltan piezas para que sean efectivos; en ambos casos se  ha luchado por un Consejo de Participación Ciudadana –CPC- efectivamente representativo; en ambos casos es evidente la mano y el interés del titular de Ejecutivo y en ambos casos este poder decidió sobre la conducción de las dependencias, organismos autónomos, e instituciones del poder judicial que formarían parte del Comité Coordinador. 

Estamos en la víspera de que se elija al Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, solo queremos que no resulte el conflicto de interés como factor de esta selección. En PC 29, mantenemos viva la exigencia por la vía de los hechos. 

Amable lector, involúcrate, participa, se parte del necesario proceso de empoderamiento que permita abatir la ignorancia sobre el quehacer del gobierno, combatir el miedo a expresarte y exigir calidad en la gestión pública. Incidir en las Políticas Públicas es nuestro propósito en PC 29.      

Opinión

La sociedad civil frente al Covid

Por Patricia Vargas Bryan

Los retos que enfrentamos a partir de la crisis por Coronavirus son incontables y atacan desde todos los frentes. En un ejercicio de conciencia ciudadana y participación, se vislumbran diversas trincheras para tratar de analizar y generar propuestas, acciones independientes y conjuntas, para conformar frentes de respuesta y solución ante la urgencia de salud, que también es de economía, de seguridad y bienestar social.

En La Laguna, aplaudimos la conformación de una mesa de salud con representantes de gobiernos y de organismos ciudadanos. A partir de ella, esperamos que quede la huella de integración de espacios para atender no sólo esta contingencia, sino la amplia gama de problemas que aquejan a nuestra región.

Así ha sucedido en toda América Latina, que se reúnen las asociaciones civiles con las instituciones públicas para tratar de generar sinergias de valor, en favor de la ciudadanía. Sin embargo, también hemos observado que no en todas las circunstancias es posible colaborar con los gobiernos. Entonces, algunas organizaciones han tomado la iniciativa en acciones concretas, anticipando las reacciones que en algunos lugares han sido lentas, por falta de capacidad o por la naturaleza burocrática de las instituciones oficiales.

Las ONG han puesto en marcha programas de impacto inmediato en todas las regiones del mundo, pero especialmente en las más empobrecidas o con carencias notables en los servicios sanitarios: para abastecer con insumos de protección a personal de salud, como Laguna Yo Te Quiero en nuestra región; para dar respuesta a la necesidad inmediata de alimentación para familias de mayor vulnerabilidad en todo el continente, de la mano con Fundación Maquita en Ecuador, Fundación Cáritas en Haití o Fundebase en Guatemala.

No debemos perder de vista que cualquier emprendimiento social encuentra mayores oportunidades en su capacidad para accionar de la mano con gobiernos de los tres niveles. En ese proceso, se fortalecen ambos sectores alrededor del objetivo primordial de beneficiar al grupo o grupos en riesgo o vulnerables. De lo contrario, en escenarios en los que cada institución, pública y privada, avanza con programas desarticulados, pueden ocurrir duplicidad en los esfuerzos e inversiones, y de esa forma se limita aún más la incidencia de todos lados.

Una condición indispensable para operar programas conjuntos o, en todo caso, continuar con la labor de observación ciudadana, es demandar condiciones mínimas de transparencia en la aplicación de los recursos que se recauden o se apliquen, no sólo desde los presupuestos públicos, sino también cuando se recaudan donativos desde las organizaciones sociales.

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Opinión

Oposición seria y responsable: la ciudadanía

Por Moisés Picazo Salazar

“El populismo necesita enemigos, la democracia requiere oposición.” Jan-Weiner Müller.

Antes de entrar en el tema que se expone, veamos algunos conceptos teóricos de lo que se puede entender por oposición.

«…Por una parte, oposición es el resultado del ejercicio de libertades y derechos como la libre expresión, asociación y reunión y, por cierto, de sufragio.

Por otra parte, la oposición sólo aparece en sociedades pluralistas, en las cuales se garantiza la libre expresión de ideas e intereses y el funcionamiento de grupos que los encarnan. En tercer término, oposición se relaciona con la alternancia en el gobierno, pues uno de sus rasgos principales es justamente que la oposición es tal en cuanto no concuerda con el gobierno y presenta un curso de acción (programa) distinto…»  todo lo anterior encaja perfectamente para los partidos, pero tendremos que aterrizarlo aquí y ahora en la sociedad civil.

Teóricamente hablando, el objetivo primordial de un  partido político es llegar al poder y establecer un régimen que vaya de acuerdo con sus principios, recuérdese que el INE tiene como requisito para registrar un partido  presentar su “Plataforma”.

INE: «Las plataformas electorales son propuestas de carácter político, económico y social, enarboladas por los partidos políticos nacionales en sus declaraciones de principios y descritas en sus programas de acción».

Siguiendo el tema, un partido llega al poder e impone su criterio para gobernar y los partidos perdedores quedan convertidos automáticamente en oposición, y lucharán para tomar ellos el poder y gobernar de acuerdo con sus principios.

El problema que tenemos en México es que no hay una verdadera oposición, y los partidos que son a los que les toca este papel, no solo no la llevan a cabo sino que ellos mismos la impiden, pues lo mismo son de derecha, que de izquierda, democráticos, populistas, centralistas, federalistas y solo les interesa, como se dice coloquialmente, el hueso (por no decir robar) y vivir de sus rentas, y se da el chapulineo no solo de individuos, sino hasta de partidos. Ejemplos sobran, pero citemos uno emblemático; el verde que según opinan,  ni es partido, ni es verde, y que lo mismo se ha asociado, al PRI, al PAN, al PRD, y ahora a Morena, para no vivir en el “error”.

A reserva de hacer un análisis sobre las elecciones de 2018, ahí les van unas cifras que son reales y certificadas, y después de la derrota que sufrieron PRI, PAN, PRD, NA, PVEM Y MC., quedaron tan desacreditados que la ciudadanía no sigue ninguna acción que encabecen, creando un peligroso  vacío en los contrapesos políticos necesarios en una democracia. Como dato curioso veamos los números de militantes de los partidos políticos.

Las cifras de membresía, certificadas en el año 2017, previas a las elecciones de 2018: PAN; 378,838,   PRI; 6,368,763,   PRD; 5,254,778,  MC; 468,946     MORENA; 319,449. Cada quien juzgue y saque conclusiones de los votos que cada partido obtuvo, habrá oportunidad de análisis.

Por lo tanto, es  la sociedad civil la que ha tomado la iniciativa de las protestas sociales, y así será en los futuros años, pues los partidos están pasmados, “apanicados”, aterrados e inmovilizados.

Tomemos nuestro lugar que nos corresponde en esta era tan convulsa, que se vive no solo en México, sino en el mundo, problemas de salud, económicos, desempleo, hambre, inseguridad, descomposición social, etc. Seamos ciudadanos, no simples habitantes y hagamos una verdadera, respetuosa, real, seria y responsable oposición.

Tenemos una valiosa arma en nuestras manos para lograr un país más democrático, próspero, pacífico y respetuoso con nuestros derechos humanos. Este es nuestro voto. Invitamos a la ciudadanía a que consulte los medios electrónicos de PC29 para que se entere de quiénes dirigen los partidos, quiénes son candidatos a un puesto público y a que en nuestras mismas redes nos hagan llegar las observaciones que tengan sobre los políticos en sus buenas y malas acciones. Debemos empezar a crear una verdadera memoria política que nos permita emitir nuestro voto libre, secreto, y sobre todo razonado. Recordemos que una queja es una asesoría gratis que damos a los gobernantes y un reclamo, una solicitud de servicio.

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Opinión

Incidencia, organización e independencia

Por Alejandro Buendía

El 19 de septiembre de 1985, un terremoto sacudió con fiereza y sin miramientos al Valle de México. El saldo de la tragedia, se calcula, fue de poco más de 20 mil muertos. Años después, el 19 de septiembre de 2017, otro terremoto, con epicentro en el estado de Morelos, y que impactó severamente a los estados de Oaxaca, Puebla y a la misma Ciudad de México, le quitó la vida a otras 369 personas.

Estas dos catástrofes naturales tienen un punto de encuentro, y no necesariamente es la fecha, sino la corrupción.

Tanto en 1985, como en 2017, los edificios que se desplomaron no eran los más antiguos, ni los coloniales, ni los vestigios que adornan las calles del centro del país. La infraestructura colapsada fue construida por el gobierno y por empresas particulares que, por ahorrarse unos pesos, levantaron altas estructuras sin las debidas medidas de seguridad.

Estos temblores, sobre todo el de 1985, vinieron a desnudar todo un esquema corrupto que le quitó la vida a cientos de personas.

El Centro Médico, los multifamiliares, escuelas y casas de interés social fueron las edificaciones con más afectaciones en 1985. Mientras en el 2017, luego de la amarga experiencia 32 años atrás, no fueron las estructuras gubernamentales las que se colapsaron, sino complejos de clase media y alta de departamentos y escuelas particulares de reciente creación.

Ante todo esto, después de la tragedia de 1985, la sociedad civil comenzó a tomar un papel preponderante en el quehacer público mexicano; se organizó, peleó, luchó y buscó que los responsables de tales atropellos pagaran por su descuido y su intransigencia.

¿Esto qué relación tiene con Coahuila? ¡Toda! Está por concluir la selección del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Independientemente de la persona que vaya a ser elegida, será necesario que ésta se comprometa a cabalidad con la sociedad, con la ciudadanía, con la estructura y con las necesidades de una sociedad fracturada y desmotivada por el aire de impunidad que reina en todo el país y particularmente en la región y en el estado.

Como parte de la sociedad civil organizada de la Comarca Lagunera y de Coahuila, apoyaremos en todo lo que sea posible para lograr incidir, para que paguen quienes tengan que pagar, para que rindan cuentas quienes le deban algo a la ciudadanía y para solidificar un sistema diseñado para perdonar y solapar tropelías, no para impartir justicia y promover el desarrollo y la paz social.

Independencia, autonomía, organización, coordinación, interlocución y proactividad son los seis elementos que como sociedad civil necesitamos para empoderar a los ciudadanos. Hacemos un llamado respetuoso a todas aquellas personas que quieran vivir en una región y en un estado de justicia y respeto a que se sumen a nuestra lucha, a que nos coordinemos y busquemos incidir para mejorar nuestras condiciones de vida, y para que paguen quienes abusaron de nuestra confianza.

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Opinión

Ni con el pétalo de una rosa

Por Patricia Vargas Bryan

Hace un par de semanas, también a través de un artículo de opinión, señalaba la falta de sensibilidad política (por decir lo menos) del actual gobierno federal para afrontar las críticas que se han levantado a través de editoriales periodísticas, y también desde algunas organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, el gobierno de Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, también ha sido poco receptivo a señalamientos puntuales de la prensa y la ciudadanía. La última muestra de esta actitud se dio a principios del mes de abril, cuando el alcalde desestimó en una entrevista los resultados publicados en el informe de finanzas y gastos públicos elaborado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), donde se observa una disminución considerable en el gasto público del municipio durante 2018, con respecto al año anterior. Además, ante los resultados de la encuesta de percepción que realiza el Observatorio de La Laguna sobre seguridad y servicios públicos, Jorge Zermeño volvió a minimizar sus calificaciones, asegurando que “a él le dicen otra cosa cuando anda por las calles”.

Desde que tomó el cargo como presidente municipal en 2018, las críticas y señalamientos de la ciudadanía se han hecho escuchar. Y es que no son pocos los temas en los que Torreón presenta rezagos importantes: pavimentación, agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad pública, etc.  En materia de transparencia y rendición de cuentas, PC29 hizo un llamamiento en los primeros meses del año pasado a las instancias correspondientes para actualizar la información pública de oficio en los portales del ayuntamiento y, aunque el aparato se movió para atender el retraso, percibimos la molestia que nuestro señalamiento público había generado.

La Red de Mujeres de La Laguna, colectivo que estudia y acompaña los casos de violencia de género en nuestra región, también ha tenido desencuentros en la arena pública con el alcalde y su administración. Tampoco le gustó al alcalde que la ciudadanía se opusiera a su proyecto de la Calzada Colón, ni que criticaran el “antimonumento” que develó en la celebración del ocho de marzo. En general, pareciera que la realidad que se observa desde el lente ciudadano y la que perciben las autoridades en turno son diametralmente distintas.

La construcción de una comunidad más participativa es un obstáculo en la lógica de los gobiernos autoritarios. Los nuevos términos de gobernanza en las ciudades del mundo requieren forzosamente espacios de acercamiento y encuentro, pero también un enfoque de desarrollo integral, más allá de las dinámicas partidistas. El llamado al alcalde, al presidente de México, al gobernador Riquelme y a cualquier funcionario que ocupe o pretenda seguir ocupando cargos  públicos, es a reconocer las nuevas reglas del juego: a mejorar sus habilidades de análisis,   comprensión,  comunicación y mediación. También a desarrollar mecanismos de rendición de cuentas efectivos, más allá del cumplimiento de las obligaciones básicas de transparencia en el ejercicio de sus funciones.

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