En principio, conocer

Por Miguel Ángel Ordaz

Cuando se nos presenta una situación de apremio, hacemos lo necesario e imposible por atenderla, intentamos ser prácticos, usamos el sentido común, tomamos atajos, todo con el propósito de encontrarle solución al apremio. Cuando asistimos a un evento deportivo, atendemos emergencias de salud, hacemos pagos pendientes, tramitamos pasaporte, etc., hacemos acopio de datos diversos, nos apuramos, jerarquizamos y finalmente conseguimos atender el problema, hacemos un gran esfuerzo para resolver un asunto de interés personal y en ocasiones familiar.

En la entrega anterior, se bosquejó una práctica que nos puede ayudar a ir eliminando los apremios derivados de emergencia en nuestra relación con el gobierno, para estar en condiciones de encaminarla de manera positiva para nuestros intereses y hacer valer nuestros derechos; es decir, que debemos retomar el sentido de lo colectivo, de la comunidad,  ya que desde el punto de vista del gobierno, del gobernante en cualquiera de sus roles, solo forman parte del discurso: la sociedad, el bien común, el interés público y demás expresiones que les llena, que les sirven para mantener distante la relación que debe ser estrecha. Por ello, es necesario puntualizar y preguntarnos algunas cosas. El gobierno nace en cualquier parte para atender una tarea fundamental: resolver problemas y cumplir la tarea fundamental del Estado que es garantizar nuestra integridad personal y patrimonial y generar condiciones que permitan tener acceso a una mejor calidad de vida y de oportunidades. Partiendo de este referente, vale hacernos las siguientes preguntas:

¿Conocemos nuestros derechos fundamentales y las obligaciones en que estos se transforman en obligaciones del gobierno? ¿Conocemos la organización y funcionamiento del gobierno como un todo y de sus partes? ¿Sabemos cuáles son las partes del gobierno municipal? ¿Sabemos de la obligación de cada  unidad administrativa que tiene presupuesto específico asignado de contar con un Plan Operativo Anual? ¿Sabemos qué es el Cabildo y cuáles son sus obligaciones? ¿Sabemos cuáles son las facultades y obligaciones del mismo?

Para iniciar el ejercicio propuesto en la entrega anterior, y considerando, amable lector, que las respuestas que tenga a cada una de las preguntas anteriores pudieran estar incompletas, estimo podemos iniciar por establecer un punto de partida y abrir la discusión con la búsqueda de respuestas en relación al gobierno inmediato, el municipal, y para ello partamos de identificar qué establece el Artículo 15 Constitucional: “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine” .Por el hecho de que la integración del Gobierno Municipal resulta de un proceso de elección, el alcalde, los síndicos y los regidores, son nuestros representantes, y como tales tienen la obligación de la representación de nuestros intereses para resolver problemas del municipio que afectan a sus habitantes. Por lo que con el afán de provocar, hago la siguiente pregunta:¿La actuación de los miembros del Cabildo representa discusiones, acuerdos y acciones que vean por nuestros intereses, tanto en las sesiones del Cabildo como en las de las Comisiones?. Podemos iniciar la búsqueda de respuestas, y en su caso la discusión sobre la pertinencia de dicha actuación al saber que una da las funciones del regidor es “vigilar los ramos de la administración que le compete a la Comisión que preside o forma parte…”. Amable lector, le invito a participar en esta incipiente discusión que nos permita encontrar y conocer las causas del por qué de pronto las sesiones del Cabildo son un verdadero circo. Intégrate a la discusión, es interés de PC 29 ensayar esta forma de participación y vinculación de los ciudadanos. Conocer es el principio. También preguntar en este caso; hagamos un verdadero frente de discusión, análisis y generación de alternativas.

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Ambiciones políticas sobre intereses ciudadanos en el Cabildo de Torreón

Por Alejandro Buendía

La representación de los ciudadanos en una administración municipal queda en manos del cabildo, mismo que está compuesto por regidores y síndicos.

En el caso específico de la ciudad de Torreón, éste está conformado en su mayoría por ediles panistas, con 11 representantes, mientras que la oposición tiene cuatro integrantes del PRI y tres de Morena.

La función principal del cabildo es construir un sano contrapeso que ayude a balancear la aplicación de políticas públicas y la administración de la ciudad, sin embargo, en el caso de Torreón, da la impresión que el séptimo piso de la presidencia más bien se ha convertido en un campo de batalla y disputas de poder.

La Segunda Síndico, Dulce María de las Mercedes Pereda Ezquerra, por ejemplo, es la voz de la bancada opositora dentro del cabildo. Su principal función dentro de la administración municipal tiene que ver con la vigilancia, sin embargo, esta tarea se ha transformado en una estrategia para velar por los intereses políticos de su partido, de tal manera que la administración municipal, actualmente panista, pierda fuerza y credibilidad ante la ciudadanía.

Con esta reflexión, no busco generar una tendencia hacia una u otra bancada, sino visibilizar un problema que existe y persiste dentro de las administraciones públicas, locales, estatales y federales: las ambiciones políticas sobre las necesidades ciudadanas.

Durante las sesiones de cabildo, en lugar de generar discusiones y diálogos que lleven a tomar decisiones que abonen a la construcción de una mejor ciudad, se fraguan enfrentamientos directos entre funcionarios de partidos opuestos que únicamente buscan desestabilizar y destruir la reputación de cada uno de sus adversarios.

La Síndico de Minoría exhibe documentos que avalan una presunta red de nepotismo en donde diversos altos funcionarios municipales y estatales pertenecientes al Partido Acción Nacional tienen trabajando a sus familiares en el Ayuntamiento de Torreón. Como respuesta, el Primer Regidor, José Ignacio García Castillo, revira diciendo que cada uno de los empleados del municipio, sin importar el parentesco que puedan tener con un funcionario de mayor rango, están debidamente capacitados para ejercer su función. Además, agrega que los mismos hermanos Moreira replicaron esas conductas, aunque desde ese flanco, la bancada priísta no haya interpuesto ninguna queja o denuncia pública.

Así, los medios son utilizados como armas para desestabilizar a la administración municipal, o como escudos para defender las tropelías que comenten las autoridades. Los ciudadanos, por su parte, continúan con poca presión de agua en sus viviendas, con calles cadavéricas y carentes de una carpeta asfáltica confiable; con camellones deforestados; con empleos mal pagados; con transporte público mal trazado y costoso; con calles sucias y con índices delictivos en pleno crecimiento.

Sugiero, abiertamente y con todo el debido respeto a todos los regidores que conforman al cabildo de Torreón, así como al mismo Presidente Municipal, a que trabajen en pro de los intereses y necesidades de la ciudadanía, y no a favor de las corrientes y ambiciones de sus partidos políticos. Al final, durante las próximas elecciones, el único que tendrá la palabra será el ciudadano, el mismo que, hasta el día de hoy, se encuentra totalmente olvidado.

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Presupuesto de Coahuila: cada vez más opaco

Por Moisés Picazoo

No es ninguna novedad la opacidad en el manejo del Gobierno de Coahuila, ejemplos sobran: ¿cómo se llegó a la megadeuda? ¿A las empresas fantasma? ¿A la falta de obras? ¿Al adeudo a proveedores? ¿A hospitales abandonados? Es decir: salud, educación, seguridad y servicios en general. Los habitantes del estado no sabemos qué ocurre, sólo vemos a los nuevos millonarios cada seis años.

El último ejemplo lo tuvimos la semana pasada al hacer la revisión del Balance Presupuestario 2018, que la misma Secretaría de Finanzas publicó y en donde se muestra un subejercicio de $3,584,000,000, (tres mil quinientos ochenta y cuatro millones de pesos), mismos que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los gastos que no se hayan contabilizado adecuadamente, no se podrán ejercer y deberán ser devueltos al gobierno federal, o sea a la SHCP.

Aun cuando la reacción del gobernador fue muy vehemente e intensa, para no usar términos virulentos, y expresó que eran verdades a medias o definitivamente mentiras, porque al primer trimestre aclararían las cuestiones. Suponiendo sin conceder que se pudiera dar esta situación, la ley es muy clara al respecto, lo no ejercido y comprobado al 31 de diciembre debe ser devuelto a la federación, puesto que son fondos que tienen ese origen. Según se sabe,el 84% del presupuesto del estado proviene de fondos federales.

Aquí es cuando cualquier ciudadano de a pie pudiera pensar, van a conseguir facturas, argumentando que no las encontraban porque estaban traspapeladas, «ya ve como son esos burócratas de descuidados  por estar en el lunch, no guardan bien los papeles», o algo más técnico, hubo transferencias que en su momento no fueron debidamente registradas.

La responsabilidad, en primera instancia, recae en el Congreso del estado, cuya función es precisamente servir de contrapeso al ejecutivo, gobernador y a sus subalternos y en segundo a nosotros los ciudadanos que no vigilamos estos aspectos.

Ejemplos sobran de porqué el Congreso no cumple con sus funciones: la ley federal de disciplina financiera establece que en caso de que las entidades tengan ingresos excedentes de libre disposición, éstos deben usarse para el pago de la deuda o en inversión de obra pública, y en el estado sucedió esto durante los años 2016, 2017 y 2018, ¿Alguien vio nuevas obras o algún abono a la megadeuda?

Anomalías se pueden mencionar “n” cantidad, en cuanto al no ejercicio transparente del presupuesto. Una probadita: transcribiremos parte de una nota del Siglo de Torreón, página 8A del 2 de febrero de 2019: «Aunque el congreso aprobó un presupuesto de 47mil 700 millones de pesos durante el 2018 se ejerció un total de 53 mil 915 millones de pesos…»,  « .. Se observa con mayor sobre ejercicio el de Asesorías, el Congreso local aprobó al gobierno estatal un presupuesto de 37 millones de pesos, al cierre se gastaron 753 millones, es decir, un mil 935 porciento más de lo que se autorizó», lo mismo en publicidad con un sobre ejercicio de 753 millones de pesos equivalente a 2 millones de pesos diarios…»

Por lo tanto nosotros los simples ciudadanos debemos vigilar al Gobierno del estado y al municipal y exigir a los diputados y regidores que cumplan con su trabajo, debemos hacerles marcaje personal, y tengamos cuidado por quién vamos a votar.

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Compatibles

“Compatible del latín compatibillis, dicho de una persona o una cosa: que puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento con otra”: RAL

Por Miguel Ángel Ordaz

Son tantos y variados los problemas que nos abruman a los mexicanos que para donde fijemos la vista encontramos alguno; asuntos que vienen de mucho tiempo atrás y otros que por la falta de atención cuando son menores se convierten en problemas que van de medianos a grandes; sin embargo, algo les es común: aparecen y se desarrollan porque la regla permite una pobre o nula atención Así, observamos el desordenado crecimiento de las ciudades, el deterioro de la infraestructura y equipamiento de servicios públicos, el abuso de la voluntad e ignorancia de los trabajadores por sus líderes, la disfuncionalidad de los órganos colegiados que resultan de procesos de elección de gobierno, trátese de congreso local y de cabildo.

Siguiendo con la definición inicial, se puede afirmar que la compatibilidad en cada uno de los casos señalados se relaciona no con las reglas que los estructuran y hacen operar, sino con una sociedad que ha sido tolerante por comodidad, permisiva por desinteresada, y conformista porque así fue educada. Sin embargo, esta compatibilidad tiene en el sistema político su origen; los órganos colegiados fueron diseñados para que en lo formal representen los intereses de la sociedad, pero a través del tiempo y sobre todo de la práctica, sus tareas se amoldaron a los intereses de quienes los integran, práctica que se convierte en regla no escrita y cuyos efectos sufrimos hoy en día.

Los partidos políticos se impulsan como el factor fundamental de legalidad del sistema y baluarte de la democracia; también sufren la misma transformación que los órganos colegiados dando lugar a una clase política que salvo excepciones temporales, se ha vuelto rapaz; no podía ser de otra manera: la descomposición de los partidos manifestada en la perdida de principios y doctrinas, sirven de trampolín, convirtiendo dichos órganos en un verdadero circo, en tanto los partidos han dado prioridad a la disputa por los cargos, el manejo del dinero que reciben, las alianzas entre ellos, los intereses de sus dirigentes, dueños o gerentes, y para acabarla de descomponer, a cerrarle las puertas a la sociedad, sus propuestas y sus intereses.

Sirva este breve análisis para introducir dos temas que bien se podrían considerar como el inicio, el principio de una buena parte de los agravios y males que tenemos como producto de su actuación: el Congreso local, y el Cabildo, que tienen tres tareas fundamentales, legislar, fiscalizar y representar los intereses de quienes les han otorgado el mandato de su representación, de los ciudadanos todos. Para los miembros del primero, en orden de importancia, la representación es lo principal, misma que no la vemos por alguna parte; legislar es la tarea que más tiempo consume pero en esta parece que lo más importante es la cantidad y el establecimiento de bloqueos permanentes sobre aquellos asuntos que son de interés de la sociedad, impulsando y apoyando los de interés del gobierno que suelen no ser prioridad para la comunidad; y de la fiscalización mejor ni hablamos; nula, a medias en el mejor de los casos y sin efecto positivo alguno. Lo mismo aplica para el Cabildo, donde los pleitos son lo principal y donde los resultados de las tareas de sus miembros no soportan una revisión elemental de costo – beneficio.

Es la intención de esta inicial colaboración, el de abordar estos dos temas, a mi juicio, básicos para comprender y exigir funcionalidad, congruencia y beneficios sociales. Las reglas que en ellos se impulsan y aprueban, por la cantidad de las mismas, no reflejan mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Con el propósito de que este espacio sirva para impulsar el interés ciudadano de participar, me daré a la tarea de convertirlo en punto de reunión, discusión y comprensión del gobierno, de lo que lleva dentro, de la forma como usa nuestros impuestos y de los necesarios cambios de prácticas, y reglas que se ajusten al interés de la comunidad. Tarea esta, que dio origen a PC 29.

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Corrupción metropolitana

Por Patricia Vargas Bryan

En PC29 hemos construido nuestra experiencia como organismo de la sociedad civil principalmente en el municipio de Torreón y el estado de Coahuila, pero es innegable que el fenómeno de corrupción, y la necesidad de construir una ciudadanía más participativa y corresponsable, son inherentes a todos los municipios de nuestra zona metropolitana.

En este contexto, decidimos sumar esfuerzos junto a otras organizaciones sociales, empresariales y educativas para impulsar la campaña Metrópoli Laguna. En redes sociales, las cuentas de la campaña difunden información sobre temas fundamentales en los que, lamentablemente, los gobiernos municipales y estatales no han tenido la capacidad de coordinarse: transporte público, reglamentos, cuidado del ambiente, agua potable, etc.

Coordinarse para gobernar una zona metropolitana implica, invariablemente, el reconocimiento de que los otros municipios y la otra entidad, en el caso de La Laguna, son igualmente complejos e importantes. Mientras la supuesta superioridad económica de un municipio siga siendo el factor determinante para las relaciones metropolitanas, los obstáculos para diseñar y ejecutar planes comunes a todos, seguirán aumentando.

En un marco de coordinación horizontal entre autoridades municipales y estatales, se teme normalmente a la pérdida de facultades o autonomía de cada uno, para cederlas a espacios comunes en los que, seguramente, también existirán marcos regulatorios distintos.

Imaginemos que, para el diseño y construcción de una obra metropolitana (como un puente), los directores de obras públicas de dos o más municipios se vean obligados a colaborar con la misma voz y voto. En esta fantasía, podemos imaginar también que las administraciones a las que pertenecen provienen de partidos distintos, y que a su vez son distintos a los de sus gobiernos estatales. ¿En qué términos podrían desarrollarse las corruptelas tradicionales? ¿Qué acuerdos tendrían qué generarse para la contratación de proveedores? ¿Se verían obligados a funcionar como candados un director del otro, o encontrarían la manera de beneficiarse ambos?

Al participar en este proyecto de Metropolización, para PC29 es importante que se integre a esta visión el eje de gobernanza. Cualquier cambio de reglas en la dinámica metropolitana de La Laguna, deberá acompañarse de nuevos modelos de participación ciudadana sustantiva, que permitan también incidir en una reducción de los fenómenos de corrupción e impunidad.

Nunca más, en ningún ámbito de la vida política del país, debemos soltar las agendas ciudadanas. Nunca más, permitir que gobernantes y funcionarios tomen las decisiones que nos competen a todos, a puerta cerrada. La Laguna necesita coordinarse pero no desde la perspectiva del beneficio particular de un político o el interés cómplice de un empresario, sino desde la conciencia del cambio que beneficie a todas y todos los ciudadanos.

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