Por eso, hasta hoy, el tiempo es el único recurso natural no renovable

Por Miguel Ángel Ordaz

Ningún país en el mundo es autosuficiente; ningún Gobierno puede atender sus obligaciones y las demandas de su sociedad sin una estructura suficiente y capacitada, los países necesitan unos de otros para desarrollarse, los gobiernos –cualquiera que sea su régimen- necesitan esquemas de organización y funcionamientos adecuados y la participación de conocedores y especialistas en los variados asuntos que requiere esa estructura. Al observar las distintas unidades administrativas de cualquier organización, sea pública, privada, social o no gubernamental, podemos darnos cuenta que tienen como tarea principal, atender una determinada situación o problema,  y que da origen a su estructura. Si el propósito es promover la participación ciudadana, atender de manera subsidiaria algún problema que no resuelve el gobierno, producir algún bien o prestar un servicio de manera particular, la parte fundamental de su estructura organizacional se diseñará para estos propósitos.

Tratándose de una tarea de gobierno, como salud, educación, fomento económico, cultura, seguridad, medio ambiente, etc., su estructura es compleja, y los medios para hacerla funcional son tantos que para contar con ellos se nos imponen pagos y aportaciones y aparecen los impuestos. No debemos perder de vista que el gobierno se crea para resolver problemas, no para administrarlos y menos para crear nuevos; por eso y porque el dinero no es del gobierno ni del gobernante, se hace necesario controlar el uso que se le da.

Por eso se diseñaron instrumentos y mecanismos para controlar el manejo de nuestro dinero que usa el gobierno para atender sus responsabilidades

Por eso se crearon las Unidades Internas de Control en cada gobierno y órgano autónomo, o unidad descentralizada, fideicomiso, Comisión y demás figuras.

Por eso existen las Contralorías Internas en los gobiernos municipales.

Por eso existen las Auditorías Superiores en los estados.

Por eso existe la Auditoría Superior de la Federación, ASF, cuyo antecedente fue la Contaduría Mayor de Hacienda

Sin embargo, el diseño en su origen mismo, la designación del responsable queda supeditado a criterios políticos personalísimos – alcalde, gobernador, presidente- la tarea no siempre se hace bien y sobre todo queda limitada a recomendaciones que en la práctica son llamadas a misa. En Coahuila ya lo hemos vivido, y en estos momentos es tema de discusión la actuación de la ASF sobre el informe de la revisión de la cuenta pública de 2019 en relación al AICM 

Porque es el único órgano con el que se cuenta para vigilar cómo se gasta nuestro dinero y porque una falla en los cálculos sobre lo gastado en AICM no descalifica TODO el informe, es el momento de defender lo único que tenemos para proteger el uso de los impuestos que pagamos; porque además de las fallas también existe la simulación y complicidad en los Auditorías Superiores de los estados, es el tiempo de convocar a los especialistas para discutir, analizar y determinar cuál debe ser la tarea de los órganos fiscalizadores en los tres ámbitos de gobierno, determinar la pertinencia de las funciones y facultades que tiene, o sea, darle dientes.

Por eso no debemos tolerar las comas de la soberbia, el voluntarismo, el autoritarismo, el rechazo a la ciencia, la visión única, el desmantelamiento institucional, la violación sistemática de la ley. Mientras los cambios en el mundo están dándose de manera acelerada por esta múltiple crisis que vivimos, en nuestro país parece que el tiempo se ha detenido, lo demuestra el bombardeo de mensajes de los partidos en los medios de información, los perfiles de impresentables candidatos y el despilfarro de recursos.   

Por eso no debemos permitir que los dichos estén por encima de los hechos. 

El órgano fiscalizador, ASF, depende de la cámara de diputados y el propio, del congreso local en los estados; sus miembros, los diputados, son nuestros representantes. ¡Exijámosles cuentas y una efectiva representación de nuestros intereses, salgamos del pasmo!

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Hacerlo valer

Por Miguel Ángel Ordaz

Al principio, por allá del 2002 cuando se establece el Sistema Infomex en el portal del IFAI y se puede solicitar información a las entidades públicas, pocas personas conocían la forma de hacerlo y muchas pensaban que por el solo hecho de que la ley las obligaba a transparentar la información que generaban, el asunto ya estaba listo, ahora si vamos a tener transparencia; esta percepción fue el resultado de la comodidad de recibir sin esfuerzo alguno, y de mantener la costumbre de no interesarse ´por los asuntos de gobierno. Conocer el derecho de acceso a la información plantea una primera obligación para su ejercicio: conocer el ente público donde se genera la información que queremos, es decir cuáles son las funciones que atiende, sus planes, programas y presupuestos necesarios para realizarlas, la base legal que sustenta su actuación, su estructura administrativa y los resultados esperados de su operación; una vez cubierto este requisito, se ponen en juego estos dos datos, los relacionados con el derecho a saber y los que tienen que ver con quien tiene la información.

Solicitar información significa poner en marcha un proceso de educación de ida y vuelta en el que los actores participantes demuestran que saben sobre el derecho que se tiene y mandar el mensaje a quien la recibe, que no solo conocemos nuestro derecho a saber, sino también las obligaciones de quien la recibe; este, atenderá lo que se pide sabiendo que si no lo entrega, se verá involucrado en un procedimiento administrativo (Recurso de Revisión) al que tendrá que dedicarle tiempo y darle la cara a su jefe.

Cuando hacemos una solicitud de información conseguimos que entre al procedimiento el órgano que va a representarnos ante una inconformidad y a garantizar el derecho que queremos hacer valer, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en el plano local es el ICAI y en el nacional es el INAI; el primero capturado por el poder estatal y el segundo en la mira del poder federal; el embate de este contra el órgano que nos garantiza el ejercicio de nuestro derecho a saber ha sido brutal, y en esta brutalidad los diputados y senadores del congreso de la unión van a tener un papel importante a la hora que discutan lo que el presidente les envíe como propuesta para que los órganos constitucionales autónomos, Órganos del Estado, sean asimilados por el gobierno – cosa que se puede hacer según Bartlett- y la iglesia quede en manos de Lutero, es decir que lo que hace el INAI, lo vaya a hacer la SFP; como botones de la muestra que permiten conocer la importancia de nuestro derecho y lo que genera, bastan los siguientes.

  Ana Lilia Pérez, académica periodista, investigadora ha sido una usuaria permanente del Sistema Infomex, y ha resultado de ese uso -entre otros- el libro PEMEX RIP vida y asesinato de la principal empresa mexicana, donde relata como a través del ejercicio de este derecho, consiguió documentos que permiten saber cómo se ha saqueado sistemáticamente esta empresa por los distintos gobiernos, y prácticamente desde que la misma existe; como a partir de la refinación del crudo y la construcción de los gasoductos al parejo de los distintos ramales en el país, se construyeron también tramos paralelos pequeños, y que una vez puestos en operación para transportar hidrocarburos, bastaba con una llamada telefónica desde el panel de control para que en el tramo adicional se hiciera lo necesario y ordeñar el ducto; también destaca la vida de jeques que han llevado los líderes del sindicato de esa empresa; Animal Político, y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organizaciones de la sociedad, utilizando infomex, con documentos oficiales descubrieron la forma como se desaparecía el dinero público a través de un mecanismo  que se conoció como La Estafa Maestra; las empresas fantasma era el medio. 

Así, es que ya sabemos a donde debemos enfocar nuestros esfuerzos y atención: a la actuación y decisiones de los diputados y senadores; hacer que nos rindan cuentas y nos presenten las razones y argumentos de su actuación. Queremos y exigimos explicaciones; queremos y exigimos nos informen y presenten documentos sobre su gestión en estos dos años. En PC 29, lo hemos venido haciendo; el poder legislativo debe ser ahora más que nunca, exigido. Empoderarnos, apoderarnos de nuestros derechos y representaciones.

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Es nuestro

Por Miguel Ángel Ordaz

La obligación que tienen los entes públicos –léanse responsables de decisiones y acciones de supervisión, vigilancia, control y operación, entre otras- de hacer pública la información que generan, para nadie es sorpresa que desde el principio se estableció la práctica de ocultarla o proporcionarla incompleta, a cuenta gotas o en definitiva negar su existencia y reservarla, es decir que durante ciertos años se mantenga guardada y fuera de la vista del público o justificar que no se proporciona si alguna persona la solicita. Sí, amable lector, estoy abordando el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la explicación sobre decisiones que toman los servidores públicos, pero sobre todo de participación ciudadana, parte fundamental de la ecuación derecho a saber – buen gobierno, eficiente, eficaz, efectivo.

Para saber de la efectividad de éste, nuestro derecho, es necesario hacer un poco de historia, y determinar que este es uno de los pocos derechos, si no es que el único, que depende de nosotros su existencia y efectividad, por lo que deja de ser efectivo si no lo ejercemos. En junio de 2002 se aprobó por unanimidad en Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; en junio de 2003 se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información –IFAI-, que hoy conocemos como INAI, al pasar de federal a nacional, que fue la propuesta original presentada por el Grupo Oaxaca en diciembre de 2001, que le fue indiferente al presidente Fox, quien presenta otra que limita su efecto al gobierno federal y en este el poder legislativo lo adapta a sus intereses contando su reglamentación con solo nueve artículos.

El Grupo Oaxaca –académicos, periodistas, activistas, liberales y de izquierda- discute en mayo de 2001 la necesidad de reglamentar el Artículo 6º Constitucional y darle salida a la información, transformada en derecho, por lo que se puede afirmar que este esfuerzo es netamente de la sociedad y no una concesión gratuita del gobierno. Como toda reforma, afecta intereses creados y resistencias para su desarrollo y consolidación; aparecen rápido obstáculos derivados de las propias estructuras de poder, desde los partidos políticos hasta los tres ámbitos de gobierno y los tres poderes. Por estas razones, este derecho nos pertenece de origen y es obligación defenderlo a toda costa y con toda la fuerza; tanta como la que viene impulsando el gobierno para desaparecer el INAI bajo el argumento de su costo (918 mdp presupuesto para 2021) y aprovechar su presupuesto para comprar vacunas; el argumento es de risa toda vez que, si vemos la intención confrontada con propuesta de campaña central como es el combate a la corrupción, nos queda mucho a deber. Si lo vemos desde el argumento de duplicidad de funciones, también el débito es mucho ya que trasladar nuestra representación y garantía de acceso a información y documentos públicos a la Secretaría de la Función Pública, SFP es un despropósito cínico ya que ésta oculta bajo diversas figuras el 80% de la información que se le ha solicitado al gobierno federal; las palabras siguen siendo más que los hechos

Si lo que busca son fuentes de financiamiento para las vacunas o cualquier otra cosa urgente, del dinero de los partidos políticos, de los recursos utilizados para las sesiones matutinas, pueden conseguirse cantidades mayores.

 “…En un año electoral, cualquier propuesta de vulnerar el acceso a la información y a la libertad de expresión tiene una doble connotación: censurar mensajes incomodos en diversos frentes -limitaciones del servicio de salud, muertes por Cobid 19, o lento acceso a las vacunas y sus costos- y controlar la información”, Sofía Ramírez, El Universal 11 de enero 2021. Vale decir que el derecho a la información, es un Derecho Humano; que ha servido a periodistas para documentar actos de corrupción que abordaremos en próxima colaboración con estos referentes.    

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Opacidad reina en el Ayuntamiento de Torreón

Por Alejandro Buendía

El pasado tres de abril, el Ayuntamiento de Torreón, encabezado por Jorge Zermeño Infante, dio a conocer que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información los evaluó con 98.89 puntos en materia de transparencia, sin embargo, esta calificación, que raya en la excelencia, dista mucho de las pruebas tangibles que se ven día a día en el municipio.

Durante el reconocimiento, las autoridades del ICAI no especificaron cuáles fueron los elementos que tomaron en cuenta para brindar tal calificación, aunado a que fue el propio Jorge Zermeño quien dio a conocer tan “importante logro”.

A partir de este contexto, la primera conclusión a la que llegamos fue que, nuevamente, la autocrítica no existe, ya que, si ésta formara parte importante dentro de la toma de decisiones de las autoridades municipales, no etiquetarían como “excelente” a su administración.

Una cosa es contestar puntualmente a una solicitud de información, y otra muy distinta a satisfacer totalmente la pregunta, el cuestionamiento o la duda de los ciudadanos.

En mi caso particular, en innumerables ocasiones he solicitado información referente a obra pública, sin embargo, los responsables de la unidad de transparencia del municipio sólo se limitan a contestar con enlaces que, o no funcionan, o no contienen con precisión la información requerida.

Como si esto no fuera suficiente, al solicitar copia de cualquier tipo de documento; factura, contrato, licitación, o un avance de gestión financiera, la autoridad municipal escanea el mismo, proporcionando un archivo prácticamente ilegible y sin opción para poder hacer un rastreo de datos.

Estos dos ejemplos puntuales, son sólo una prueba de que las conductas que practica la administración municipal son ajenas a cualquier hábito que fomente la transparencia y la rendición de cuentas.

En otro espacio y en otro momento, analizaremos cuántas obras públicas de las que han sido financiadas con recurso municipal han pasado por un previo concurso y una licitación pública. La mayoría de ellas, gracias a un puntual rastreo se adjudicaron directamente o, en su defecto, se licitaron a través de un proceso de invitación.

Así, vislumbrando la actitud de la administración municipal, podemos concluir que la opacidad es una de sus principales características. Las buenas costumbres que proponen entidades como la Secretaría de la Función Pública o los propios reglamentos internos no son acatadas.

Hace 16 días el Ayuntamiento y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información se congratularon por la “excelente” calificación de la administración municipal encabezada por Jorge Zermeño Infante, pero hoy, desde la brecha ciudadana, afirmamos que tal condecoración, está a kilómetros de convertirse en verdad.

Congreso impide prácticas de transparencia y rendición de cuentas

Una de los objetivos de Participación Ciudadana 29 Laguna es trabajar para promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la función pública del estado de Coahuila.

En este tenor, lamentamos el resultado de la votación de un punto de acuerdo llevada a cabo la tarde del martes en donde 13 de los 25 diputados locales votaron en contra de la comparecencia de Armando Plata Sandoval, Titular de la Auditoría Superior del estado de Coahuila de Zaragoza.

La comparecencia del funcionario estatal, fue requerida para que le explicara a la ciudadanía, a través de la tribuna del Congreso Local, por qué la ASEC presuntamente no precisó las faltas administrativas que implicaron un daño económico de $9 mil 311.7 millones de pesos detectados en el 82% de los entes fiscalizados correspondientes al ejercicio 2017.

El 21 de noviembre de 2017, el Pleno de la LX Legislatura del Congreso de Coahuila acordó que el mismo Armando Plata, también titular de la Auditoría Superior del estado, compareciera para que rindiera un informe detallado acerca de los presuntos pagos que hizo la administración estatal, en ese entonces encabezada por Rubén Moreira, a empresas fantasma, sin embargo, días antes de que se llevara a cabo la presentación, el Grupo Parlamentario mayoritario optó por cancelar el compromiso, impidiendo, de nueva cuenta, otra práctica de transparencia y rendición de cuentas.

Como organización de la sociedad civil lagunera, solicitamos respetuosamente a los 25 diputados del Congreso de Coahuila, que reconsideren su decisión y permitan que el Contador Público Armando Plata Sandoval informe a los ciudadanos coahuilenses cuáles serán los caminos que se deben emprender para que los responsables de las presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2017 sean investigados y, en dado caso, procesados conforme a la ley.

El pasado lunes 11 de marzo, el Fiscal Anticorrupción de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, dio a conocer que actualmente la institución que lidera tiene abiertas 400 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos que han incurrido en irregularidades, sin embargo, sólo se han judicializado 9 casos.

Por tal motivo, externamos abiertamente nuestra preocupación por la evidente ineficacia del sistema de impartición de justicia que únicamente logra solidificar al fenómeno de impunidad que reina en nuestro sistema judicial.